miércoles, 14 de enero de 2015

Qué hacer cuando nos envenenan

Las redes sociales se están convirtiendo en un instrumento de denuncia que refuerza el lento trabajo de la justicia ordinaria.

https://www.facebook.com/video.php?v=10201926482642219

Nuestra ineptitud se torna verguenza

Fuente: Página 12 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-263860-2015-01-14.html


Los desmontes de la soja

Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.
 Por Darío Aranda

En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”, reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento salteño de San Martín), para defender el único monte que les quedaba. En septiembre, las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador, Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da comida, es nuestra farmacia a cielo abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el chaguar para nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos de desmonte que otorgó”, reclamaron y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena relevar los territorios). No tuvieron respuesta.
La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alerta.
Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que el monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos ambientales y humanos”.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”, alerta el documento de la Escuela de Antropología.
Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó la situación como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes, desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. No puede haber silencio ante esta situación que urge revertir”, instó Buliubasich.
En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y científicos enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos. Según Greenpeace, con esa metodología se habían arrasado 130.000 hectáreas de monte nativo.
La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre empresarios y pueblos originarios.


La lucha contra la intoxicación por agroquímicos se intensifica y expande

La voz de los Pueblos Fumigados llega a los medios masivos

Lo logramos a partir de la Campaña "Aire libre de Agronegocios" que impulsamos desde el Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina y Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto.
La campaña tiene como fin la visibilización de la problemática del Agronegocio y sus graves consecuencias, en los medios tradicionales de comunicación.

Comenzamos con Radio Mitre, en la cual, luego habernos movilizado el dia 23 de diciembre a las puertas de la emisora, hemos conseguido un espacio en el Programa Encendidos, este jueves 15 de Enero, a las 16 hs. Para la entrevista hemos convocado a Emanuel Garrido, compañero de Pueblos Fumigados, activista ambiental, quien fuera despedido de su puesto de Director de Medio Ambiente en la localidad de Coronel Suarez por haber denunciado incansablemente las fumigaciones en las escuelas rurales y el daño para la salud de docentes y estudiantes.
Invitamos a los medios alternativos, populares y comunitarios, y a las organizaciones interesadas a firmar la convocatoria y a sumarse a los "abrazos" a los medios tradicionales.

Agradecemos la difusión y estaremos publicando la próxima fecha de movilizacion al siguiente medio para ir juntxs por mas aire!

Evento:https://www.facebook.com/events/530009270468712/556462971156675/?comment_id=556466411156331&notif_t=event_mall_comment

Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina (Facebook)
Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto (Facebook)
mail: frentedeluchasobal2013@gmail.com

martes, 13 de enero de 2015

CARTAS AL PAPA FRANCISCO SOBRE AMPLIA PROBLEMATICA DEL MODELO PRODUCTIVO, AGROQUÍMICOS, SALUD HUMANA, Y MEDIO AMBIENTE

Fuente: http://www.cepronat-Santafe.com.ar/ver_noticia/noti/300/CARTAS_AL_PAPA_FRANCISCO_SOBRE_AMPLIA_PROBLEMATICA_DEL_MODELO_PRODUCTIVO_SALUD_Y_MEDIO_AMBIENTE.html

El lunes 12 de enero del 2015 se ha entregado a Monseñor Lucio Ruiz, responsable del Servicio de Internet del Vaticano, como dice su tarjeta, (de parte de las organizaciones abajo nombradas) dos cartas dirigidas al Papa Francisco referentes a la amplia y grave problemática del nuevo modelo productivo, sus fumigaciones humanas, transgénicos, problemas a la salud y a la vida de las personas, contaminación, etc. Él se comprometió a entregárselas en mano.
La noticia de que el Papa Francisco iba a presentar una Encíclica donde la protección del Ambiente y la Ecología Humana tendrán un lugar preponderante, nos llenó de esperanza y nos impulsó a escribir estas cartas. Esperemos ansiosos que llegue a Francisco para que su palabra influya a cambiar nuestro presente y sentar las bases de un futuro esperanzador para todos.
Una carta está firmada por el Foro Santafecino por la Salud y el Ambiente (CE.PRO.NAT, A.DE.CI, C.O.D.E, Club Frutal, Centro de Estudios Alejandro Olmos, Museo de Cs Naturales "Florentino Ameghino", Centro Cultural y Social “El Birri”, Conciencia Solidaria Santa Fe, Hospital Iturraspe, Agrupación Universitaria “Madreselva”, Biblioteca Popular "Antonio Pizzurno" , Docentes, Estación Zoologica Experimental "La Esmeralda"); y la otra por la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y la Multisectorial "Paren de Fumigarnos". Se adjunta los archivos de los dos textos.

