En Bandera la gente no tiene acceso a los estudios oficiales de toxicidad

Por Victor Krieger Fabbroni	12:38 (hace 19 minutos)

    Acaba de publicarse que la Soja RR1 de Bayer/Monsanto “resistente a la sequía” (¿?) contiene un virus llamado RR1, que es el Herpes Simplex 1. Este Herpes, en cualquier parte del cuerpo, desarrolla ERISIPELA, aparte de otras gravísimas patologías. Yo fui víctima de la Erisipela y está documentado.

    Al respecto, les conté, no sé si lo leyeron, que el INTA BANDERA –Santiago del Estero- tiene Encriptado (SECUESTRADO) todo lo relacionado con un Análisis de Aguas Subterráneas de distintas zonas de nuestro pueblo. Yo lo he visto en la pantalla del monitor del Director del INTA LOCAL

     Al enterarse, diversos contactos, pidieron, por mi intermedio, les envíe esos resultados.

    Fui al INTA, me permitieron verlos en un trabajo bien realizado, pero no accedieron a otorgarme copia del mismo. Me dijeron que lo harán cuando una fulana no sé quién, de no sé dónde, habiéndose apropiado de estos IMPORTANTES DATOS PÚBLICOS, termine una supuesta Tesis (?). Como hemos visto en otros casos, puede perderse en el cajón intemporal de algún escritorio. Están reteniendo y ocultando tan sensible información. ¿Por qué, para qué?, pregunta uno.

    Pues bueno, no casualmente, en el día de ayer 16/07, la encargada de Bromatología Municipal dio una charla a todas las personas del pueblo que tienen contacto y/o manejan alimentos en comercios públicos. Ante una pregunta concreta, esta australopithecus negó que nuestras napas estuvieran contaminadas con agrotóxicos (acorde al ocultamiento del INTA). Sí admitió que se encuentran "trazas" de Off y Raid.

    Lo ocurrido, de ninguna manera es ignorancia, sino camuflaje, desinformación. La municipalidad, a través de su agente, nos estaría mintiendo por una razón meramente venal. Tratan de ocultar que la Corporación nos están envenenando, por lo menos, con GLIFOSATO, ATRAZINA Y AMPA (que es un metabolito del Glifosato). Digo: por lo menos, porque están presentes, también, en las muestras de agua tomadas por el INTA, casi todos los agrotóxicos utilizados en la zona, que son los mismos de Monte Maíz, prov. De Bs. As., Santa Fe, Entre Ríos y otros.

    El daño ya está hecho y es muy difícil pensar que esta fulana hubiera obrado GRATIS.

Denuncian a Caputo y sus socios por desmontes ilegales

El presidente del Central es accionista de dos empresas agrícolas acusadas de arrasar bosques nativos en Santiago del Estero.


El caso ya le valió a la compañía una denuncia pública de @GreenpeaceArg y una carta abierta de la ONG al gobernador Gerardo Zamora

El fiscal general de Tucumán denunció al presidente del Banco Central, Luis Caputo, por supuestos desmontes ilegales realizados por una empresa en la que el funcionario es accionista. Se trata de la compañía agrícola Sacha Rupaska SA, que opera en la localidad de Copo, en Santiago del Estero. En la denuncia, a la que accedió PERFIL, también solicitan investigar a dos socios del ex ministro de Finanzas, Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo). Además, el fiscal apuntó al accionar de funcionarios públicos de la provincia.
La empresa en la que Caputo es accionista protagoniza desde hace meses una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes, ya que sostienen que la compañía arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley. El caso ya le valió a la compañía una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
La denuncia demuestra que Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013 y que las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
En abril último, el asesor letrado de la Dirección de Bosques de la provincia aconsejó suspender el permiso otorgado a la compañía para desmontar en la zona, según la investigación del fiscal general Antonio Gustavo Gómez –con competencia en Santiago del Estero–. Sin embargo, Gómez denunció que el organismo “por un lado inspecciona y multa a las empresas investigadas, pero por otro favorece la deforestación incluyendo puntos verdes en lotes que, en el mapa aprobado por la Ley de Bosques, son calificados con colores rojo y amarillo”, es decir, que se trata de  zonas donde el desmonte está prohibido. Esa es justamente la carta que utiliza la compañía para defenderse de las acusaciones.
La denuncia  fue presentada ante el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón, quien debe analizar si abre una causa judicial contra Caputo y sus socios. Gómez también pidió que se investigue por qué Sacha Rupaska SA figura como “inactiva” en la Inspección General de Justicia (IGJ) cuando está realizando actividades en la provincia.

