viernes, 18 de marzo de 2016

Pedido desesperado por la agro-intoxicación en Bandera

BANDERA(SE), 14 de Marzo de 2016



AL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Dr. David Beltrán
Independencia 258
(4200) Pcia. Sgo. del Estero



As.:  AGROTÓXICOS EN ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BANDERA-3064
Ref: DENUNCIA ANTE EL H.C.D. DE FECHA 03/03/2016


De mi consideración:
Soy poblador de Bandera, tengo 69 años y trato de no vincular mi lucha a políticas  partidarias; lo que sé, digo y firmo es producto de dolorosas experiencias en este pueblo que nací y mi participación en Congresos Ambientalistas de distintas provincias.
Intento poner en su conocimiento, no solo el último reclamo al HCD local, que adjunto, sino la real situación de indefensión socio sanitaria que registra esta ciudad (y departamento) desde hace más de 20 (VEINTE) años. Arriesgo a anticipar la presente porque sé que la Comisión de Salud del C.D. tomará 30 días para emitir Dictamen y todo cuanto otro recurso le asista para dilatar lo que hasta ahora no fue capaz de resolver. Ojalá en esta oportunidad me equivoque y me lo reprochen.
La presente se suma a decenas de denuncias y advertencias que canalicé INÚTILMENTE a través de su antecesor Dr. Marín DIAZ ACHAVAL, siempre por TE o Imail por razones de distancia. Incluso algunas obligaron su visita a esta ciudad, con muchas expectativas pero ningún resultado. No estoy haciendo un racconto valorativo sino estrictamente descriptivo para justificar este nuevo intento, ya que persiste el aislamiento (en muchos sentidos) del interior respecto a nuestra ciudad capital.
Yo necesito saber que usted sabe que, mientras el problema de Agrotóxicos en Urbe crecía exponencialmente por acción u omisión (según las partes), y la tasa de cronicidad y muerte por cáncer se triplicaban respecto a la Media Nacional, nuestro H.C.D. cerró sus puertas durante los 4 (CUATRO) últimos  años por decisión unilateral del administrador de turno. Así tuteló necesidades nuestra autocracia vernácula.
Llegamos, por fin, a un nuevo mandato, pero hay una circunstancia que cambia el escenario: Hoy tengo cáncer. Ya no soy un ciudadano denunciando que la agricultura transgénica enferma y mata, soy el resultado.
Aunque gran parte del daño a naturaleza y personas es irreversible, lo “que viene”, en materia de agricultura transgénica, es peor en grado de inaceptable.
Se abre una nueva “discusión” y, si algo he aprendido, es que no hay diálogo posible entre los que defienden “su negocio” desde la ilicitud y blindados de impunidad, con los que desde la Constitución Nacional reclamamos por el DERECHO A LA SALUD (art. 41° y 42°). Y lo hacemos sabiendo que, aunque esa misma C.N. obligue a recomponer los daños ocasionados a la tierra, agua y ambiente, eso no es posible en el término de una vida humana. Entonces, no busquemos más el remedio en diálogos hipócritas sino en el imperio de la Ley. Una frase similar está en un recorte de El Liberal y corresponde al Fiscal General del NOA, Dr. Antonio Gustavo Gomez: “el que contamina, tiene que ir preso”. ¡Miren doctores que lejos estamos!
No quisiera extenderme más, pero también necesito saber que usted lo sabe: en Bandera estamos padeciendo dos delitos del agro que rara vez se dan juntos: DAÑO AMBIENTAL Y DAÑO SANITARIO.
¿Qué quiero decir?
Que en nuestra zona no existió un proceso natural de EXTINCIÓN DE ESPECIES POR RAZONES EVOLUTIVAS, sino que LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA LAS EXTERMINÓ EN SOLO 15 AÑOS. Las técnicas mediáticas de desinformación de las Corporaciones hicieron el resto: que confundiéramos EXTINCIÓN con EXTERMINO. No son sinónimos, doctor. Los dos son procesos irreversibles, pero solo en uno de ellos el hombre es responsable. Hoy, el exterminio llama a nuestra puerta, como especie, y no estamos haciendo nada para evitarlo.
Ruego a Ud., aunque injustamente, asuma la deuda dejada por sus antecesores e interceda mediando en la materialización de los siguientes temas para, de una vez por todas, separar verdad de mentida e iniciar el largo camino de la recomposición:
  1. Que nuestro HCD provea herramientas para que en Bandera se realicen Análisis Toxicológicos Específicos sobre presencia de Agrotóxicos en Sangre y Orina practicados por la UNR (como se hizo en Ituzaingó Anexo, Monte Maíz, entre otros municipios de Bs.As., Sta. Fe y Córdoba) a fin de relacionar científicamente el aumento exponencial de cáncer y otras patologías crónicas con los venenos del Agro. Sé cómo hacerlo, tengo los contactos, solo falta decisión política.

  1. Que a fin de evacuar dudas con responsabilidad e “informar al pueblo”, nuestro Deliberante convoque al Presidente de la ONG Médicos de Pueblos Fumigados de la UNC, y al Presidente de CE.PRO.NAT (Santa Fe), profesionales serios, independientes y absolutamente capacitados en el tema. Sé cómo hacerlo, mantengo contacto con ellos, solo falta decisión política.

  1. Que urge la creación de una FISCALIA DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL CON PROTOCOLO DE DENUNCIA CIUDADANA que se ocupe del delito agrario y de  formalizar denuncias sobre arbitrariedad e ineptitud de los Agentes de Control. Es lo que los Pueblos Fumigados esperamos de la política: que no se desvíe de la Ley.

Si existe alguna posibilidad y Ud. lo cree conveniente, me otorgue audiencia para en forma personal pormenorizar lo que es imposible por escrito, ya que estoy hablando de más de 10 años de indiferencia y fracasos. Aunque un nuevo viaje a ésa implique gastos para los que no estoy preparado, seguro me va a ayudar la costumbre.

Saludo a Ud. cordialmente.

Victor KRIEGER FABBRONI
DNI 7995395

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ES COPIA
BANDERA(SE), 03 de Marzo de 2016


AL
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BANDERA
Sra. Nelda MENENDEZ
CIUDAD DE BANDERA
SANTIAGO DEL ESTERO
S………………………………..…………….//……………………………..…..…………….D



As.:   AGROTÓXICOS EN ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BANDERA