jueves, 8 de enero de 2015

La Corte ratifica los 1000 metros sin fumigaciones

La Corte ratifica los 1000 metros sin fumigaciones

descarga (6)La Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires, rechaza el pedido del municipio que solicitaba volver a aplicar agrotóxicos a menos de 1000 metros de casas y personas.
La resolución de fs. 164/171, el recurso de reposición y pedido de levantamiento de la medida cautelar planteados por la parte demandada a fs. 340/349, lo expuesto por los actores a fs. 359/362 al contestar el traslado que se les confiriera de aquella presentación; la documentación agregada a fs. 181/333; y
CONSIDERANDO:
El 24 de septiembre del corriente año, esta Suprema Corte suspendió, con carácter cautelar, los artículos 19, 23, 27 y 28 de la Ordenanza 21.296/2013 dictada por la Municipalidad de General Pueyrredon y dispuso que en los aspectos puntuales regidos por las disposiciones normativas cuya suspensión se ordenaba, se aplicara el régimen anterior previsto en la Ordenanza 18.740/2008 y sus modificatorias, hasta tanto se arribara a una solución definitiva acerca de la constitucionalidad de las normas implicadas.
1. Contra dicho decisorio la demandada interpone una impugnación que denomina “revocatoria in extremis” argumentando que el Tribunal ha dictado la resolución sin la intervención de su parte y omitiendo elementos de juicio esenciales que, de haber sido oportunamente considerados, hubieran conducido a una solución diversa.
Subsidiariamente y alegando idénticos argumentos, solicita el levantamiento de la suspensión ordenada provisionalmente.
2. La decisión que resuelve conceder una medida cautelar no es una providencia simple susceptible de ser cuestionada, por regla, por vía de un recurso de reposición (art. 238, C.P.C.C.).
En el caso, no se advierte la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen adoptar una decisión distinta y los argumentos desplegados en la impugnación no resultan útiles a ese fin en tanto, como es principio en esta materia, las medidas cautelares se dictan sin intervención de la parte contraria (art. 198, C.P.C. y C.) y, además, en este supuesto previamente se requirió a la accionada la remisión de los antecedentes de la norma cuestionada.
Por tal motivo, corresponde desestimar el planteo deducido por la demandada en los acápites IV y V de la presentación obrante a fs. 340/349 (art. 238, C.P.C. y C.).
II. En consecuencia, queda en pie la pretensión secundaria por medio de la cual la Municipalidad de General Pueyrredon persigue el levantamiento de la tutela provisional otorgada.
1. Sustenta su pedido en que “… El nuevo régimen cuestionado por la actora (Ord. 21.296/13) de ninguna manera ha disminuido la protección al medio ambiente que otorgaba la legislación original derogada (Ord. 18.740/08), sino todo lo contrario, ya que entre otras cosas establece aumento de los controles por los organismos provinciales, establece mayores marcos de seguridad para el uso de agroquímicos como así también para su venta, seguridad a los operarios, y calidad e inocuidad de los productos de consumo producidos”.
Explica que “…el Programa de Desarrollo Rural Sustentable creado por la Ordenanza n° 21296 tiene como objetivo principal generar un proceso de transición con base a las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas hasta llegar a una Producción Agroecológica y/o de Manejo Integrado. Todo en línea con las últimas tendencias internacionales en la materia. Se crea la Franja Transicional Periurbana (FTP) formada por un radio de mil (1000) metros computados a partir de los núcleos urbanos y en las Zonas de Puntos de Alto Riesgo”. Puntualiza que estas últimas “son aquellas que se encuentran a 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, y a 25 metros de cursos de agua, clubes, camping, villas deportivas y complejos turísticos, donde está prohibido el uso de agroquímicos, salvo excepción temporaria en el Acuerdo Tecnológico”. Especifica que “dentro de la misma FTP se encuentra la Zona de Amortiguamiento y Producción Agroecológica, donde solo está permitido el uso de agroquímicos franja verde o categoría IV, salvo excepción temporaria del Acuerdo Tecnol& oacute;gico”. Culmina señalando que “la norma ha sido recientemente reglamentada por el Decreto municipal n° 1935/2014, precisando los controles y las estrictas obligaciones impuestas a los productores agrícolas en el uso de agroquímicos. Nada de lo cual existía en la anterior Ordenanza 18740” (v. especialmente fs. 344 vta. y 345).
2. Por su parte, al contestar el trasaldo que se le confiriera, la actora aduce que “…en cuanto a que la ordenanza nueva N° 21296 ha sido superadora de la anterior, no se entiende con qué criterio se evalúa este aserto, dado que antes no se podía fumigar a menos de 1000 metros y ahora una familia como la del actor Leandro Ferro puede ser fumigada alambre de por medio, como ocurre hasta el día de la presentación de esta contestación…”. Pone de relieve que “…la franja transicional periurbana nunca se instrumentó…” y que “…respecto de los productos de banda verde, lo que el Senasa dice es que no causan daño al ambiente, pero se ignora su toxicidad…”. Finalmente señala que “Es posible que la ordenanza anterior 18.740 presente defectos técnicos importantes, pero ello no hace mejor a la nueva ordenanza 21.696 que achica la protección hasta tornarla inexistente. Por lo menos con la legislación anterior no se podía fumigar a mil metros lo que hacía que la deriva fuera menos perjudicial, por la extensión de la franja de protección libre de agroquímicos” (v. fs. 360 y 361 vta.).