Pasado pisado. La investigación revela que Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013. En aquella oportunidad, debió rendir cuentas en la provincia por la empresa Palmeral Chico SA. Según consta en la denuncia, las hectáreas afectada habían sido adquiridas en 2007 por Méndez Ezcurra “en comisión para Luis Andrés Caputo con dinero de éste último”. “Palmeral Chico y Luis Caputo fueron multados por la destrucción del bosque nativo e intimados a recomponer el daño provocado”, dijo el fiscal en la denuncia.
La sanción fue impuesta en agosto de 2013 por un juez civil y comercial, quien castigó a la empresa y a Caputo con una multa de más de $ 10 millones. Sin embargo, la fiscalía de Estado de Santiago del Estero terminó acordando con Caputo y la empresa que pagarían una multa casi diez veces menor ($ 1.150.000) y en 36 cuotas. Cuando el fiscal consultó a las autoridades de la provincia si la multa había sido pagada, el Estado provincial dijo que “no pueden determinar que el convenio suscripto por la firma Palmeral Chico SA y el señor Luis Caputo se encuentre al presente cancelado o impago”, y agregaron que consideran “necesario” pedir los comprobantes de pago a Caputo.
PERFIL se comunicó con la vocera de Caputo para conocer su versión o la de las compañías en las que es accionista, pero no obtuvo respuesta.


Fuente: https://t.co/rMoKbRkXnR

Actualmente en Argentina se utilizan mas de 400 millones de litros/kilos  anuales de agrotóxicos en el sistema agroalimentario, tanto para los cultivos de oleaginosas, cereales, frutas, verduras y hortalizas tradicionales (principales/mayores) como para los cultivos menores. Los resultados de los controles rutinarios de inocuidad alimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sobre 38 alimentos (oleaginosas, cereales, frutas, verduras y hortalizas) en el período 2011-2016  informan que se detectaron residuos de hasta 65 agrotóxicos. De esos mismos controles,  surge que el 92 %  de los alimentos contenían agrotóxicos con capacidad para actuar como disruptores endocrinos , el 87 %, agrotóxicos con  efectos cancerígenos  y el % 84, agrotóxicos con efectos teratogénicos. Ante esta situación,  Naturaleza de Derechos exhortó al SENASA, en el mes de Mayo de 2018, el inicio de un proceso de revalidación de todos los agrotóxicos autorizados en la Argentina, denunciando una situación de anarquía y desidia estatal en relación a la capacidad de dicho organismo para atender al resguardo de la salud publica y la inocuidad alimentaria.-

La respuesta del SENASA fue abrir a Consulta Pública Nro 322 un proyecto de Resolución para legalizar la autorización de agrotóxicos (que ya se utilizan) en los alimentos considerados menores, y principalmente establecer también en relación a éstos,  limites máximos de residuos de las sustancias químicas superiores a los existentes. El proyecto de Resolución del SENASA y la apertura a la Consulta Pública Nro 322, si bien representa un avance en cuanto a la posibilidad de la participación ciudadana y el reconocimiento del organismo respecto al riesgo que representan los residuos de agrotóxicos en los alimentos; en realidad, se trata un ardid que consiste en ampliar el uso de agrotóxicos en la producción de alimentos (frutas, verduras, hortalizas, cereales y oleaginosas). Para mayor información al respecto, te invitamos a leer el informe completo aqui. Por lo pronto, es importante que el Proyecto de Resolución no sea aprobado en los términos planteados por el SENASA, ya que apunta a profundizar un modelo agroalimentario frutihortícola contaminante y que pone en riesgo de daño grave e irreparable la salud de la población, sumado a los impactos en el ambiente y la biodiversidad.