Señora Presidente:
La mayoría de las faltas graves a la Ley Provincial de Agrotóxicos N°6312 no responden exclusivamente a conductas anárquicas de agricultores por falta de control oficial. Hay algo más, algo que desde la impunidad modifica conductas y cambia reglas legales bajo presión: ES EL ACCIONAR CORPORATIVO DEL POOL SOJERO a quien poco importan las Instituciones y el pueblo de Bandera.
Consecuentemente, no sorprendería que algún miembro de este H.C.D. resulte inhabilitado para legislar en este tema por ser parte de lo que se pretende corregir. Es inaceptable que el INTERÉS PARTICULAR, hoy como ayer activamente representado en esta legislatura, continúe subordinando en calidad de inferior al BIENESTAR GENERAL consagrado y tutelado por la Constitución Nacional.
Por otra parte, resulta inevitable el carácter imperativo de la presente después de denunciar lo mismo durante más de 10 años, advirtiendo: “La Ley puesta en esas manos es una víctima más, es letra muerta”.
Contrariamente a la interpretación de “algunos”, no es casual que yo asuma esta responsabilidad en solitario y durante tantos años. La falta de participación obedece a tres patologías urbanas que son partes del mal que somete la dignidad de los Pueblos Fumigados: miedo a; dependencia de; parte activa en. En todas ellas, la Corporación Sojera y ustedes tienen algún grado de responsabilidad.
¿Qué vengo a decir?:
Que por más que lo nieguen, el veneno es “piedra basal en la INEFICIENTE Agricultura Transgénica” y mantiene vigente “su vigor” por imposición de los que aplastan el derecho a la información. La realidad es que el veneno sojero llegó a mi casa, como a la tantos otros desde distancias significativamente mayores de las supuestas, vulneró mi resiliencia y se convirtió en cáncer que debió ser operado rápidamente. Será peor si no logro recursos para irme de Bandera porque, señora Presidente: no se curan los efectos del veneno, con más veneno.
Lo que antecede avala mis dichos y torna obsoleta de origen las actuales Ordenanzas Municipales (si las hubiere) por su ineficacia, desobediencia y por estar viciadas de falacias y mala intención. En Bandera sigue reinando ilegalidad y clandestinidad en el asperjado de sustancias agrotóxicas que penetran libremente el ejido municipal lesionando naturaleza, bienes y personas. No hay otra verdad que esa indignidad.
Cómo protegerme de estas arbitrariedades y abusos del poder cuando “el sistema” me obliga a depositar mi reclamo en manos de aquél que es causa, por acción u omisión. Cuando son los jefes de sus jefes los que imparten órdenes criminales que nos enferman y matan, mismas que los burócratas ejecutan obedientemente, aún contra sus propios hijos, ignorando que estas acciones de gobierno contrarias a la Ley carecen de legitimidad.
Repito: los agricultores corporativizados deben limitarse a respetar la Ley, no las exigencias lobbistas de gobernantes que, en algunos casos, parecieran herramientas defectuosas de la democracia.
Por tal, no veo otra alternativa que ratificar anteriores denuncias esperando que la Ley vuelva a regir las Instituciones y proteja a sus destinatarios:

  • … que los agricultores “siguen conduciéndose” con  anomia y en clandestinidad;
  • … que usted y ellos saben que clandestinidad es ilegalidad, impunidad y corrupción;
  • … que estas inconductas son punibles y están debidamente tipificadas por la Constitución Nacional; Ley NGA N° 25.675; Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24051; Ley Provincial sobre Agroquímicos N° 6.312 y Código Penal;
  • …que la Corporación persiste en llamar a los pesticidas "Productos Fitosanitarios" cuando dentro de la actividad agrobiotecnológica se comportan como Biocidas”;
  • … que la “Agricultura Transgénica” es incongruente con el Principio de Precaución y el Convenio de Diversidad Biológica;
  • … que no se respeta el Tratamiento Especial de Envases de Agrotóxicos regulado por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24051, enmarcada en el Convenio Internacional de Basilea, al cual adherimos;
  • … que el Papa Francisco le ha dedicado su Encíclica Laudato Sí, documento que ataca frontalmente a la agricultura transgénica y se atreve a llamar a los venenos de la soja por su nombre: “AGROTÓXICOS”;
  • … que la Comunidad Internacional asigna a esos actos contra la biosfera (mi/su casa) el grado de Delitos de Lesa Humanidad;
  • … que la principal corporación transgénica, MONSANTO, será llevada el  próximo 16 de Oct. a comparecer ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya acusado por DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

Teniendo en cuenta que nada alcanza para que las autoridades de Bandera reformulen de oficio su Política Ambiental, y:

VISTO: La creciente desaparición por exterminio del arbolado público y domiciliario por Acronecrosis Regresiva y Degeneración Foliar; el virtual exterminio en zona urbana y Ejido Municipal de aves, abejas, coleópteros, lepidópteros (como la Mariposa Monarca) y especies soterradas; Que los AGROTÓXICOS una vez liberados SON HUMANAMENTE IMPOSIBLES DE CONTROLAR, CONTENER Y HASTA CUANTIFICAR por su uso clandestino y porque las variables cualitativas y sinérgicas potencian su letalidad hasta límites desconocidos; que el veneno que penetra nuestras casas es tan potente como a metros del aspersor y que la cercanía de los aviones fumigadores hace que parecieran estar carreteando en nuestros patios (hasta de noche); que los otrora agricultores (hoy terratenientes) huyeron de las chacras confirmando con “sus miedos” el EVIDENTE perjuicio y descontrol del Agro sobre gente, agua, aire y tierra de Bandera…

REQUIERO:
  1. El cese inmediato de fumigaciones en zona de Interface Agro Urbe.
  2. Provean herramientas sanitarias para determinar, mediante análisis químicos específicos, el grado de intoxicación domiciliaria por agrotóxicos en mi persona y, solidariamente, de todo el pueblo de Bandera por zonificación y grupos etarios;
  3. Se ponga a derecho personas y empresas agrícolas subsidiarias con “real” cumplimiento de Registros de Aspersores, Recetas Agronómicas, distancias mínimas y demás limitaciones legales que hoy se omiten en su totalidad.
  4. Con Ley en mano” proceda para que quienes reincidan en prácticas clandestinas e ilegales “comparezcan ante la justicia”.
  5. Que así como tenemos un TRIBUNAL DE FALTAS para recaudar multas, urge la creación de una FISCALIA DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL CON PROTOCOLO DE DENUNCIA CIUDADANA que se ocupe de materializar denuncias sobre desobediencia a la Ley 6312, arbitrariedad e ineptitud de los Agentes de Control.

Dejo constancia que me involucro nuevamente porque la situación epidemiológica de nuestra ciudad ha transpuesto el ámbito local para convertirse en tema de debate en Congresos Académicos y Ambientalistas. Éstos hacen especial hincapié que en Bandera se han anulado todos los sistemas de Control Constitucional vigentes y que cualquier intento oficial por corregirlo (si es que lo hubo) no ha  dado ningún resultado.
Por otra parte, la sospechosa falta de Estadísticas Epidemiológicas de Incidencia sobre Agrotóxicos “me oculta” alarmantes cifras de morbi/mortalidad por Cáncer, que estimo, superan ampliamente la media nacional. El hecho de que la Salud Pública de Bandera “me niegue esta información” (Ver Informe de la Comisión Nacional de Agrotóxicos), hace que tenga que basarme en estadísticas exógenas y que los intoxicados enfrentemos el “difícil camino de la cronicidad” sin ningún reconocimiento institucional. Como en muchos otros casos “que conozco”, llega la muerte sin poder determinar su origen.
Quiero también rebatir y condenar un falso argumento epítome de avaricia deshumanizada: “que el control ambiental sobre Interface afectará predios sojeros y que esto lesionará la actividad comercial de la zona”. Usted sabe, tan bien como yo, que tal argumento es falso y capcioso por su insignificancia y porque, además, esta pequeña porción de tierras no pueden ser puestas en la misma balanza que MI DERECHO A LA SALUD (Art 41° Y 43° C.N.)

Por último:

Cualquiera sea el Área Buffer (de resguardo sin transgénicos ni agrotóxicos) que ese HCD considere por su orden, deberá aplicarse a partir del metro final del *ejido municipal, ¡no de las actuales viviendas! Caso contrario, “el pueblo no podrá crecer” y su dinámica, muy superior al de la burocracia, será trampa consabida que lo dejará permanentemente expuesto al veneno agrario.

Por la gravedad institucional de lo que someramente reseño; por ser de carácter público/colectivo, de Incidencia y Tercera Generación que surgen de la acción tutelar del Principio Precautorio, Principio de Inmediatez y Congruencia contemplados en la Constitución Nacional y Normas del Derecho Penal Ambiental; más tres denuncias que he practicado ante UFIMAS y COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE AGROTÓXICOS (agotando el Recurso de Reclamo Administrativo); por antecedentes y jurisprudencia del Caso  "Gimenez Alicia Fanny otros" (Expediente original Nº 22339/2014) hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; porque lo que usted resuelva será puesto en conocimiento, como evaluadores primarios y por tratarse de  Instrumentos Públicos, de Organizaciones Nacionales e Internacionales de Protección al Medio Ambiente, U.F.I.M.A.S., COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE AGROTÓXICOS; Fiscalía General del N.O.A.; Defensoría del Pueblo provincial y nacional; Médicos de Pueblos Fumigados; Médicos por el Mundo, CE.PRO.NAT, U.N.R, U.N.C, U.N.S.E. Y U.C.S.E, A.A.A.A. Capital y ONGs ambientalistas.
Concluyo mi requerimiento: No es porque uno lo pida u otro lo otorgue: es porque corresponde para garantizar nuestra supervivencia y evitar que codicia, descontrol e impunidad del Agro Transgénico sacrifiquen más vidas inocentes.
Sin otro particular, le saludo cordialmente.