3. Cabe recordar que las notas de provisoriedad y variabilidad que caracterizan a este tipo de medidas permiten que en todo proceso sea factible decretar la modificación de las providencias precautorias ya dispuestas o su levantamiento, atendiendo a aquellas circunstancias sobrevinientes o que no han podido ser valoradas al momento de dictarlas. Por ello, el Código Procesal establece que “las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron” (art. 202).
En el caso, pese a las alegaciones de la parte demandada en sentido contrario, la documentación incorporada al proceso no ha alterado las circunstancias que determinaron el dictado del remedio provisional cuyo levantamiento pretende la comuna demandada.
Por el contrario, de allí surge que uno de los estándares básicos de protección vigentes hasta la sanción de la Ordenanza 21.296/2013 –imposibilidad de fumigar a menos de mil metros (cfr. art. 1°, Ord. 18.740/2008)- ha sido modificado por la nueva norma, que disminuyó ostensiblemente el área de protección al circunscribir -admitiendo excepciones- la región prohibida para el uso de agroquímicos a las que denomina “Zonas de Puntos de Alto Riesgo”; es decir, a tan solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud o a 25 metros de cursos de agua, clubes, campings, villas deportivas y complejos turísticos, pudiendo hacerlo con aquellos productos catalogados como de banda verde dentro del radio de mil metros, en la denominada “Zona de Amortiguamien to y Producción Agroecológica” (cfr. arts. 19, 22, 23, 27 y 28, Ord. 21.296/2013).
De la simple comparación de ambos textos surge evidente que, de un régimen que prohibía la fumigación y el uso de agroquímicos en un radio de 1000 metros, se pasó a otro que sólo veda la actividad en uno de 100 metros y que la permite, usando ciertos productos, en los restantes 900 metros.
La confrontación normativa expuesta no permite excluir, al menos prima facie, la presencia de un riesgo objetivo de posible afectación al medio ambiente y a la salud de la comunidad, bienes superiores reconocidos por los artículos 28 de la Constitución provincial y 41 de la Constitución Nacional que justifica el mantenimiento de la tutela precautoria dispuesta por el decisorio obrante a fs. 164/171.
Sobre tal base el tribunal acogió parcialmente la pretensión cautelar requerida; los argumentos en los que basa la Municipalidad de General Pueyrredon el pedido de levantamiento de la medida precautoria decretada no son suficientes y, por tanto, no corresponde hacer lugar al requerimiento.
Obviamente, las consideraciones precedentes tienen lugar desde la perspectiva puramente provisional, propia de lo cautelar, sin que ello signifique abrir juicio sobre la inteligencia del resto de las disposiciones que integran la nueva ordenanza, las que bien pueden perseguir objetivos superadores en pos de obtener un desarrollo rural sustentable.
III. Por último, de la contestación efectuada por los actores al recurso presentado por la demandada surge que “…antes no se podía fumigar a menos de 1000 metros y ahora una familia como la del actor Leandro Ferro puede ser fumigada alambre de por medio, como ocurre hasta el día de la presentación de esta contestación…” (ver manifestación de fs. 360, quinto párrafo), afirmación que ciertamente pone en duda que la medida cautelar dispuesta por el Tribunal se esté cumpliendo.
Por otra parte, de las constancias de autos se desprende que sólo uno de los coactores prestó caución, circunstancia que, llegado el caso, podría ser la determinante de que la medida decretada no se haya hecho efectiva del modo ordenado.
En razón de ello, teniendo en cuenta los hechos del caso, la condición de afectados que los demandantes invocan en la presentación inicial y la naturaleza de los derechos en juego en este proceso, de evidente incidencia colectiva, debe hacerse saber a la demandada que, para el caso de que la medida ordenada no se estuviera cumpliendo con el alcance oportunamente dispuesto -necesariamente colectivo-, habiendo prestado caución uno de los actores, deberá suspender de inmediato los efectos de los artículos 19, 23, 27 y 28 de la Ordenanza 21.296/2013.
A este fin, se librará oficio por Secretaría al que se adjuntará copia de la presente resolución y de la obrante a fs. 164/171, habilitándose días y horas inhábiles para su diligenciamiento, que quedará a cargo de la parte actora (arts. 153 y 198, C.P.C. y C.).
Por todo lo expuesto anteriormente, el Tribunal
RESUELVE:
1. Rechazar el recurso de reposición interpuesto (art. 238, C.P.C.C.)
No hacer lugar al pedido de levantamiento de la medida cautelar deducido subsidiariamente a fs. 348/349 (art. 202, C.P.C.C.).
Hacer saber a la demandada que, en caso de que la medida cautelar no se estuviera cumpliendo con alcance colectivo, pese a haber prestado caución uno solo de los actores, deberá suspender de inmediato los efectos de los artículos 19, 23, 27 y 28 de la Ordenanza 21.296/2013. A tal fin, se librará oficio por Secretaría al que se adjuntará copia de la presente resolución y de la obrante a fs. 164/171, habilitándose días y horas para su diligenciamiento, que quedará a cargo de la parte actora (arts. 153 y 198, C.P.C. y C.).
Regístrese, notifíquese y ofíciese.
Daniel Fernando Soria
Juan Carlos Hitters
Héctor Negri
Luis Esteban Genoud
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Juan José Martiarena – Secretario

