Las
multinacionales Monsanto, Bayer, Syngenta y Dow son algunas de las
empresas que tienen injerencia en la aprobación de los transgénicos que
esas mismas empresas impulsan. Se trata de la Conabia (Comisión Nacional
de Biotencología), donde también participan empresas “nacionales”
(Biosidus y Don Mario) y las cámaras empresarias. También figuran
“investigadores independientes”, pero con claras vinculaciones con
empresas. El Gobierno y las compañías publicitan la Conabia como un
“espacio pionero con un marco regulatorio sólido y de base científica”.
De los 47 integrantes, más de la mitad (27) pertenecen a las empresas o
tienen clara vinculación con las mismas firmas que deben evaluar.
Conflictos de intereses, y complicidades, en la aprobación de transgénicos en Argentina.
Conabia
La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia)
funciona desde 1991, depende del Ministerio de Agricultura y actúan en
tándem con la Dirección de Biotecnología (también del Ministerio).
Tienen como objetivo “garantizar la bioseguridad del agroecosistema”.
Según la propia información oficial, la Conabia “analiza y evalúa las
solicitudes presentadas para desarrollar actividades con OGM
(organismos genéticamente modificados -transgénicos-). En base a
información científico-técnica y a datos cuantitativos respecto de la
bioseguridad del OGM emite un dictamen” para la continuación o rechazo
del pedido empresario.
La Conabia reconoce que cuenta con representantes del sector público y
privado y los denomina “expertos”. La Conabia aclara en su página de
internet que “los miembros deben expresar cualquier tipo de conflicto de
interés que pudiera surgir en la evaluación de las solicitudes
presentadas. Esto es imprescindible para garantizar la transparencia e
imparcialidad de los dictámenes”.
Integrantes
Son dos hojas A4. Una lista de nombres, apellidos y pertenencia
institucional. Aunque son integrantes de un espacio oficial, la
información no provino de ninguna oficina de gobierno (que esconde los
nombres), sino del sector privado. En la lista figuran 47 personas. De
ellas depende, en gran medida, la aprobación de transgénicos en
Argentina. Y, paradoja, 27 de ellas son de las mismas empresas que
impulsan el modelo transgénico o de científicos con estrechos lazos con
las mismas empresas.
También hay 12 técnicos y funcionarios del Senasa (Servicio de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria), Inase (Instituto Nacional de
Semillas), INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Todos
espacios con frondosos antecedentes de colaboración con el sector
privado y transgénico.
Monsanto
Miguel Alvarez Arancedo es ingeniero agrónomo recibido en la UBA.
Participa en la Conabia como parte de Casafe (Cámara de Sanidad
Agropecuaria y Fertilizantes). Su lugar de trabajo real es Maipú 1210,
la oficina central de Monsanto en Argentina. Arancedo es desde 2004 el
director de Asuntos Regulatorios de la principal multinacional
transgénica del mundo y también es vicepresidente de la Asociación de
Semilleros Argentinos (ASA, espacio de articulación y lobby político de
las multinacionales y empresas locales).
En marzo de 2012, Arancedo celebró que la nueva soja de Monsanto
(Intacta RR2 Pro) comenzaría a sembrarse en breve y se refirió al
sistema de liberación del transgénico: “Tenemos la aprobación de
Conabia, así que venimos muy bien en los tiempos. Creemos que podría
llegar a estar a disposición de los productores el año que viene
(2013)”.
Arancedo no aclaró que él mismo participa en la Conabia y en el sistema de aprobación.
El Gobierno Nacional autorizó la soja ese mismo 2012.
Syngenta
Juan Kiekebusch está inscrito en Conabia como miembro de ASA. Lo cual
es cierto. Pero también es director del Comité Ejecutivo de Syngenta,
una de las mayores corporaciones del agro. En el Biotech Forum
(publicitado como el “primer foro internacional del negocio de la
biotecnología” ), Kiekebusch reclamó acelerar los tiempos de aprobación
de transgénicos: “Un avance biotecnológico que en Japón tarda un año y
medio en ser aprobado, aquí y en Europa lleva cinco años".