……………………………………………………
                                                                                                      Víctor KRIEGER FABBRONI
                                                                                                                  DNI 7995395


Pd:
No hay sello del HCD, ni N° de ingreso por Mesa de Entrada.
Hay una firma de acuse de recibo a cargo de Anita LEIVA - Secretaria - y una fecha: 3/3/2016.
Es todo lo que pude obtener en carácter de fehaciente porque, como el Recinto está permanentemente cerrado, hube de buscar a la Secretaria quien me atendió gentilmente en su domicilio.



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ES COPIA

BANDERA(SE)  15  De Marzo de 2013


AL
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BANDERA
Sr. Nelda MENENDEZ
BANDERA
SANTIAGO DEL ESTERO

As.  : PROYECTO DE COMUNICACIÓN- Agrotóxicos en zona Urbana de Bandera
Ref.: Requerimientos a este HCD del Sr. Victor KRIEGER de fecha 03/03/2016


Señora Presidente:
En mi opinión, el Requerimiento aludido reviste calidad de extrema importancia y consecuente urgencia. Se trata de una advertencia suficientemente fundada sobre la agresión permanente a la salud de nuestra población ocasionada por la Actividad Agrícola Transgénica contigua a Zona Urbanizada, hecho que es público, notorio e insoluble.
Sra. Presidente: pido que conste en Actas que:
  1. Lo expresado por el Sr. KRIEGER, en contraste con mis escasos conocimientos sobre tan difícil tema, hacen que deba remitirme forzosamente a lo expresado por el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí, donde llama a los químicos agrarios de la misma forma que lo hace  KRIEGER: “agrotóxicos”, esto es “VENENOS”. No es este Concejal quien califica, sino una de las personas mejor informadas del planeta. Si alguno en este Recinto se cree con autoridad moral e intelectual para cuestionar sus fundamentos, solo podría entenderlo desde la mala intención y ocultamiento.
  2. Ante lo expresado por el Sr. KRIEGER respecto a que MONSANTO, mayor Corporación de transgénicos en el Mundo y responsable de nuestra tragedia, sea obligado a comparecer en el Tribunal Penal Internacional de La Haya acusado de CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD y que ese máximo Tribunal Internacional acepte el caso por tener semiplena prueba de las acusaciones, cualquier descalificación en este Recinto hacia ese Tribunal solo podría entenderlo desde la mala intención y falsedad.
Dicho esto, me llama mucho la atención la displicencia y retraso del Pleno de este Cuerpo respecto al tratamiento en Comisión y correspondiente Dictamen para el cual, desde ya y atento a su gravedad, solicito:
  • Disponga usted se constituyan en Comisión la totalidad de los Miembros del Cuerpo (Art 77° y 78°). Este es un tema que transverzaliza las Comisiones y nadie puede tener la soberbia de abstenerse de Legislar sobre el presente y futuro de nuestros hijos y nietos. Es el límite, aún en la irresponsabilidad.
  • Si a mi pesar e inexplicablemente se impusiera otro criterio, no tengo otra alternativa que solicitar MOSIÓN DE PREFERENCIA (Art 67°) y requerir se trate el asunto sin Despacho a Comisión.
Antes que la tragedia de la contaminación agrotóxica que sufre Bandera llegue a Judicializarse por nuestra inacción, quisiera advertirle, respetuosamente, sobre el seguro resultado de futuros debates, y lo quiero hacer de la forma más directa y cruda posible, no para ofender, sino evitar el trago amargo de la hipocresía semántica y costosas pérdidas de tiempo:
  • “No hay diálogo posible entre los que defienden “su negocio”, con los que queremos garantizar el DERECHO A LA SALUD (Art. 41° y 43° de la CN).” Lo digo, especialmente, por algunas INCOMPATIBILIDADES DE FUNCIONES instaladas en la estructura interna de la nómina de  nuestro Deliberante  -LEY 25.188 – CAP I, Art. 1°, CAPÍTULO II, Art 2° Inc. a),d), e) y f) de las que la señora Presidente deberá tomar debida nota.
Para evitar discusiones estériles y excederme en el enunciado de leyes y más leyes que deberán evaluar los juristas, quisiera referirme únicamente a los DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA, PRINCIPIO PRECAUTORIO UNIDO AL PRINCIPIO DE INMEDIATÉS E INCONGRUENCIA DE CODIGO PENAL AMBIENTAL. Con eso me bastaría y sobraría para fundar la importancia/urgencia en el tratamiento del tema en cuestión, si no fuera porque, además, en DERECHO PENAL AMBIENTAL SE INVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA. No es este Concejal quien debe probar nada, solo ser fiel a su condición de Representante Legislativo del Pueblo al canalizar la denuncia de un ciudadano y exigir que LOS RESPONSABLES sean puestos a derecho si corresponde.
Está claro, Señora Presidente, que me considero plenamente asistido por la CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para institucionalizar mis fundamentos porque, afortunadamente, se leer. Mire usted, es todo lo que se necesita.
Por último quiero expresarle, señora Presidente, que comparto y apoyo por lo menos dos de las iniciativas que propone el Sr. KRIEGER. Lo hago porque sin duda proceden y porque es algo que la SALUD PÚBLICA ha omitido en perjuicio del DERECHO A LA SALUD de nuestro pueblo:
  1. Decisión Política para materializar los Análisis de Sangre y Orina  Específicos sobre Agrotóxicos en toda la población, por zonificación y grupos etarios.
  2. Decisión Política para recibir asesoramiento en forma directa de Profesionales idóneos e Independientes de la Universidad Nacional de Córdoba y Rosario, no solo para conocimiento de este HCD sino para quienes más lo necesitan y merecen: los ciudadanos. No podemos iniciar ninguna discusión coherente sin contar, antes, con conclusiones y precedentes fundados y suficientes para Legislar.  
Señora Presidente: por último solicito que el voto a esta iniciativa se haga en forma NOMINAL porque es necesario saber quiénes son, si los hubiera, los que se oponen a que la verdad se haga pública y, más que nada, sus motivos.
Atentamente.


  Firma del Concejal RODRIGUEZ – 15-03-2016

martes, 1 de marzo de 2016

Santiago del Estero es el lugar con mayor deforestación en el mundo


Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article5785

Reconocieron oficialmente el desmonte de más de un millón de hectáreas de bosque nativo

La Secretaría de Ambiente de la Nación reveló en un informe la pérdida de más de un millón de hectáreas en los casi cuatro años de su estudio, comprendidos desde la sanción de la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos a finales de 2007, los respectivos Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de cada provincia y el año 2011.Por Red Eco Alternativo, integrante de la RNMA