Fuente: http://renace.net/?p=5369

martes, 6 de enero de 2015

Transgénicos, el peor negociado

Fuente: http://www.agenciacta.org/spip.php?article14565

Transgénicos en la Argentina: Un negocio atendido por sus dueños 
 
Lunes 5 de enero de 2015, por Darío Aranda *
Un organismo clave en la autorización de transgénicos está dominado por las empresas del agro y por científicos vinculados al sector privado. Monsanto, Syngenta, Ledesma y Dow, entre otras corporaciones, se ubican a ambos lados del mostrador. Los conflictos de intereses y el Estado cómplice.
Las multinacionales Monsanto, Bayer, Syngenta y Dow son algunas de las empresas que tienen injerencia en la aprobación de los transgénicos que esas mismas empresas impulsan. Se trata de la Conabia (Comisión Nacional de Biotencología), donde también participan empresas “nacionales” (Biosidus y Don Mario) y las cámaras empresarias. También figuran “investigadores independientes”, pero con claras vinculaciones con empresas. El Gobierno y las compañías publicitan la Conabia como un “espacio pionero con un marco regulatorio sólido y de base científica”. De los 47 integrantes, más de la mitad (27) pertenecen a las empresas o tienen clara vinculación con las mismas firmas que deben evaluar.
Conflictos de intereses, y complicidades, en la aprobación de transgénicos en Argentina.