En el XVIII Congreso de Aapresid, el directivo de Syngenta e
integrante de Conabia reclamó “decisiones política” para un marco
regulatorio que contemple la “protección de derechos de propiedad
intelectual” para así facilitar nuevos transgénicos.
Aacrea
Juan Balbín figura en la Conabia como representante de la Asociación
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea),
espacio institucional de pequeños y medianos empresarios del agro. En
mayo de 2013 integró la comitiva oficial a China (encabezada por el ex
ministro de Agricultura y presidente de la Cámara de Diputado, Julián
Domínguez).
También formaron parte del viaje Pablo Vaquero (presidente de
Monsanto), Gastón Fernández Palma (presidente de Aapresid y
vicepresidente de Maizar -reúne a las empresas del sector-), Miguel
Calvo (titular de Acsoja -empresas de soja-) y Manuel Mihura, director
de Nuevos Negocios de la semillera Don Mario, entre otros. El motivo del
viaje fue exponer la bondades de la soja Intacta, que no contaba aún
con la aprobación en China, y al mismo tiempo convencer a los
funcionarios chinos de las (supuestas) ventajas de los eventos
transgénicos para maíz.
Por Aacrea también está Bernardo Debenedetti. La organización se
autodefine como “una asociación de empresarios agropecuarios que
trabajamos en grupo, y compartimos nuestras experiencias y conocimientos
para aumentar la rentabilidad y lograr el crecimiento económico
sustentable de nuestras empresas”. Debenedetti también integra el “Grupo
Biotecnología”, espacio que se reúne en la Bolsa de Cereales, y donde
participan Casafe, Aapresid, Ciara (exportadores), ASA, y Maizar, entre
otras. En resumen: todas las empresas del sector.
Animales transgénicos
Biosidus es una empresa de referencia en la clonación de animales o,
también llamados, “animales transgénicos”. Con más de tres décadas en el
mercado, se autodefine como “una compañía de biotecnología argentina
que ha desarrollado un negocio global en el suministro de biofármacos de
alta calidad en territorios de Asia, África, Europa del Este y América
Latina”. Señala que ha desarrollada “novedosas plataformas tecnológicas
en animales transgénicos, terapia génica y biodiversidad” y se ufana de
contar con una” sólida política de propiedad intelectual”.
Uno de sus más publicitados trabajos fue “la primera vaca clonada”,
en 2002, bautizada “Pampa”. En esa iniciativa participó Lino Barañao y
siempre fu público su trabajo y su cercanía con Biosidus (es curioso que
en su CV no aparezca su desempeño en la empresa de biotecnología).
Andrés Bercovich es bioquímico de la UBA, desde hace 23 años trabaja
en Biosidus (desde 2008 es Gerente de Investigación y Desarrollo) y
también tiene una silla en la Conabia. Bercovich estuvo a cargo del
proyecto de los clonados terneros llamados “Patagonia I, II, III y IV”,
publicitados como material genético para obtener insulina humana. La
publicidad empresaria prometía que con 2500 vacas similares se podría
abastecer de insulina a todo el mundo.
“Los argentinos somos muy abiertos a todo lo nuevo en tecnología. No
es un país miedoso” , afirmaba el científico en una entrevista publica y
daba un ejemplo: “La soja transgénica tiene una trascendencia económica
enorme para el país. Y aquí en la Argentina la mayor parte de los
cultivos son de plantas transgénicas y nadie tiene problemas en
consumirla ni cultivarlas. Hay una historia, una apertura mental. La
biotecnología trae soluciones trascendentes, como en el caso de la soja o
de los biofármacos”.
En 2010, formó parte del equipo que clonó el “primer caballo en
Latinoamérica”, llamado “Ñandubay Bicentenario”. Era de la raza
Ñandubay, utilizados para selectos deportes (polo y salto).