Nuestro foro, junto a muchos otros de todo el país responde:

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Gerencia General

Paseo Colón 367 Piso 9ºC1063CD – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

I.- EXORDIO
Ante todo señalamos que el proyecto de Resolución que nos ocupa importa un reconocimiento del SENASA sobre el uso masivo de agrotóxicos (no fitosanitarios como erróneamente se los designa) que no están autorizados sobre los alimentos considerados menores. Tal situación fáctica nos coloca en un marco de ilegalidad y punibilidad, que debe ser objeto de investigación penal en el marco de la ley 24.051.
Consideramos que el proyecto de resolución desoye abiertamente las recomendaciones efectuadas por la Relatoría Especial del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas ONU, en el Reporte Anual de 2017, realizado conjuntamente con la Relatoría Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.
De modo rotundo, ambas Relatorías afirman que se ha llegado a un punto de inflexión en la agricultura. Sin titubeos se advirtió que el modelo agrícola dominante actual es altamente problemático, no sólo por los daños causados por los plaguicidas en la salud humana, sino también sus efectos sobre el cambio climático la biodiversidad y la incapacidad de garantizar la soberanía alimentaria. Ambas relatorías a la vez que condenan a la agricultura industrial, señalan al unísono que la agricultura libre de los paquetes tecnológicos del agronegocio (transgénicos + agrotóxicos), es posible. Así las Relatorías sostienen que los estados deben incentivar la agroecología, ya que es la única que puede garantizar una alimentación y salud adecuada y que la misma tiene capacidad de rendimientos suficientes para alimentar a la población mundial.
Instamos nuevamente al SENASA que desista de profundizar y consolidar el uso de agrotóxicos en los procesos de cultivos de alimentos principales/mayores y menores, por el riesgo de daño grave a la salud humana, al ambiente y la biodiversidad que aquellos representan.

II.- OBJECIONES, OBSERVACIONES Y APORTES SOBRE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
Sin perjuicio de ello objetamos del proyecto de Resolución señalando sucintamente los siguientes puntos, a saber:

1) Se advierte que está vigente la resolución 608/2012, que evidentemente ha sido ignorada y es desconocida por el SENASA, en la cual ya se dispone la autorización del uso de agrotóxicos a algunos de los alimentos considerados menores, según el Anexo II del proyecto de Resolución propuesto. Por lo tanto, en el caso de avanzarse en el dictado del presente proyecto de resolución deberá considerarse los términos y los alcances de la Resolución 608/12 para evitar una discordancia normativa.
Asimismo se realiza una segunda advertencia sobre la clasificación propuesta en el proyecto de Resolución. La misma se muestra incongruente con la establecida en la Resolución del mismo SENASA 934/2010, ya que ésta última clasifica a las frutas, verduras y hortalizas como productos que se producen localmente para consumo interno y productos no cultivados tradicionalmente en el país. Deberían adecuarse ambas normas.

2) Objetamos que la ampliación de uso de agrotóxicos y validación de límites máximos de residuos que se dispone en el artículo 3 quede exceptuada del proceso de Análisis de Riesgos contemplado en el Capítulo 18 de la Resolución 590/99. Consideramos que debe aplicarse dicho procedimiento.

3) En relación al Artículo 3 Inciso a: Objetamos:
a) que se permita validar la autorización de productos que no están autorizados en los países de origen, pudiéndose, según el proyecto de resolución, evaluar ensayos en terceros países, no exigiendo una evaluación de impacto ambiental considerando los medios receptores locales. Ello viola la Ley general del Ambiente que exige una evaluación de impacto ambiental material y no meramente abstracta o formal.
b) que no se especifique que el Dossier que deben presentar las empresas debe ser realizado y firmado, al menos, por un Licenciado o Doctor en Biología y un profesional médico especialista en toxicología. Instamos además que se obligue a presentar un resumen detallado de los ensayos e informes técnicos, con el objeto de ponerlos a disposición de la ciudadanía, en la oportunidad de la instancia de participación ciudadanía. Asimismo para el caso de los formulados comerciales, deberá informarse todos los componentes que acompañan al principio activo.
c) que se permita validar estudios de residuos a campo según el país de registro. En este punto deberá estarse a la soberanía nacional y aplicar la legislación vigente. En este sentido, dadas las evidencias científicas sobre la capacidad cancerígena, teratogénica, mutagénica, disruptora endocrina, etc que poseen la mayoría de los agrotóxicos, deberá exigirse estudios de residuos que contemplen los efectos crónicos, cancerígenos y sinérgicos, sino fueron contemplados como exigencias en el país de registro. Reforzamos esta solicitud exigiendo la aplicación del principio precautorio, ante la incertidumbre significativa sobre un riesgo de daño grave irreparable a la salud pública que representa el consumo de alimentos con residuos de agentes cancerígenos, teratogénicos, mutagénicos y disruptores encodcrinos.
d)  que no se exija que todos los ensayos que presenten las empresas debe ser realizados mediante Buenas Prácticas de Laboratorio para estudios de residuos a campo, considerando las directrices de la OCDE, principalmente las 452/453.-