Conabia

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) funciona desde 1991, depende del Ministerio de Agricultura y actúan en tándem con la Dirección de Biotecnología (también del Ministerio). Tienen como objetivo “garantizar la bioseguridad del agroecosistema”.
Según la propia información oficial, la Conabia “analiza y evalúa las solicitudes presentadas para desarrollar actividades con OGM (organismos genéticamente modificados -transgénicos-). En base a información científico-técnica y a datos cuantitativos respecto de la bioseguridad del OGM emite un dictamen” para la continuación o rechazo del pedido empresario.
La Conabia reconoce que cuenta con representantes del sector público y privado y los denomina “expertos”. La Conabia aclara en su página de internet que “los miembros deben expresar cualquier tipo de conflicto de interés que pudiera surgir en la evaluación de las solicitudes presentadas. Esto es imprescindible para garantizar la transparencia e imparcialidad de los dictámenes”.

Integrantes

Son dos hojas A4. Una lista de nombres, apellidos y pertenencia institucional. Aunque son integrantes de un espacio oficial, la información no provino de ninguna oficina de gobierno (que esconde los nombres), sino del sector privado. En la lista figuran 47 personas. De ellas depende, en gran medida, la aprobación de transgénicos en Argentina. Y, paradoja, 27 de ellas son de las mismas empresas que impulsan el modelo transgénico o de científicos con estrechos lazos con las mismas empresas.
También hay 12 técnicos y funcionarios del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), Inase (Instituto Nacional de Semillas), INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Todos espacios con frondosos antecedentes de colaboración con el sector privado y transgénico.

Monsanto

Miguel Alvarez Arancedo es ingeniero agrónomo recibido en la UBA. Participa en la Conabia como parte de Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes). Su lugar de trabajo real es Maipú 1210, la oficina central de Monsanto en Argentina. Arancedo es desde 2004 el director de Asuntos Regulatorios de la principal multinacional transgénica del mundo y también es vicepresidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA, espacio de articulación y lobby político de las multinacionales y empresas locales).
En marzo de 2012, Arancedo celebró que la nueva soja de Monsanto (Intacta RR2 Pro) comenzaría a sembrarse en breve y se refirió al sistema de liberación del transgénico: “Tenemos la aprobación de Conabia, así que venimos muy bien en los tiempos. Creemos que podría llegar a estar a disposición de los productores el año que viene (2013)”.
Arancedo no aclaró que él mismo participa en la Conabia y en el sistema de aprobación.
El Gobierno Nacional autorizó la soja ese mismo 2012.

Syngenta

Juan Kiekebusch está inscrito en Conabia como miembro de ASA. Lo cual es cierto. Pero también es director del Comité Ejecutivo de Syngenta, una de las mayores corporaciones del agro. En el Biotech Forum (publicitado como el “primer foro internacional del negocio de la biotecnología” ), Kiekebusch reclamó acelerar los tiempos de aprobación de transgénicos: “Un avance biotecnológico que en Japón tarda un año y medio en ser aprobado, aquí y en Europa lleva cinco años".
En el XVIII Congreso de Aapresid, el directivo de Syngenta e integrante de Conabia reclamó “decisiones política” para un marco regulatorio que contemple la “protección de derechos de propiedad intelectual” para así facilitar nuevos transgénicos.

Aacrea

Juan Balbín figura en la Conabia como representante de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), espacio institucional de pequeños y medianos empresarios del agro. En mayo de 2013 integró la comitiva oficial a China (encabezada por el ex ministro de Agricultura y presidente de la Cámara de Diputado, Julián Domínguez).
También formaron parte del viaje Pablo Vaquero (presidente de Monsanto), Gastón Fernández Palma (presidente de Aapresid y vicepresidente de Maizar -reúne a las empresas del sector-), Miguel Calvo (titular de Acsoja -empresas de soja-) y Manuel Mihura, director de Nuevos Negocios de la semillera Don Mario, entre otros. El motivo del viaje fue exponer la bondades de la soja Intacta, que no contaba aún con la aprobación en China, y al mismo tiempo convencer a los funcionarios chinos de las (supuestas) ventajas de los eventos transgénicos para maíz.
Por Aacrea también está Bernardo Debenedetti. La organización se autodefine como “una asociación de empresarios agropecuarios que trabajamos en grupo, y compartimos nuestras experiencias y conocimientos para aumentar la rentabilidad y lograr el crecimiento económico sustentable de nuestras empresas”. Debenedetti también integra el “Grupo Biotecnología”, espacio que se reúne en la Bolsa de Cereales, y donde participan Casafe, Aapresid, Ciara (exportadores), ASA, y Maizar, entre otras. En resumen: todas las empresas del sector.