El ministro Barañao estuvo presente en en la rueda de prensa y, sin
que nadie pregunte, resaltó que “la clonación no presenta ningún tipo de
riesgo en la salud del animal ni para el medioambiente”.
En el caballo clonado también participó Daniel Salamone, también con
nexos con Biosidus e integrante de Conabia.
Caña transgénica y DDHH
Atilio Castagnaro es referente de la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres (INTA Tucumán). En 2011 formó parte de
un equipo de científicos del Mercosur que creó que un robot que busca
las plantas de soja más aptas para resistir la sequía. "Un gran
resultado de este proyecto es el haber sido capaces de construir un
robot o plataforma automática para la evaluación masiva de genotipos de
soja, respecto de su capacidad de tolerar el déficit hídrico o sequía",
dijo Castagnaro. Cada día, el robot recorre simultáneamente 120 macetas
con plantas de soja, determina su consumo hídrico para regarlas con la
cantidad precisa de agua, y les toma fotografías estereoscópicas para
documentar el crecimiento.
En el grupo de trabajo (y patentamiento) participaron dos empresas:
Nidera (una de las grandes multinacionales del agro) e Indear (Instituto
de Agrobiotecnología de Rosario), espacio de referencia en cuando al
impulso de los transgénicos. Indear, a su vez, pertenece a la empresa
Bioceres, donde están presentes Gustavo Grobocopatel (unos de los
mayores pooles de siembra del continente) y Víctor Trucco (presidente
honorario de Aapresid).
Castagnaro coordina el proyecto de la “Cadena Oleaginosa de Biotecsur
(BiotecSojaSur)”, un espacio promovido por el Ministerio de Ciencia
donde confluyen académicos, ámbitos estatales y, claro, empresas del
agro.
Castagnaro es un férreo impulsor de la caña de azúcar transgénica
para agrocombustibles (iniciativa muy cuestionada por movimientos
campesinos y organizaciones sociales por sus efectos sociales y
ambientales). "El objetivo con las cañas transgénicas fue hacer más
eficiente y sostenible la producción.
Dar sustentabilidad económica, social y ambiental y dar un impulso a
un cultivo que es clave para producir biocombustibles", resumió Atilio
Castagnaro en una charla del Congreso de Aapresid en 2013, en Rosario, y
propuso que el 50 por ciento de la matriz energética de Argentina sea
en base a agrocombustibles.
Precisó que existen las tradicionales regiones azucareras de Tucumán,
Salta y Jujuy, con 550 mil hectáreas de producción. "Hay un potencial
de crecimiento de área cercano a los 4,4 millones de hectáreas", aseguró
y detalló la expansión de la frontera agrícola de la caña de azúcar
transgénica sobre Misiones y norte de Santa Fe.
Le salió al cruce la organización socioambiental tucumana ProEco (de
la Red Nacional de Acción Ecologista). “Un modelo que se expande para
fumigarnos a todos”, fue el título del comunicado y señaló que la
liberación comercial de caña de azúcar transgénica implica que “el
modelo del agronegocio se reinventa una vez más” en el sector
agropecuario tucumano. Denunció los acuerdos entre la Estación
Experimental Obispo Colombres y Monsanto, rechazó el uso de agrotóxicos
en Tucumán y apuntó de lleno contra Castagnaro (que también es
presidente de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos -APDH-
de Tucumán): “Aprendió a modificar los derechos humanos genéticamente”.
La ONG se preguntó cómo “la preocupación por los derechos humanos y el
promover el aumento de ventas de agrotóxicos pueden cohabitar en un
mismo individuo”. Y le recordaron que el modelo transgénico acapara
territorios, desaloja indígenas y campesinos y desmonta. “Es una
contradicción militar por los derechos humanos y promover la fumigación
de grandes territorios provinciales”, cuestionó Roque Vicente Pondal, de
ProEco.
Junto a Castagnaro trabaja Bjorn Welin, también parte de la Conabia.