(Luis Gauna- Red Eco ) Argentina - Pese la legislación pertinente al cuidado y preservación de los Bosques Nativos en territorio argentino y a las múltiples denuncias realizadas por organizaciones campesinas, pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales como así también ambientalistas, el informe “Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina” con fecha de Junio de 2012 , elaborado en la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) de la Dirección de Bosques de la Nación, advierte el crecimiento paulatino de los desmontes ilegales en el territorio nacional, con preponderancia en el Parque Chaqueño y la Selva Tucumano Boliviana.
De acuerdo a lo expuesto en el documento, las provincias donde más se avanzó con la deforestación son líderadas por Santiago del Estero con 453.551 hectáreas desmontadas, Salta con 236.246, Formosa con 129 mil y Chaco con 110 mil. En menor medida, pero importante con respecto al porcentaje desmontado, en San Luis se desmontaron 37 mil hectáreas, en Misiones 21 mil y en Tucumán 18 mil.
Los desmontes en zonas de categoría I “Roja”, las cuales requieren máxima protección, ya que corresponden a lugares con mayor cantidad de formaciones vegetales nativas y con función ecosistémica en su entorno, son liderados por las provincia de Salta y Santiago del Estero. En el período de casi 4 años que contempla el informe, en Salta se desmontaron 8080 hectáreas y 6719 hectáreas en territorio santiagueño. Los siguen Formosa con 898 hectáreas, San Luis con 298 y Jujuy con 201.
Las zonas de categoría II “amarilla”, aquellas susceptibles de un aprovechamiento sostenible y sustentable, son las que más han sufrido: con un total casi de 260 mil hectáreas desmontadas, Santiago del Estero figura con 195.001 hectáreas arrasadas, Salta con 31.749 y Chaco con 21.749, entre los tres primeros y que concentran casi la totalidad de las hectáreas pérdidas.
Este último dato avala un flaco cuidado hacia la flora nativa si tenemos en cuenta que en contraposición las tierras aptas para desmonte de la categoría III “Verde” (siempre y cuando se presenten los permisos y acuerdos correspondientes), éstas presentan cerca de 75 mil hectáreas menos desmontadas.
De las provincias más afectadas por los desmontes en el período analizado, Salta y Santiago del Estero exponen las fallas y violaciones a las prohibiciones que estipulaban el cese de los desmontes luego de la sanción de la Ley de Bosques, hasta que cada provincia conformara su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): 
- En Santiago del Estero se desmontaron 169 mil hectáreas del Parque Chaqueño entre 2007 y la conformación del OTBN en 2009. 
- En Salta se desmontaron 109 mil hectáreas de Parque Chaqueño y 5 mil de la Selva Tucumano Boliviana hasta la conformación del OTBN a finales de 2008.
Del informe, se deduce que la superficie forestal que más se ha visto atacada ha sido la santiagueña llegando al 2,3% de terreno desmontado, seguido por Salta con 1,3% de terreno deforestado ,Córdoba con el 1,15%, Fórmosa con el 1,04% y el caso particular de San Luis, que muestra un porcentaje de 1,5% de tierras desmontadas, pero con una superficie de bosques mucho menor que el resto.
Avanzando con el modelo de sojización , agroindustrial y agrotóxico
El informe oficial es claro: “En las provincias analizadas los procesos de pérdida de superficie de bosque nativo fueron causados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Las imágenes satelitales ponen de manifiesto la existencia de nuevos cultivos, que en varias oportunidades corresponden a soja”.
La frontera agropecuaria avanza sobre los bosques, amparándose en el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) que es llevado adelante por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales con sus respectivos Programas y aplicaciones , contrastando “soberanía alimentaria” por sobre un modelo desigual a base de agrotóxico, desperdicio de recursos hídricos y de suelo, inversión predominantemente extranjera y beneficioso sólo a las grandes empresas y latifundistas, tal como lo denunciara en abril del año pasado el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
De los 32 millones de hectáreas cultivadas, el horizonte del PEA se vislumbra hacia los 41 millones y en la fase de desmonte de los bosques nativos, los pueblos originarios y el campesinado son actores improvistos para las avanzadas del empresariado del agro.
Un ejemplo notorio de ello es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE-Vía Campesina), quien hace frente a los empresarios del agro, que en sintonía con la justicia y las fuerzas parapoliciales intentan despojarlos de sus tierras, a costa de la vida de los comuneros del Movimiento, como fue el caso de Cristian Ferreyra en 2011 o Miguel Galván en 2012. Justamente, el informe oficial demuestra el liderazgo santiagueño en materia de desmonte.
Si bien los datos toman relevancia por ser el Gobierno Nacional quien acepta las fallas en cuanto al cumplimiento de la legislación, hay que tener en cuenta que en ningún lado del informe hace un enfoque autocrítico de la información que aporta, más aún, se sustenta en el tiempo próximo como una solución a los problemas actuales:
“Aunque se observa que el proceso de pérdida de bosques nativos continúa debe considerarse que la Ley Nº 26.331 no prohíbe los desmontes, sino que los regula, principalmente a través de la generación de los OTBN de cada provincia. Por otra parte, es importante tener en cuenta que los OTBN y sus normas asociadas son de reciente implementación, y dada la complejidad y la falta de antecedentes en el país de la implementación de este tipo de leyes de presupuestos mínimos que exigen una fuerte interacción entre organismos provinciales y nacionales, es esperable que los resultados de su aplicación no se vean de manera inmediata (…). Cuando las autoridades provinciales y nacional de aplicación de la ley cuenten con todas sus capacidades para poder encarar las distintas tareas que implican conducir un manejo forestal sustentable así como una fuerte acción de control de las actividades forestales en amplios territorios, los tiempos administrativos se adecuen a los requerimientos que este tipo de actividades amerita y que toda la comunidad haya tenido acceso a lo que la ley demanda y posibilidad de integrarse a ella, se comenzarán a ver los logros de la norma.”
Mientras el Gobierno se excusa, hay que manifestar que en diferentes puntos del país, en el 2012, se han profundizado los problemas que el informe susodicho expone.
De acuerdo a los estudios de la ONG Guyra Paraguay, al norte y oeste del territorio cordobés, entre marzo y noviembre se deforestaron 7.806 hectáreas de categoría I “roja”, las cuales deberían ser las mejor conservadas por los organismos provinciales competentes. La tasa anual de desmontes alcanzó las 23,3 hectáreas diarias del bosque nativo chaqueño, sin tener en cuenta los desmontes ilegales al sur de la provincia.
Tanto desde la Fundación Conservación y Desarrollo (Conydes) como desde el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UNRC denunciaron los desmontes ilegales que se llevan a cabo en diferentes zonas del sur provincial.
La docente de la UNRC y presidenta de CONYDES, Evangelina Natale, advirtió que “toda la provincia” está afectada por esta problemática”.
“Las zonas serranas están siendo desmontadas para proyectos de urbanización y el norte de Córdoba para agricultura”. Así bien, los bosques de Río Cuarto y el sur cordobés también se ven afectadas por el avance de la frontera agrícola-ganadera.
De las 12 millones de hectáreas que a principios del siglo XX poseía Córdoba, sólo restan 600 mil, con el agravante de una tercera parte del territorio provincial desertificado o en vías de por la sobreexplotación agroganadera.
Del informe de Guyra Paraguay, se advierte que en 2012 153 mil hectáreas fueron arrasadas del Parque Chaqueño, a comparación de las 44 mil hectáreas desmontadas en 2011.
El territorio comprendido incluye las provincias de Chaco, Santiago del Estero (posicionándose como el sector con más desmontes, al igual que lo expuesto en el informe oficial), Córdoba, Formosa, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santa Fe y San Luis. El Parque Chaqueño o Gran Chaco, distribuye el 40% de su superficie en suelo argentino, mientras que el resto se emplaza sobre Paraguay, Brasil y Bolivia.
Así también, desde ésta avanzada, las topadoras también se han interpuesto ante los Derechos de los Pueblos Originarios, donde la resistencia de la etnia Qom y Wichi en Fórmosa y Chaco, son las más resonantes y violentas. En reclamo de sus tierras, históricamente vendidas a precio vil o directamente arrebatadas, las comunidades afrontan una lucha contra los gobiernos provinciales y los terratenientes, conllevando a cuestas el racismo imperante hacia los originarios por parte de los mismos, como así también la falta de acción, decisiones e involucración con las problemáticas por parte de los organismos estatales que deberían hacer cumplir los convenios internacionales y leyes nacionales. De igual forma, se podría tomar el caso de las comunidades de la Nación Diaguita, como la de Indio Colalao, quienes ante la avanzada sojera y la complicidad político-empresarial, resisten los violentos desalojos de sus tierras ancestrales, como el último, allá por julio del último año.
Sólo por mencionar algunos de los tantos conflictos, que el modelo agroexportador sojero y agroindustrial lleva a cuestas.
Actualmente, 23,6 millones de hectáreas argentinas se encuentran cultivadas con transgénicos: de la soja, el 50% de los cultivos se encuentra bajo dominio del 3% de productores. Encajando en la lógica “progresista”, la concentración empresarial beneficia a 12 de las 25 empresas con más rentabilidad a la hora de exportar, todas ellas vinculadas a la exportación de granos.
Argentina, es el tercer exportador a nivel mundial de Soja, después de Estados Unidos y Brasil. El mismo lugar en el podio ocupa como productor de transgénicos.
Fuentes:
Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo en el marco de la Ley Nº 26.331: (http://ambiente.gov.ar/?idarticulo=11709)
ONG Guyra Paraguay (http://www.guyra.org.py/)
Notas relacionadas:


lunes, 15 de febrero de 2016

Los "campos saludables", donde se aplican técnicas de "intensificación ecológica" y se cuida la diversidad genética preexistente, garantizan una productividad mayor



Científico barilochense demuestra que el rinde puede subir sin agroquímicos

Lidera un equipo internacional de investigación. Demostró que con cuidar insectos polinizadores se pueden lograr aumentos del 24% en la productividad.
        Fuente:  

    http://www.rionegro.com.ar/movil/cientifico-barilochense-demuestra-que-el-rinde-puede-subir-sin-agroquimicos-8066739-62202-nota.aspx

Garibaldi es ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Agropecuarias, docente de la Universidad Nacional de Río Negro e investigador del Conicet.
Garibaldi es ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Agropecuarias, docente de la Universidad Nacional de Río Negro e investigador del Conicet.
LUCAS GARIBALDI Ingeniero agrónomo
BARILOCHE (AB).- La restauración de los "procesos ecológicos" y las preservación de la biodiversidad no son sólo consignas principistas del ambientalismo, sino también una condición clave para mejorar la producción de alimentos en todo el mundo.
Esa fue la hipótesis inicial de una investigación internacional desarrollada por un grupo de científicos que encabeza el barilochense Lucas Garibaldi. Y descubrieron que estaban en lo cierto.
Luego de dos años de estudios preliminares y otros cinco años de experimentación simultánea en 12 países, quedó demostrado que sólo con cuidar la presencia y multiplicación de insectos polinizadores se pueden lograr aumentos de hasta el 24% en la productividad de numerosos cultivos de alto valor nutricional.
Esto significa que el modelo de monocultivos con empleo de insumos externos y uso abundante de fertilizantes y pesticidas no sólo daña el ambiente. Tampoco garantiza en el corto plazo cosechas más abundantes.
Los "campos saludables", donde se aplican técnicas de "intensificación ecológica" y se cuida la diversidad genética preexistente, garantizan una productividad mayor.
Lucas Garibaldi es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agropecuarias. Se radicó en Bariloche hace 11 años y actualmente es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, investigador del Conicet y director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural.
Las alternativas a la "intensificación convencional" en la agricultura fueron para él un tema de estudio prioritario en toda su trayectoria profesional y científica. Desde hace siete años es el responsable principal en la investigación sobre la incidencia en la biodiversidad en el cultivo de alimentos que cuenta con apoyo de la FAO (Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el GEF (Global Environment Fund).
Garibaldi le explicó a "Río Negro" que con el equipo que lidera se propusieron establecer parámetros de análisis para realizar seguimientos en campos productivos de países que sean "estrictamente comparables", a fin de lograr su validación científica. "Encontramos que es factible aumentar la producción de alimentos en un 24% si se mantiene la biodiversidad", aseguró.
Los resultados fueron positivos en cultivos variados como café, frambuesa, girasol, alfalfa, tomate, arvejas, zapallos, cardamomo, colza, mango, cajú, algodón, trigo sarraceno, zapallitos y nabo.
Garibaldi explicó que las técnicas aplicadas buscan garantizar "una buena diversidad de insectos" que distribuyan el polen en las plantaciones productivas.
Dijo que la investigación "sigue en marcha", pero algunos resultados ya fueron publicados y comienzan a interesar a empresas y gobiernos. La revista estadounidense Science, por ejemplo, le dedicó un artículo en enero pasado y logró fuerte repercusión.
El monocultivo de soja con abundancia de agroquímicos, que se extendió Argentina, aparece en las antípodas. Garibaldi dijo que el trabajo de campo lo realizan con productores de Asia, África y Latinoamérica, pero también de países centrales. Aunque los resultados son especialmente válidos para regiones del mundo "con problemas de seguridad alimentaria (eufemismo por 'hambre') y con ambientes degradados".
El especialista recomendó poner cuidado en "no aplicar pesticidas de más" de modo de no eliminar los insectos beneficiosos. Una opción es hacerlo de noche. También criticó "la obsesión por los campos libres de malezas" que suelen tener los productores, ya que la maleza "si es poco abundante" favorece a los polinizadores.

viernes, 15 de enero de 2016

Prohiben fumigar a menos de 500 metros de casas o escuelas


Por Victor Krieger Fabbroni

PROHIBIDO FUMIGAR A MENOS DE 500 METROS DE VIVIENDAS URBANAS O RURALES.

Hace pocos días, un fallo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nº 6 de Cañada de Gómez determinó como "inconstitucional e inconvencional" toda Ordenanza Municipal que autorice fumigar a menos de 500 mts de cualquier unidad habitacional, sea rural o urbana.
A su vez, este fallo sienta jurisprudencia sobre que los Municipios deben formular nuevas Ordenanzas que “adecuen o midifiquen” la Ley Provincial de Agrotóxicos (en nuestro caso 6.312) para que quede “LEGALMENTE” establecido 500 mts como límite a partir del cual se pueden aplicar agrotóxicos.
Resulta importante recordar, también, el fallo judicial de San Jorge que establece igual distancia como punto de conteo a partir del cual se puede aplicar agrotóxicos.
Entonces, estos 500 metros no pueden ser reducidos, como pretenden algunas Ordenanza Municipales de Santiago del Estero, porque así lo establece el Derecho Ambiental sobre que toda modificación debe resultar en incremento de las distancias de protección y no en su reducción.
Por otra parte, la población fumigada debe saber que así como hay algunos Ing. Agrónomos que niegan el poder venenoso de los agrotóxicos, hay otros que pensando en contrario ayudan a los Municipios a defender a su población estableciendo distancias “adecuadas a la actual toxicidad de los venenos agrarios”.Para conocer la verdad, averigüen de qué viven los Agrónomos que niegan lo evidente, en contraste con los que acusan. En muchos casos hay una Toyota de distancia.
Ante la duda, no olvidar que el O.M.S. ratificó la toxicidad del glifosato como probable cancerígeno, conforme lo denunciara con anterioridad el científico del CONICET Dr. Andrés CARRASCO, concordante con lo demostrado por los Campamentos Sanitarios de la Universidad Nacional de Rosario que establecieron que el 80 por ciento de los enfermos de cáncer y tumores, pertenecen a viviendas que están a menos de 500 metros de donde se fumiga.
Resulta ya inaceptable que la Municipalidad de Bandera, Santiago del Estero, como otras de la provincia y provincias vecinas no privilegien la vida por sobre intereses económicos corporativos que prosperan “con” la ilegalidad.
 Deben éstos saber que está vigente el Recurso de Reconsideración para que revean decisiones anteriores y establezcan distancias no menores a 500 mts con protocolos debidamente publicitados  sobre “qué debe hacer” un ciudadano cuando es víctima de una fumigación ilegal. Todo lo antes dicho se apoya en probanza científica avalada por la Justicia.
 “Todo ambiente fumigado con insecticidas, herbicidas o fungicidas produce en los pobladores, inevitablemente, patologías cancerígenas, entre otras tantas irreversibles”.