4) En relación al Artículo 3 Inciso b: Objetamos:
a) Que se permita extender el uso de un producto agrotóxico a una plaga/cultivo menor cuando no existan antecedentes internacionales, con la sola validación de los antecedentes nacionales o internacionales para el control de la plaga, en la asociación plaga/cultivo mayor perteneciente al mismo agrupamiento de cultivos. Consideramos que se debe aplicar estrictamente la regla científica del caso por caso para asegurar la inocuidad alimentaria y la eficacia agronómica sin poner en riesgo la biodiversidad.
Sobre este inciso b, reiteramos las objeciones apuntadas en los párafos b,c y d del punto 2 del presente escrito.

5) En relación al Artículo 3 Inciso c: Objetamos:
a) Que no se aclara que cuando se refiere al estudio ensayo de eficacia agronómica que deben presentar las empresas deber ser realizado en una zona agroecológica representativa de la práctica agrícola más difundida en el cultivo de interés y donde la plaga a evaluar cuente con condiciones predisponentes para su desarrollo, debe ser en el país.
Sobre este inciso c, reiteramos las objeciones apuntadas en los párafos b,c y d del punto 2 del presente escrito.

6) En relación al Artículo 4 objetamos que solo se contemple como umbral para la ampliación del uso de agrotóxicos a cultivos menores la clasificación toxicológica aguda establecida según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2009, correspondientes a las clases Ia (Extremadamente peligroso) ó Ib (Altamente peligroso) y que se le dé prioridad de inscripción - por considerarlos el SENASA (se deduce) menos peligrosos - los correspondientes a las clases toxicológicas III y IV.
No obstante, atendiendo al primer punto de inadmisibilidad y dado los resultados de los controles realizados por el SENASA entre los años 2011-2016, consideramos que en relación a los registros de formulados comerciales correspondientes a las clases “Ia” (Extremadamente peligroso) ó “Ib” (Altamente peligroso) deben ser expresamente prohibidos, con el acompañamiento de una fuerte campaña de información y concientización.
Sin perjuicio de lo expuesto, insistimos que se ignora por la autoridad, los efectos crónicos, cancerígenos y sinérgicos de los agrotóxicos. Por ello, el problema de los residuos de agrotóxicos en los alimentos no sólo se resuelve atendiendo a los efectos agudos de dichas sustancias, también deben considerarse los efectos crónicos.
Sobre este último punto advertimos que es necesario partir de una consideración de carácter científica que es vertebral:no existe un valor seguro de exposición a los agentes cancerígenos, disruptores endocrinos, genotóxicos o mutagénicos, esto es así, dado que los mismos actúan a muy bajas dosis en el tiempo y son bioacumulables, siendo absolutamente indeterminable el umbral de exposición ante el daño. A su vez, debe tenerse en cuenta que los agrotóxicos se potencian entre sí, es lo que se denomina efectos sinérgicos que no son considerados como un criterio de análisis de riesgo en esta norma que se propone; y ello representa exponer a la población, ciertamente, a un riesgo inaceptable.
En definitiva, no debería autorizarse agrotóxicos que no cuenten con esos estudios y aseguren no poseer efectos crónicos, cancerígenos y sinérgicos con fundamento en ensayos de laboratorio adecuados (directrices OCDE 452/453). A priori, igualmente, no deberían ser autorizados (sino directamente prohibirse, sin más trámite) para su uso en alimentos principales/mayores y menores aquellos agrotóxicos que hayan sido declarados como probables o posibles cancerígenos por organismos internacionales o agencias de contralor locales.
Por último, también opinamos que no sólo no deberían ser autorizados para aplicar sobre los alimentos menores, sino también ser prohibidos para los alimentos mayores/principales todos los agrotóxicos que fueron prohibidos en la Unión Europea, a saber: Acefato, Aldicarb, Carbaril, Carbendazim, Carbofurán, Diclorvós, Fenarimol, Fenitrotion, Guazatine, Haloxifop, Hexaconazole, Ipridione, Linurón, Novalurón, Permetrina y Procimidone (los cuales fueron detectados en 38 alimentos - frutas, verduras, hortalizas, oleaginosas y cereales -, según los controles del SENASA entre los años 2011-2016). Con el mismo alcance debería procederse respecto de los agrotóxicos que fueron prohibidos en los países de origen de las empresas que ostentan los registros.