Ingenio Ledesma
Ricardo Fernández de Ullibarri figura como participante de la Conabia
por la Chacra Experimental Agrícola Santa Rosa (Salta). La Chacra es el
“instituto de investigación” del Ingenio Ledesma e integra también la
ASA (Asociación Semilleros Argentinos, donde están todas las grandes
empresas internacionales). “El objetivo principal (de la Chacra) es
crear variedades que mejoren la productividad, competitividad y
rentabilidad de los ingenios del norte argentino”, remarca la
presentación de la empresa.
Fernández de Ullibarri es un impulsor de los organismos genéticamente
modificados. “Ya tenemos nuestras propias cañas transgénicas, pero aún
no las sacamos comercialmente. En todo el mundo se está trabajando sobre
eso, pero nadie aún se animó a cultivarlas comercialmente por los
prejuicios que hay. Lo más lento es toda la burocracia relacionada a las
normas de bioseguridad y legales, no la investigación en sí", se quejó
Ullívarri en 2007 .
Y tomó postura sobre los que critican a los OGM: “Hay que trabajar
con empresas y consumidores en lo que es imagen, porque hay muchos
prejuicios sobre los transgénicos entre la gente".
Cuadro de Monsanto
Hugo Permingeat figura en Conabia como “Investigador Científico de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario”.
Hugo Permingeat, como secretario general de la Facultad y junto a la
decana (Liliana Ramírez), justificó abiertamente la incidencia privada
en la universidad pública: “Monsanto forma sus cuadros aquí. Son
ingenieros agrónomos a los que les brinda la capacitación de posgrado y
Monsanto valora esa capacitación que brindamos” .
Fue la forma de justificar que Monsanto, Pioneer y Syngenta hayan
“donado” un laboratorio de biotecnología en la Facultad y equipamiento
por 300 mil dólares. “Antes no teníamos nada, así que en verdad es
nuestro orgullo. Cuando golpeamos la puerta (de Monsanto) para que nos
ayuden, no tienen miramientos y nos ayudan a hacer cosas como el
laboratorio".
Permingeat, como parte de Conabia, debe autorizar o rechazar pedidos de Monsanto.
¿Ecologista?
Diego Ferraro es ingeniero agrónomo e integra la Conabia como
representante de la Asociación Argentina de Ecología (AAE). Curioso es
que nadie dentro del mundo socioambiental, asambleas, ONG y académicos
conozca a la AAE.
La dirección postal de la Asociación de Ecología es San Martín 4453.
Es la misma dirección de la Facultad de Agronomía de la UBA y, también,
la dirección del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas
(Ifeva), un espacio de estudio con explícita vinculación a las empresas
del agro y ferviente defensor del modelo de agronegocios.
El director del Ifeva es Claudio Ghersa, un reconocido impulsor de
los transgénicos y con publicaciones científicas junto a Monsanto.
Diego Ferraro trabaja en el Ifeva junto a Ghersa, y tienen media decena de publicaciones científicas en coautoría.
Ante el avance de las malezas resistentes a agroquímicos (uno de los
grandes problemas irresueltos del agronegocios), en febrero de 2014 se
relanzó la Asociación Argentina de la Ciencia de las Malezas (Asacim).
Entre otros, la integran Ghersa y Ferraro. Y también participan las
empresas. Entre otras: Aacrea y Aapresid.
ILSI, Monsanto, Bayer...
María Fernanda Foresto figura como integrante de la Conabia como
referente por la Chacra Experimental Agrícola Santa Rosa (del Ingenio
Ledesma). Pero hay otro conflicto de intereses. Foresto integra el
Comité de Biotecnología de ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de
la Vida), uno de los grandes centros internacionales de lobby científico
en favor de los transgénicos. El ILSI está auspiciado y financiado por
Monsanto, Dow Agrosciences, Bayer y Syngenta.