miércoles, 6 de enero de 2016

Agrotoxicidad: peligroso retroceso

DENUNCIAMOS la campaña nacional sobre las “Buenas Prácticas Agrícolas” impulsada por gobiernos provinciales y Nación, que hasta la fecha han realizado 19 presentaciones en diversas localidades sin convocar a médicos y afectados por agroquímicos (los últimos caso fueron: Ministerios de Agricultura de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) de Río Cuarto, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y el INTA) que buscan desmentir bajo falacias productivistas que las aplicaciones de glifosato “bajo estándares normales y prácticas agrícolas correctas” no implican riesgos para la salud humana, desconociendo la regulación lograda por las poblaciones a través de ordenanzas municipales que restringen a las pulverizaciones aéreas y terrestres. Denunciamos las responsabilidades que les cabe a los médicos toxicólogos que llevan adelante la misma, negando el problema de afectación a la salud por intoxicación con biocidas: Nilda Gait, jefa del servicio de Toxicología del Hospital de Niños y especialista en toxicología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; y Martín Alonso, director del Hospital Oncológico de la misma provincia.
Prof. Cecilia Carrizo
Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP)
Universidad Nacional de Córdoba
Rondeau 467 2º Piso (5000) Bº Nueva CórdobaCórdoba, Argentina. tel. 54 351 4332068 
Fbk: Red Justicia Ambiental




Documento de posicionamiento y propuestas para el gobierno nacional, provincial y municipal
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina
30 años del Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina
II Seminario Internacional sobre Plaguicidas y su efecto en la salud.
4 y 5 de diciembre de 2015. Ciudad de Buenos Aires
Los participantes del Seminario Internacional, teniendo en cuenta la CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SÍ SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN del Santo Padre Francisco en la cual se alerta sobre el impacto de los actuales modelos productivos vigentes basados en la depredación de los bienes comunes naturales y alto uso de agrotóxicos, RECHAZAMOS el proyecto presentado por el diputado Nacional por la provincia de Formosa, Luis Basterra, como también el proyecto de ley de agroquímicos que se encuentra en etapa de discusión en la legislatura de la provincia de Buenas Aires, dado que ambos son casos de regresión normativa en relación a los derechos constitucionales sobre la defensa de la vida, la salud y el ambiente sano, y ante los probados efectos nocivos sobre la salud de los productores/as, trabajadores/as, las poblaciones expuestas y sobre la el resto de las especies vivas, que el modelo agrobiotecnológico - transgénico produce.
Entre los principales puntos de la “Ley Basterra” sobre agrotóxicos, rechazamos los conceptos “fitosanitario” y el de las “Buenas prácticas agrícolas”, dado que son conceptos provenientes e instaurados por las empresas e instituciones de los agronegocios que no contemplan un enfoque de derechos, ni reconocen la necesidad de respetar los flujos, relaciones y ciclos naturales. Consideramos que la noción de “fitosanitario” no es inocente y técnicamente está inadecuadamente utilizada, dado que ningún agrotóxico o biocida es inocuo, presentando diferentes niveles de toxicidad y riesgo de padecer intoxicaciones, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Los conceptos no son neutros, las formas o modos a partir de las cuales denominamos a objetos, hechos y procesos puede darse a partir de la familiaridad, cierto acercamiento, a los hábitos y prácticas, pero también subsiste el intento de ocultar la posible incidencia de esos hechos o elementos por ejemplo en la salud socio ambiental. De la misma manera, las “buenas prácticas agrícolas” se relacionan con la apariencia externa o calidad formal de los alimentos, sin atenerse a la posible contaminación con plaguicidas.
En este sentido, planteamos la necesidad de recategorizar los biocidas, teniendo en cuenta las últimas evidencias sobre la carcinogénesis del glifosato de acuerdo al informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de 2015, además de los casos judiciales de violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y las leyes provinciales de agroquímicos (Fallo Ituzaingó), y las investigaciones científicas sobre efectos en la salud y el ambiente por exposición crónica y aguda. Una recategorización que deberá tener en cuenta no solo la toxicidad aguda y crónica sino las características físico químicas de los productos y su comportamiento ambiental.
Denunciamos la falta de tratamiento del proyecto en las Comisiones de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación; la falta de debate serio y profundo en la Comisión de Salud; y la manera subrepticia en que logró su media sanción el pasado 27 de noviembre de 2015. Asimismo, denunciamos la omisión de mecanismos de consulta y participación en la elaboración de la ley de organizaciones de la sociedad civil, científicos y profesionales especialistas que bregan por la defensa de la salud y el ambiente sano. Consecuente con ello, el proyecto no presenta artículos que protejan y resguarden a las poblaciones expuestas, los establecimientos educativos aledaños a las zonas de aplicación y la biodiversidad toda.
Ante la constitución de un observatorio de seguimiento de las problemáticas asociadas al uso de plaguicidas conformado por “especialistas", recordamos que la sociedad civil ha demostrado, a partir de la realización de sus propias investigaciones, de sus luchas, las denuncias y puesta en práctica de alternativas agroecológicas, su capacidad de detección de los problemas en la salud relacionados con la utilización de plaguicidas, aún antes que los sectores gubernamental y científico. También fue pionera en analizar y discutir alternativas de solución.Dicho observatorio deberá reconocer y tener en cuenta todos las evaluaciones realizadas, las investigaciones abiertas publicadas y evaluadas por jurados de pares, los monitoreos comunitarios, etc todo bajo la aplicación del principio precautorio y con la plena participación de todos los actores involucrados en la dinámica de uso de los plaguicidas , aún las comunidades expuestas. La diversidad de visiones, la intersubjetividad y complementariedad entre participantes permite contar con un enfoque más amplio, menos endogámico, en los procedimientos que hacen a las autorizaciones, categorizaciones y sobremanera de una distribución, comercialización y aplicación de productos de manera apropiada tal que se preserve la salud ambiental.
Respecto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con media sanción en el Senado de la Nación, sobre tratamiento y disposición final de los envases vacíos de agrotóxicos, destacamos que los procesos allí incluidos están regulados por la Ley de Residuos Peligrosos y el Convenio de Basilea al que nuestro país adhiere desde 1991. Además señalamos la omisión del principio precautorio presente en la Ley 25.675 General de Ambiente, de acuerdo a los Convenios Internacionales de Estocolmo y de Diversidad Biológica.