7) En relación al Artículo 5 objetamos que no se contemple previo al dictamen de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos una instancia de participación ciudadana que permita a al universo de consumidores y consumidoras como la población, en general, presentar observaciones, opiniones y/o objeciones a la información presentada por las empresas registrantes. En tal sentido, se viola expresamente la Ley General del Ambiente, la Ley de Defensa del Consumidor y la Constitución Nacional, que garantizan el derecho a la información y la participación ciudadana.
Por ello, instamos a que se comprenda en el proyecto de resolución que previo al Dictamen de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos se establecerá una instancia de participación ciudadana con acceso amplio sobre el resumen de los ensayos e informes técnicos presentados por las empresas para obtener la ampliación o autorización de uso de los agrotóxicos a alimentos menores.

8) Denunciamos que el proyecto de resolución propuesto tiene un ardid muy claro. Es sabido, conforme consta en los controles realizados por el SENASA en el Plan Creha (2014-2016) como en el Consolidado Trienal (2011-2013), que los cultivos considerados menores son también sometidos al uso intensivo de agrotóxicos desde hace años, y esta Autoridad no ha tomado ninguna medida al respecto, siquiera alertado a la población. Por ello, el proyecto de resolución tiene como objetivo – en realidad - legalizar los residuos de agrotóxicos en los alimentos y validar parámetros internacionales que fijan estándares superiores al valor por defecto de 0,01 mg previsto en la Resolución 934/2010, y que en la actualidad es la referencia de rigor que debe ser tenida en cuenta.
De avanzarse en el proyecto de resolución y validarse valores de LMR superiores al valor por defecto, se hace reserva de la acción judicial por violación del principio de progresividad, que conlleva el principio jurídico de no regresión normativa.
Advertimos que aun el ardid denunciado, las responsabilidades penales no quedan eximidas de investigación, muy por el contrario, el presente proyecto representa no sólo un despropósito para la salud pública sino un vano manto de encubrimiento sobre la desidia estatal en la materia, que agrava la situación.

9) Que conforme los resultados de los controles del Plan Creha (2014-2016) y Consolidado Trienal (2011-13) se detectaron 16 agrotóxicos que cuyos registros han sido cancelados para su uso y comercialización en Europa, a saber: Acefato, Aldicarb, Carbaril, Carbendazim, Carbofurán, Diclorvós, Fenarimol, Fenitrotion, Guazatine, Haloxifop, Hexaconazole, Ipridione, Linurón, Novalurón, Permetrina y Procimidone. Sin perjuicio de lo solicitado en el Punto 4 del presente comentario, exhortamos a las autoridades del SENASA a que, en el cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y considerando las prescripciones penales de la ley 24.051, proceda a la apertura de Análisis de Riesgos y se ordene la cancelación de todos los registros, como principios activos y formulados, de los agrotóxicos listados, considerando las evidencias y fundamentos expuestos por la autoridades competentes de la Comunidad Europea, en razón del riesgo que representa para la población el uso de dichas sustancias en los alimentos, tanto principales/mayores y menores.

III.- PETICIÓN
Solicito al SENASA que se abstenga de aprobar el presente proyecto de resolución sin contemplar las observaciones, objeciones y aportes que se realizan en el presente comentario.
Reservo derechos.