INTA
Dalia Marcela Lewi es parte del Instituto de Genética del INTA y
forma parte de la Conabia. En el libro “Biotecnología y mejoramiento
vegetal II”, Capítulo X, escribe un texto académico titulado
“Aplicaciones de la biotecnología en el control de insectos”. Remarca
los beneficios de los transgénicos en el control biológico, reducción de
plaguicidas, aumento del rendimiento y, como si fuera poco, también
remarca el menor uso de agua.
Lewi firma el artículo en coautoría con Clara Rubinstein, de Monsanto Argentina.
También investigó, junto a la empresa Bioceres (otras de las
referentes del agronegocios), la resistencia del maíz transgénico al
frío y a la salinidad.
Lewi también forma parte del Comité de Biotecnología de ILSI, junto a
investigadores de Monsanto, Syngenta, Bayer y Dow Agrosciences.
Escribió un breve artículo en el periódico de la Sociedad Argentina
de Apicultores (una de las producciones más afectadas por las
fumigaciones). Lewi intentó llevar tranquilidad a los apicultores
perjudicados: “Los cultivos genéticamente modificados producen alimentos
seguros para el consumo humano y animal. Se han estudiado
cuidadosamente y cumplen con las normas de seguridad ambiental y
alimentaria. Toda la evaluación está basada estrictamente en criterios
científicos. Vale la pena destacar que no existen peligros de toxicidad o
alergenicidad”.
Dalia Ewi firmó el artículo como “miembro de Conabia”. Omitió sus vinculaciones con las empresas transgénicas.
Popurrí
Teresita Martín figura como parte de Conabia en representación del
Foro Argentino de Bioteconología. No específica que es referente de la
empresa DuPont Pioneer. En Conabia también participan (y deciden) Luis
Negruchi (Aapresid) y Alejandro Petek (Aapresid).
Guillermo Mentruyt firma como integrante de ASA (Semilleros), no
aclara que es gerente de Asuntos Regulatorios de Dow AgroSciences
En julio de 2012, Dow AgroSciences anunció “la inminente
comercialización” de los primeros híbridos de maíz con hasta cinco
características “modificadas a través de la biotecnología”. Mentruyt
Explicó que los maíces ya había pasado “todas las evaluaciones
pertinentes relacionadas con la bioseguridad para el agroecosistema (a
cargo de la Conabia)”.
Omitió que la misma Syngenta integra la Comisión.
Lucas Lieber es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad de Rosario. Su CV detalla su trabajo en Indear y Bioceres.
También está presente en Conabia.
La bióloga Magdalena Sosa Beláustegui aparece como parte de Casafe.
También es, desde 2004, parte de la multinacional Bayer. En su CV
resalta que en 2013 recibió el “Premio Bayer a la Innovación en Asuntos
Regulatorios”.
Fernando Bravo Almonacid (Conicet) es investigador “independiente del
Conicet en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y
Biología Molecular (Ingebi-UBA) y trabaja en la mejora genética de la
papa. Luego de seis años de trabajo, en 2013 logró una nueva variedad,
que sería más resistente a los virus del campo. Todo lo referido a la
aprobación en Conabia quedó a cargo dela empresa Tecnoplant (del Grupo
Sidus). Almonacid también forma parte de Conabia.
Cómo “observadores” de la Conabia figuran dos integrantes de la
Cámara Argentina de Biotecnología). Gerónimo Watson (desde hace nueve
años con el cargo de “líder en desarrollo” de la empresa Indear) y Mirta
Antongiovanni (gerente de Asuntos Regulatorios de la semillera Don
Mario).
UBA S.A.
Eduardo Pagano es agrónomo, doctor en ciencias biológicas y fue,
hasta marzo pasado, vicedecano de la Facultad de Agronomía de la UBA.