Las investigaciones de campo nos demuestran que en ausencia de un marco normativo, en la actualidad, los envases de plaguicidas, se desechan de manera inadecuada: se queman, se entierran o se arrojan en sitios no específicos, por ejemplo en aeródromos y en basurales comunitarios. Sugerimos crear un sistema de seguimiento a través de un código de barras para los envases vacíos y la creación de centros regionales para la recepción, el almacenamiento y tratamiento de los mismos, de tal manera que se pueda hacer un seguimiento y que los usuarios de agrotóxicos deberán hacer llegar sus envases vacíos para tal fin, es decir, para el almacenamiento y tratamiento de los mismos. Además, se deberán hacer responsables a las empresas del costo que implica la operatividad y legalidad de la puesta en marcha del reciclado seguro y confiable de sus envases contaminados bajo las determinaciones estrictas de la ley nacional de residuos peligrosos, ya anteriormente mencionada.
Exigimos la discusión amplia de varias leyes relacionadas con la problemática ambiental, y una ley de desarrollo agrario integral, que incluya presupuestos mínimos ambientales y estudios de impacto ambiental para todo emprendimiento productivo, cualquiera sea su tipo y área de implementación. Necesitamos una ley de presupuestos mínimos sobre plaguicidas, con indicadores ecológicos y de salud que considere TODO el “ciclo de vida de los agro tóxicos”: producción, transporte, registro, almacenamiento, venta, uso y disposición final de los envases y líquidos remanentes. Solicitamos que de manera urgente se establezcan franjas de restricción /prohibición en el uso de plaguicidas de manera de proteger la salud de la población expuesta y a los productores agroecológicos. Las leyes parciales de plaguicidas con media sanción en el Congreso, cada una con sus propios principios y criterios, no avanzan en ese sentido.
Reclamamos la creación, al igual que otros países de Latinoamérica, de una agencia autárquica, la cual debe tener la facultad de autorizar importaciones y el registro de los principios activos, determinar las pautas y realizar las categorizaciones toxicológicas y establecer las normas de distribución y aplicación de los plaguicidas. No es posible que la misma institución, el SENASA, sea quien fije, ejecute y se autoevalué.
Dicha agencia deberá contar con miembros del Ministerio de salud, de la Secretaría de Ambiente, del Ministerio de Agricultura y sus organismos descentralizados y la participación de la sociedad civil. La autarquía y transparencia en las resoluciones seguramente redundarán en una limitación al uso de los plaguicidas en general y de los extremadamente peligrosos en particular.
RECLAMAMOS la imperiosa necesidad de institucionalizar como política de Estado, el apoyo a los modos respetuosos de vinculación con los bienes comunes naturales sobre los cuales se basa la agroecología, entendiendo a la agroecología como “una disciplina o un modo de interpretar y proponer alternativas integrales y sustentables en la realidad agrícola, respetando las interacciones que se dan entre los diversos factores participantes de los agroecosistemas, incluyendo a los elementos relativos a las condiciones sociales de producción y distribución de alimentos.
Además, DENUNCIAMOS la campaña nacional sobre las “Buenas Prácticas Agrícolas” impulsada por gobiernos provinciales y Nación, que hasta la fecha han realizado 19 presentaciones en diversas localidades sin convocar a médicos y afectados por agroquímicos (los últimos caso fueron: Ministerios de Agricultura de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) de Río Cuarto, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y el INTA) que buscan desmentir bajo falacias productivistas que las aplicaciones de glifosato “bajo estándares normales y prácticas agrícolas correctas” no implican riesgos para la salud humana, desconociendo la regulación lograda por las poblaciones a través de ordenanzas municipales que restringen a las pulverizaciones aéreas y terrestres. Denunciamos las responsabilidades que les cabe a los médicos toxicólogos que llevan adelante la misma, negando el problema de afectación a la salud por intoxicación con biocidas: Nilda Gait, jefa del servicio de Toxicología del Hospital de Niños y especialista en toxicología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; y Martín Alonso, director del Hospital Oncológico de la misma provincia.
Denunciamos que las BPA son insustentables dado que existen fallas en los mecanismos de control en todos los niveles de gobierno siendo falaz admitir la posibilidad de un estándar normal y correcto de aplicación cuando las ventas ilegales y la falta de poder de policía son la práctica real de aplicación de plaguicidas, con escasa seguridad en su uso, además de las condiciones climáticas que producen derivas y la falta de información sobre su peligrosidad.
Denunciamos la situación de abandono sanitario de los afectados por las fumigaciones de Barrio Ituzaingó Anexo, aún con la sentencia 421 del 17/09/2015 del Tribunal Superior de Córdoba que confirmó el delito de peligro para la salud de las poblaciones urbanas, especialmente en barrio Ituzaingó Anexo por las fumigaciones aéreas y terrestres acontecidas y en infracción de la Ley 24.051 y las diferente restricciones legales vigentes (Ordenanza 10590/02 sobre prohibición de aplicación aérea de plaguicidas en ejido urbano y 10589/02 sobre prohibición de aplicación terrestre o aérea a menos de 2500 metros del barrio Ituzaingó Anexo, Ley 9164/04 de Agroquímicos) y la situación de Emergencia Sanitaria Vigente desde 2002 (ordenanza 10505) y con urgentes necesidades de atención tanto por el municipio, como la provincia de Córdoba y la Nación.
En otro plano, rechazamos, por su relación directa con el modelo de Artificialización de la naturaleza vinculado con los agronegocios, la designación en el Ministerio de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires de Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto y la designación frente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de María Beatríz “Pilu” Giraudo, presidenta de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID)
Denunciamos los posibles compromisos con la industria farmacéutica del actual Ministro de Salud de la Nación.
Finalmente, ADVERTIMOS que la política de “acercamiento al océano Pacífico” invocada por el presidente refiere al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que implica modificaciones en las normativas vigentes que llevan a la privatización de nuestras semillas, patentamiento de medicamentos y derechos digitales y regulación de empresas estatales, con una inminente pérdida de nuestra soberanía.
Por último, CONVOCAMOS a la movilización y participación permanente desde “Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto” en defensa de la vida y contra el ocultamente del efecto de los plaguicidas y las restricciones a la conservación de las semillas por parte de los productores.
Firman y adhieren:
Red de Acción en plaguicidas y sus Alternativas de América Latina
Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios (ULTeRA)
Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI)
ASOCIACION CIVIL GRUPO DE MADRES DE BARRIO ITUZAINGO ANEXO 
AREA DE ESTADO, CIUDADANIA Y JUSTICIA AMBIENTAL y SEMINARIO EN JUSTICIA AMBIENTAL - INSTITUTO DE INVESTIGACION Y FORMACION EN ADMINISTRACION PÚBLICA   - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
RED DE ACCIÓN PLAGUICIDAS Y SUS ALTERNATIVAS PARAGUAY
RED DE ACCIÓN EN PLAGUICIDAS Y SUS ALTERNATIVAS CHILE
RED DE ACCIÓN EN PLAGUICIDAS Y SUS ALTERNATIVAS URUGUAY
FORO AMBIENTAL DE LOS TOLDOS (BS. AS.)
Movimiento Popular de Salud “Laicrimpo Misiones”
IDEP_ SALUD
Centro de Estudios sobre Tecnologías apropiadas de la Argentina
Marcela  Bobatto 
Gerardo Segovia
Noemí Fernández
Claudia Nelida Noseda
Eduardo Rossi
Rodrigo Burrieza