Pedido al gobierno nacional para detener el envenenamiento masivo

Fuente:
https://docs.google.com/document/d/1Qz3_2fGZVb8FHemfKVBOzwkDUvY8gBs9G7q-9L_MGn0/edit#

                                          Marcos Paz, 23 de febrero de 2018

Al Sr ministro de Agroindustria Luis Etchevehere:

Al Sr Ministro de Ambiente y desarrollo Sustentable Sergio Bergman

Ante la Resolución 1/2018, Conjunta de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria que ustedes administran, destinada a avanzar en pautas para regular la aplicación de plaguicidas, fundamentalmente en zonas periurbanas, desde la Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas de América Latina (RAPAL) manifestamos nuestra preocupación y rechazo de la normativa entre otros por las siguientes aseveraciones expresadas en la misma:

Dice la normativa

“Que la implementación de buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios es de interés común a toda la Nación, razón que amerita una mejor definición de los principios políticos rectores para una mejor coordinación en todo el territorio de las políticas en la materia”

No se tiene en cuenta que:

El problema de salud pública originado por los plaguicidas no se inicia en la aplicación, muy por lo contrario, cabe reflexionar sobre los mecanismos que hacen a la autorización de importación y fabricación de dichos productos, a su categorización toxicológica y a su comercialización, de tal modo que:

a-      En nuestro país se permite la importación, fabricación y venta de plaguicidas cuyos productos activos se hayan prohibidos o restringidos en otras naciones tal el caso del herbicida Paraquat y los insecticidas Fipronil e Imidacloprid

b-      Se categoricen a los plaguicidas solo por su efecto agudo y sin tener en cuenta sus características químicas y relación con el ambiente y además la posibilidad generar enfermedades crónicas; como el cáncer o mal de Parkinson, ya actuar como disruptores endocrinos o producir enfermedades epigenéticas

c-      En la actualidad la venta de agrotóxicos se realiza con un muy bajo control, aún de aquellos productos categorizados como altamente peligrosos. Se pueden adquirir incluso fraccionados y/o utilizarse en cultivos para los cuales no han sido autorizados.

d-      Se continúa utilizando un término neutro “fitosanitario” para denominar productos altamente peligrosos para la salud socioambiental lo cual resulta inadmisible si se quiere alertar a las personas expuestas a estos productos

Continua la normativa expresando que

“Que la Ley Nº 25.675, en su Artículo 2º, determina entre los objetivos de la política ambiental nacional, los de asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas, promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria, promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales y establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales”.

No se tiene en cuenta que:

Si se hace hincapié realmente a la salud pública se debería tener en cuenta los siguientes ítems:

-       Las características fisicoquímicas de los productos, por ejemplo, su bioacumulación, su solubilidad en agua, su persistencia, “efecto saltamontes”, su capacidad toxica dentro de los parámetros que hacen a la categorización y venta de estos productos

-       Se apoyaría más desde la política públicas, y sus instrumentos, a la producción agroecológica

-       Se realizarían más estudios epidemiológicos en comunidades expuestas a los agrotóxicos

-       Se prohibirán los productos extremadamente peligrosos

Continua la normativa establecida

“Que dicho Consejo Científico Interdisciplinario informó en el mes de julio de 2009, entre otras, que bajo condiciones de uso responsable (entendiendo por ello la aplicación de dosis recomendadas y de acuerdo con buenas prácticas agrícolas), el glifosato y sus formulados implicarían un bajo riesgo para la salud humana o el ambiente, poniendo de relieve la importancia fundamental de las buenas prácticas”

No se tiene en cuenta que:

-       Si bien el herbicida glifosato es uno de los productos más utilizados, no es el único dado que derivado de la perdida permanente de diversidad biológica y de la generación de resistencias en insectos y enfermedades, se utilizan plaguicidas altamente peligrosos como el 2, 4 D., paraquat, clorpirifos, entre otros.

-       Existe información científica que demuestra el efecto en la salud del glifosato y otros plaguicidas. Basta analizar la excelente Antología toxicológica del glifosato realizada por el técnico en epidemiología Eduardo Rossi donde se reúnen trabajos científicos relacionados con el efecto del herbicida en la salud socioambiental

Continua la disposición

“Que en el marco de dicha Red de Buenas Prácticas Agropecuarias se han elaborado DOS (2) documentos de referencia técnica, a saber: las Pautas sobre Aplicaciones de Productos Fitosanitarios en Áreas Periurbanas, y las Recomendaciones para Normativas de Departamentos, Municipios y Partidos que regulen sobre Aplicación de Productos Fitosanitarios”.