Animales transgénicos

Biosidus es una empresa de referencia en la clonación de animales o, también llamados, “animales transgénicos”. Con más de tres décadas en el mercado, se autodefine como “una compañía de biotecnología argentina que ha desarrollado un negocio global en el suministro de biofármacos de alta calidad en territorios de Asia, África, Europa del Este y América Latina”. Señala que ha desarrollada “novedosas plataformas tecnológicas en animales transgénicos, terapia génica y biodiversidad” y se ufana de contar con una” sólida política de propiedad intelectual”.
Uno de sus más publicitados trabajos fue “la primera vaca clonada”, en 2002, bautizada “Pampa”. En esa iniciativa participó Lino Barañao y siempre fu público su trabajo y su cercanía con Biosidus (es curioso que en su CV no aparezca su desempeño en la empresa de biotecnología).
Andrés Bercovich es bioquímico de la UBA, desde hace 23 años trabaja en Biosidus (desde 2008 es Gerente de Investigación y Desarrollo) y también tiene una silla en la Conabia. Bercovich estuvo a cargo del proyecto de los clonados terneros llamados “Patagonia I, II, III y IV”, publicitados como material genético para obtener insulina humana. La publicidad empresaria prometía que con 2500 vacas similares se podría abastecer de insulina a todo el mundo.
“Los argentinos somos muy abiertos a todo lo nuevo en tecnología. No es un país miedoso” , afirmaba el científico en una entrevista publica y daba un ejemplo: “La soja transgénica tiene una trascendencia económica enorme para el país. Y aquí en la Argentina la mayor parte de los cultivos son de plantas transgénicas y nadie tiene problemas en consumirla ni cultivarlas. Hay una historia, una apertura mental. La biotecnología trae soluciones trascendentes, como en el caso de la soja o de los biofármacos”.
En 2010, formó parte del equipo que clonó el “primer caballo en Latinoamérica”, llamado “Ñandubay Bicentenario”. Era de la raza Ñandubay, utilizados para selectos deportes (polo y salto).
El ministro Barañao estuvo presente en en la rueda de prensa y, sin que nadie pregunte, resaltó que “la clonación no presenta ningún tipo de riesgo en la salud del animal ni para el medioambiente”. En el caballo clonado también participó Daniel Salamone, también con nexos con Biosidus e integrante de Conabia.