También integra la Conabia y es profesor a cargo de la Cátedra de
Bioquímica de Agronomía de la UBA. Desde esa cátedra, trabaja junto a la
semillera Don Mario (una de las grandes empresas argentinas del sector)
en cultivos de trigo y soja. "Elegimos vincularnos con Don Mario porque
es una empresa nacional que apuesta a la formación de recursos humanos
y porque esta relación nos ofrece una posibilidad concreta de trasferir
el conocimiento que generamos y de llegar con nuestras investigaciones
al medio productivo", afirmó Eduardo Pagano .
El director de Investigación de Don Mario, Marcos Quiroga, también
celebró el trabajo conjunto: "Generamos tecnologías que sirven para dar
soluciones concretas a problemas muy importantes para el cultivo de soja
en la Argentina, Estados Unidos y Brasil", ejemplificó.
Pagano fue más allá y celebró que estudiantes de la UBA hagan sus
tesis en la empresa Don Mario: "En nuestra cátedra participan
estudiantes que recién comienzan a cursar, así como otros que están
haciendo su trabajo de intensificación para finalizar la carrera, o
realizan maestrías, doctorados y posdoctorados. El hecho de que haya
investigadores instalados en una empresa haciendo su posgrado es
novedoso en el sistema científico argentino".
Pagano nunca expresó conflictos de intereses para aprobar transgénicos en Conabia.
Denuncias y relatos
Desde la aprobación de la soja RR con uso de glifosato en 1996, el
accionar de la Conabia siempre fue blanco de denuncias por
organizaciones sociales y científicos no vinculados al sector privado.
Desde los Gobiernos siempre relativizaron la incidencia empresaria pero
también siempre ocultaron la nomina de integrantes y nunca precisaron la
forma de funcionamiento de la Comisión. Mucho menos hacen públicas las
actas y la forma de aprobar los pedidos empresarios.
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció en
2013 ante la Justicia Federal la forma “irregular” en la que fue
aprobada la semilla de soja “Intacta RR2” de la empresa Monsanto (en
2012). Cuestionó la inexistencia de consulta pública (como establece la
ley argentina), la carencia del debido estudio de impacto ambiental y la
omisión de frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos
en salud y ambiente de los transgénicos.
El Celma accedió al expediente administrativo de aprobación de la
soja de Monsanto, denunció que la semilla aprobada “no posee una debida
declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia y explicó que
la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Estado no
realizó ningún estudio. Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol
de la Conabia y del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria ). “Se basan sólo y exclusivamente en los estudios
realizados por la propia firma solicitante, Monsanto. No existe ninguna
observación ni pregunta sobre los trabajos presentados por la empresa”,
afirmó el abogado y mostró la foja 37, documento de decisión con el que
la Conabia aprobó la nueva soja. Se visualizan once garabatos-firmas,
sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. “Pudo ser cualquiera.
Es insólito la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que
abarcará millones de hectáreas”, cuestionó el abogado.
La Conabia aprobó más de 30 eventos transgénicos (maíz, soja y
algodón), pero se niega a hacer públicos los expedientes de aprobación.
El Periódico de CTA llamó al secretario ejecutivo de la Conabia y
director de Biotecnología del Ministerio de Agricultura, Martín Lema.
Pero éste no devolvió los llamados.
En 31 de octubre pasado, el Ministerio de Agricultura envío una
gacetilla elocuente, titulada “el trabajo de la biotecnología Argentina
fue reconocido por la FAO ( Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura). Celebraba que la Conabia había sido
seleccionada como “centro de referencia” de la FAO para la
“bioseguridad” de transgénicos. La Conabia pasará a “prestar
asesoramiento técnico y científico” a la FAO.
El comunicado del Ministerio de Agricultura se autoelogiaba.
“Reafirma a nuestro país como uno de los principales líderes a nivel
mundial en biotecnología” y definió a la Conabia como “un espacio
pionero a nivel mundial en materia de aprobación de OGM, que prioriza la
seguridad para el agroecosistema y la inocuidad para el consumo humano y
animal”.
Este artículo fue publicado en el Periódico de la CTA Nº 107, correspondiente a los meses de noviembre-diciembre 2014
Por Darío Aranda