Ante esta situación cabe preguntarse

-       ¿qué son las buenas prácticas agrícolas ¿quién las termina? ¿quién controla? Se debe tener en cuenta que más allá de las prácticas y condiciones de aplicación cada producto químico posee sus propias características, lo que determina su vida de “escape” y vida media en el ambiente; por ejemplo, su solubilidad, su capacidad bioacumularse, su deriva primaria y secundaria y desde allí las posibilidades de causar enfermedades agudas y crónicas.

-       ¿Quién controla por ejemplo la venta de plaguicidas, las condiciones sociales de aplicación, las condiciones labores de uso, el desecho de envases y líquidos remanentes? 

Por último, la disposición expresa

ARTÍCULO 3º.- Créase el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios con el objeto de:

a. Elaborar los principios que deben regir las políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias, sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, con especial atención sobre las aplicaciones en zonas de amortiguamiento o “buffer” adyacentes a áreas que requieren especial protección.

 b-Formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios.

c. Formular recomendaciones sobre cómo fortalecer los sistemas de control y monitoreo de las actividades de aplicación de fitosanitarios.

Cabe reflexionar que

-       El grupo de trabajo contempla un solo representante relacionado con la salud de la población, trabajadores y productores expuestos, ¿así se protege a la salud de las comunidades y de los trabajadores expuestos?

-       Más allá de las zonas lindantes a las zonas de aplicación, las comunidades se hallan expuestas en forma directa a la fase de aplicación e indirecta al aire, agua, alimentos y suelo contaminados

-       Los trabajos de campo han demostrado que los sistemas de control de comercialización y registro de aplicación son muy débiles, cuanto en ocasiones inexistentes; ejemplo en las actividades hortícolas, producción de tabaco, etc.,  

“Podrán preverse instancias de participación, con carácter consultivo, de actores relevantes de la sociedad civil con reconocida capacidad técnica en las materias que trate el Grupo de Trabajo”

-       Esta misma asevareación se hizo en la creación de la comisión nacional de seguimiento del uso de agroquímicos sancionada en el año 2009, durante el gobierno de la Dra. Cristina Fernández, y NUNCA fuimos invitados a pesar de nuestras reiteradas solicitudes por escrito.

Ante esta situación y la premura relacionada en que se trata de la salud pública solicitamos;

-       Iniciar una profunda discusión acerca del uso e impacto de los plaguicidas, en la cual participen todos los actores involucrados a fin de realizar diagnósticos apropiados y planificar actividades concretas, plausibles y eficaces

-       Que el gobierno argentino, tal como se discute actualmente en la Estrategia internacional sobre el manejo de sustancias químicas, SAICM en su sigla en inglés, reconsidere el registro, categorización y uso de los plaguicidas denominados altamente peligros (HHP).

-       Que se apoye de manera integral, continua en el tiempo y de modo sustentable a la producción de base agroecológica

Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho

Coordinador regional de la 

Red de Acción y plaguicidas

y sus alternativas de América Latina

NOS SUMAMOS AL TWITAZO #LosAgrotóxicosMatan

SUMATE AL TWITAZO #LosAgrotóxicosMatan

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, el que antes de asumir dijo no saber nada de ambiente, el que quiere modificar la ley de glaciares para favorecer a las mineras, el que se viste de planta y el Ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, el ex Presidente de la Sociedad Rural, el terrateniente que mantenía a personas que trabajaban en situación de exclavitud, el investigado por estafa, administración fraudulenta y evasión tributariareunirán este mediodía para anunciar en conferencia cómo seguirán llevando adelante el GENOCIDIO Y ECOCIDIO en Argentina.

El relato de los agroquímicos

La Nación, el 8 de diciembre de 2017, publicó la nota “¿Un mundo sin agroquímicos?” (http://www.lanacion.com.ar/2070279-un-mundo-sin-agroquimicos). El título parece invitar a un análisis profundo sobre el  tema más vital y controvertido de hoy,  pero nos lleva por un mar de juicios infundados, falta de lógica y execrable ética.