lunes, 4 de enero de 2016

La Argentina aún tiene pendiente definir un verdadero Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos

Fuente:
FRENTE A LAS INUNDACIONES DEL LITORAL:
La Argentina aún tiene pendiente definir un verdadero Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos
30 diciembre, 2015
Por Jorge Cuello
Abogado y docente de Derecho Ambiental de la UBA
Frente a las inundaciones que tuvieron un fuerte impacto en 5 provincias del litoral de nuestro país y que provoco ya la evacuación de 20 mil personas, con grandes daños materiales y pérdidas de vidas humanas, debemos nuevamente retomar el debate intencionadamente olvidado por la dirigencia política, acerca de la necesidad de poner en marcha un plan nacional de recursos hídricos que se ocupe de prevenir este tipo de situaciones y al mismo tiempo de respuestas concretas frente a los desbordes climáticos y urgencias como las vividas en estos últimos días en nuestro país.
TERMINAR CON EL RELEVAMIENTO DE LOS GLACIARES, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY.
Entre otras cosas, debería terminarse el relevamiento de glaciares a cargo de las provincias, tal como lo establece la ley que los regula, ya que son en las altas cumbres donde se inician gran parte de los cursos de los ríos argentinos y una vez relevados protegerlos desde su nacimiento a su desembocaduras de los daños ambientales provocados, entre otras cosas, por la minería y otras actividades productivas como la industria, la pesca o la agricultura.
PUESTA EN MARCHA DE LA PROTECCION DE BOSQUES NATIVOS, PARA CUMPLIR CON LA LEY.
Además, debería ponerse en marcha definitivamente, la ley de protección de bosques nativos, a través del accionar conjunto entre las provincias y la nación, debiendo las primeras hacer el relevamiento de las zonas protegidas en cuyas áreas se prohíba todo tipo de actividad productiva y el relevamiento de las zonas que son aptas para la producción y el desmonte mientras que la Nación debe destinar los fondos necesarios para garantizar su protección a través de subsidios otorgados a los propietarios para evitar que desforesten zonas de alto valor ecológico.
Ello porque según lo han manifestado algunos expertos, las zonas inundadas actualmente coinciden causalmente con las zonas en donde la deforestación de bosques ha avanzado en forma significativa en los últimos años. Es decir, la desaparición de la floresta, trae aparejado este tipo de inundaciones porque el agua de las lluvias cuando cae a la tierra es absorbida por los árboles, quienes actúan como si fueran esponjas, pero cuando estos ya no están más aferrados a la tierra, el efecto es desbastador porque el agua por algún lado tiene que fluir y estos desbordes son típicas consecuencias de la deforestación y altas precipitaciones.
SANEAMIENTO DE LAS CUENCAS HIDRICAS CONTAMINADAS.
Otro asunto fundamental, tiene que ver con el saneamiento de las cuencas hídricas que han sido contaminadas por la radicación de industrias y el vertido de sus desechos a los cursos de agua, el impacto del uso de los agroquímicos en la agricultura y en la producción de frutas y hortalizas y el vertido sin tratamiento de los desechos residenciales cloacales. Entre las cuencas más afectadas, podemos mencionar la del Rio Sali Dulce, la del Matanza – Riachuelo y la del rio Reconquista, a lo que debemos sumar, numerosos lagos y arroyos de diferentes puntos del país afectados por este tipo de actividades humanas.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS.
Y resulta fundamental la realización de las obras de infraestructura que permitan, por un lado, la contención de los cursos de agua superficiales a través de sistemas de canalización y almacenamiento del agua en periodos de crecidas y su administración racional en épocas de sequía tal como afirmaba Ameghino cientos de años atrás. Y otras obras, vinculadas, con el acceso al agua potable para el consumo humano y el servicio de cloacas son también fundamentales para garantizar otros derechos como el derecho a la vida o la salud de las personas.
PRESERVACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS.
Las aguas subterráneas merecen un capítulo aparte y deben ser una prioridad de todas las administraciones gubernamentales nacionales, provinciales o municipales, debiendo ser el Sistema Acuífero Guaraní, unos de los mas grandes reservorios de agua dulce del planeta que está bajo el territorio argentino, brasilero, paraguayo y uruguayo, una de las joyas de la madre naturaleza que debemos cuidar y preservar para las generaciones presentes y el futuras y sobre el cual debemos velar por su soberanía regional compartida entre los cuatro socios del MERCOSUR.
SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTAS.
Por último, vamos a señalar lo que ya hemos dicho en otras oportunidades, a raíz de los desastres naturales provocados por las grandes crecidas de las aguas superficiales o las lluvias intensas que provocan desastres en los ámbitos urbanos o rurales, con consecuencias dramáticas como lo ocurrido un 2 de abril en la ciudad de La Plata, en relación a la puesta en marcha de planes para afrontar catástrofes naturales, los cuales entre otras cosas, deben estar orientados a desarrollar sistemas de monitoreo y generación de alertas satelitales para anticipar futuros hechos climáticos extremos y adoptar medidas preventivas, preparar como Centros de Evacuación ante eventuales emergencias climáticas a distintos espacios públicos (Escuelas, Clubes, Edificios Públicos, Cuarteles de las FFAA) y crear, apoyar, formar y financiar el desarrollo de cuerpos locales o barriales de voluntarios de Defensa Civil para actuar en las emergencias.
COMITES DE CUENCAS INTERJURIDICCIONALES.
Estos y otros tantos desafíos que tenemos por delante, deben ser una prioridad de todos los gobiernos y fuerzas políticas con representación parlamentaria en todos sus niveles – Nacionales, provinciales o municipales – debiéndose comprometer a gestionar las cuencas hídricas a través de organismos interjurisdiccionales con la participación activa además de usuarios, organizaciones ambientales, institutos de investigación científica y universidades nacionales tal como ocurre con la ACUMAR en la cuenca Matanza Riachuelo.
GESTION INTEGRAL DE LAS AGUAS DE TODO EL TERRITORIO, PARA LA UNIDAD NACIONAL.
En definitiva, un gran consenso nacional en torno a la gestión integral de las aguas debería ser una buena excusa para alcanzar la tan anhelada unidad nacional en clave de proyecto federal que contemple las realidades regionales de todas las provincias del país y que asegure la sostenibilidad de un recurso que es tan vital que resulta fundamental para la vida humana en el planeta.

La deforestación ya está causando desastres

Inundaciones en el Cono Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
No es una catástrofe natural, sino la consecuencia del modelo productivo

Nuestra América, 31 de diciembre de 2015

Las inundaciones que afectan a varios países de América del Sur son las peores de los últimos 50 años. Cientos de miles de familias tienen que ser evacuadas tras perderlo todo. El desborde de los cursos normales del agua no es la consecuencia lógica de las lluvias, sino producto de la alteración de los equilibrios naturales de los diferentes ecosistemas en toda la región, a partir del cambio de uso de la tierra: la deforestación, la sojización y así como la sustitución de nuestras praderas y bosques nativos por especies de árboles exóticos como los eucaliptus y pinos por decisión de “los mercados”.

Como sucede habitualmente, estas relaciones económico-ambientales (e incluso la gravedad de los efectos sobre la población) tienden a ser negadas por las autoridades políticas y ocultadas por los medios privados de comunicación. El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, por ejemplo, trató de minimizar la situación afirmando que “hay lugares donde sobra el agua y otros donde falta”. Por su parte, en Paraguay, el Presidente Horacio Cartes está tardando demasiado tiempo en declarar situación de emergencia nacional, algo que todavía no ha hecho a pesar de que al día de hoy son 4 los departamentos más afectados por la crecida, con más de 100 mil damnificados en zonas ribereñas. Para Cartes, de hecho, la deforestación "es un detalle" nada más, como lo manifestó en su momento ante las críticas que generó su fraudulento informe en la reciente Cumbre del Cambio Climático de París.

Sin embargo, la raíz del problema fundamental es que el desmonte y las  grandes represas eliminan la capacidad de la naturaleza para regular los efectos de las lluvias. Sólo en Argentina, han sido desforestadas  9 millones de hectáreas en los últimos 25 años, se ha desmontado el 75% de los bosques, en su mayoría en la zona afectada por las recientes crecidas. Un panorama similar sucede en los demás países de la región. De esta manera, los beneficiarios del agronegocio, que son las compañías multinacionales y los grandes poseedores de tierra, descargan como “externalidades” los impactos sobre el resto de la población, que sufre las consecuencias.

Las organizaciones populares llamamos a la solidaridad y convocamos a debatir sobre el modelo productivo y sus consecuencias socioambientales.

Primeras firmas: 

- Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas - CONAMURI (Paraguay)
- CNDAV – Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (Uruguay)
- Movimiento Popular Patria Grande (Argentina)
- Resumen Latinoamericano (Argentina - Cuba - Venezuela)
- Escuela José Carlos Mariátegui, desde Nuestra América (Argentina)
- Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía (Argentina)
- CIFMSL, Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos (Argentina)
- Jóvenes Ante la Emergencia Nacional (México)
- Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (México)
- Comisión Multisectorial (Uruguay)
- Espacio de Lucha Territorial Río Bravo (Argentina)
- Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social - Regionales Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires Oeste (Argentina)
- Las Floras Libertarias (Argentina)
- Movimiento Popular UNIOS (Venezuela)
Red por una América Latina Libre de Transgénicos
Fórum Mudanças Climáticas e Justica Social (Brasil)
Colectivo Voz Insurgente (Venezuela) 
-Foro Ambiental santiagueño