 El encabezamiento ya nos enrostra una declaración totalmente improbable: “sin estos productos habría mucho más hambre del que hoy existe”. Suena a verdad indiscutible porque a nivel de parcela se produce más usando tóxicos que sin ellos, pero eso no se puede extrapolar a nivel macro. La agricultura moderna destruye a la producción campesina, que es la que abastece a los más pobres, mientras produce  forraje y commodities  para la industria. El 50 % de la producción en este modelo se pierde como desperdicio; y el resto, si bien equivale a un 20 % más de lo que se necesita para alimentar al mundo, no puede ser pagado los hambrientos.  La agricultura ecológica con comercio justo sí puede alimentar al planeta entero porque aprovecha mejor tanto el recurso humano como los demás: agua, suelo, capital. Lo fundan muchos artículos científicos; un ejemplo: MODELOS ECOLÓGICOS Y RESILIENTES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA EL SIGLO XXI, -Department of Environmental Science, Policy and Management, University of California (http://revistas.um.es/agroecologia/article/viewFile/160641/140511). En esta línea, Naciones Unidas recientemente desmintió que los agroquímicos tóxicos sean necesarios para producir alimentos, los responsabilizó por la muerte de al menos 200 mil personas al año, denunció el lobby empresario y confirmó el impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente.

Otro juicio de base del artículo es llamar “judicialización de conflictos por toxicidad” al aumento de causas penales y civiles. El fundamento  es que en Estados Unidos hay cientos de casos por año y en Argentina miles: no toma en cuenta que los casos de toxicidad son mucho más graves y  numerosos  en los países en que hay reglas más laxas y peores controles. El 63 % de las frutas, verduras y hortalizas que se consumen en Buenos Aires y La Plata (donde viven 20 millones de personas) contiene agroquímicos tóxicos, según información del SENASA, -extraída bajo la presión de un amparo judicial interpuesto por “Naturaleza de Derechos”-.  El envenenamiento de las zonas rurales es mucho mayor en Latino-América que en América del Norte, así como el de los alimentos. http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Argentina_Agrotoxicos_en_la_mesa

Atreviéndose más todavía, argumenta que  es equiparable la contaminación ambiental causada por motores y artefactos domésticos con la de los biocidas, sin mencionar estadísticas porque todas lo desmentirían. El tema no es trivial. La Red Universitaria de Ambiente y Salud solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adjuntando informes y pruebas contundentes de daño grave e irreparable a la salud humana, del que se derivan consecuencias sanitarias como el aumento considerable de enfermedades graves: cáncer, leucemia, malformaciones, abortos espontáneos, lupus, etc, que los médicos de distintas localidades y provincias del país vienen denunciando desde hace años. Incrementos de más de 300 % para algunas de estas enfermedades en pocos años, coincidentes con la llamada “sojización”. (http://renace.net/?p=5676)

Luego predice  que sin agroquímicos tóxicos quedaríamos afuera de la “modernidad”. No explica el concepto de modernidad pero nos deja un miedo crucial: o nos dejamos envenenar o vivimos en cavernas. Aquí es donde más claramente choca contra las evidencias de explotaciones extensivas que logran excelentes rendimientos sustituyendo biocidas por buen manejo de suelos, control biológico de plagas y otras técnicas -algunas tradicionales, otras, más modernas que el sistema contaminante-. (http://www.huerquen.com.ar/Nota.php)

El artículo niega toda la información científica sobre los daños que producen, tanto los transgénicos, como los insecticidas y otros tóxicos que ingerimos; también ignora los estudios sobre deriva de nube tóxica y afirma -sin ninguna justificación- que 1000 metros de distancia de restricción para cascos urbanos es “exagerada”. La realidad es que encontraron en la Antártida insecticidas aplicados en la zona pampeana, y en Islandia sustancias tóxicas aplicadas en viñas francesas. Un líquido pulverizado en el aire viaja mucho más lejos de lo que se creía hace pocos años.

Cuando se refiere al componente social del drama, es en tono de burla. Escribe que los pobladores reaccionan “como si la magnitud de las siembras o la especificidad de lo que se cultiva predispusiera a la violación de la ley”.  Este juicio oculta un hecho muy probable: la monocultura y las siembras gigantescas son el negocio que se acabaría sin biocidas. La agronomía verdadera, la que no envenena el alimento que produce, es inmanejable para  pools de siembra pero más económica y rentable para pequeños y medianos productores; requiere mejor atención de suelos agua y cultivos, por lo que genera empleo e igualdad, además de ser saludable y sustentable.

El autor, al fin de tanto esfuerzo persuasivo, nos llama al diálogo civilizado (tal el fin de estas líneas); a apelar a criterios lógicos (apelo, ruego, suplico); y a la “certeza científica”, cuestión muy discutida.