Caña transgénica y DDHH

Atilio Castagnaro es referente de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (INTA Tucumán). En 2011 formó parte de un equipo de científicos del Mercosur que creó que un robot que busca las plantas de soja más aptas para resistir la sequía. "Un gran resultado de este proyecto es el haber sido capaces de construir un robot o plataforma automática para la evaluación masiva de genotipos de soja, respecto de su capacidad de tolerar el déficit hídrico o sequía", dijo Castagnaro. Cada día, el robot recorre simultáneamente 120 macetas con plantas de soja, determina su consumo hídrico para regarlas con la cantidad precisa de agua, y les toma fotografías estereoscópicas para documentar el crecimiento.
En el grupo de trabajo (y patentamiento) participaron dos empresas: Nidera (una de las grandes multinacionales del agro) e Indear (Instituto de Agrobiotecnología de Rosario), espacio de referencia en cuando al impulso de los transgénicos. Indear, a su vez, pertenece a la empresa Bioceres, donde están presentes Gustavo Grobocopatel (unos de los mayores pooles de siembra del continente) y Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid).
Castagnaro coordina el proyecto de la “Cadena Oleaginosa de Biotecsur (BiotecSojaSur)”, un espacio promovido por el Ministerio de Ciencia donde confluyen académicos, ámbitos estatales y, claro, empresas del agro.
Castagnaro es un férreo impulsor de la caña de azúcar transgénica para agrocombustibles (iniciativa muy cuestionada por movimientos campesinos y organizaciones sociales por sus efectos sociales y ambientales). "El objetivo con las cañas transgénicas fue hacer más eficiente y sostenible la producción.
Dar sustentabilidad económica, social y ambiental y dar un impulso a un cultivo que es clave para producir biocombustibles", resumió Atilio Castagnaro en una charla del Congreso de Aapresid en 2013, en Rosario, y propuso que el 50 por ciento de la matriz energética de Argentina sea en base a agrocombustibles.
Precisó que existen las tradicionales regiones azucareras de Tucumán, Salta y Jujuy, con 550 mil hectáreas de producción. "Hay un potencial de crecimiento de área cercano a los 4,4 millones de hectáreas", aseguró y detalló la expansión de la frontera agrícola de la caña de azúcar transgénica sobre Misiones y norte de Santa Fe.
Le salió al cruce la organización socioambiental tucumana ProEco (de la Red Nacional de Acción Ecologista). “Un modelo que se expande para fumigarnos a todos”, fue el título del comunicado y señaló que la liberación comercial de caña de azúcar transgénica implica que “el modelo del agronegocio se reinventa una vez más” en el sector agropecuario tucumano. Denunció los acuerdos entre la Estación Experimental Obispo Colombres y Monsanto, rechazó el uso de agrotóxicos en Tucumán y apuntó de lleno contra Castagnaro (que también es presidente de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos -APDH- de Tucumán): “Aprendió a modificar los derechos humanos genéticamente”. La ONG se preguntó cómo “la preocupación por los derechos humanos y el promover el aumento de ventas de agrotóxicos pueden cohabitar en un mismo individuo”. Y le recordaron que el modelo transgénico acapara territorios, desaloja indígenas y campesinos y desmonta. “Es una contradicción militar por los derechos humanos y promover la fumigación de grandes territorios provinciales”, cuestionó Roque Vicente Pondal, de ProEco.
Junto a Castagnaro trabaja Bjorn Welin, también parte de la Conabia.

Ingenio Ledesma

Ricardo Fernández de Ullibarri figura como participante de la Conabia por la Chacra Experimental Agrícola Santa Rosa (Salta). La Chacra es el “instituto de investigación” del Ingenio Ledesma e integra también la ASA (Asociación Semilleros Argentinos, donde están todas las grandes empresas internacionales). “El objetivo principal (de la Chacra) es crear variedades que mejoren la productividad, competitividad y rentabilidad de los ingenios del norte argentino”, remarca la presentación de la empresa.
Fernández de Ullibarri es un impulsor de los organismos genéticamente modificados. “Ya tenemos nuestras propias cañas transgénicas, pero aún no las sacamos comercialmente. En todo el mundo se está trabajando sobre eso, pero nadie aún se animó a cultivarlas comercialmente por los prejuicios que hay. Lo más lento es toda la burocracia relacionada a las normas de bioseguridad y legales, no la investigación en sí", se quejó Ullívarri en 2007 .
Y tomó postura sobre los que critican a los OGM: “Hay que trabajar con empresas y consumidores en lo que es imagen, porque hay muchos prejuicios sobre los transgénicos entre la gente".

Cuadro de Monsanto

Hugo Permingeat figura en Conabia como “Investigador Científico de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario”.
Hugo Permingeat, como secretario general de la Facultad y junto a la decana (Liliana Ramírez), justificó abiertamente la incidencia privada en la universidad pública: “Monsanto forma sus cuadros aquí. Son ingenieros agrónomos a los que les brinda la capacitación de posgrado y Monsanto valora esa capacitación que brindamos” .
Fue la forma de justificar que Monsanto, Pioneer y Syngenta hayan “donado” un laboratorio de biotecnología en la Facultad y equipamiento por 300 mil dólares. “Antes no teníamos nada, así que en verdad es nuestro orgullo. Cuando golpeamos la puerta (de Monsanto) para que nos ayuden, no tienen miramientos y nos ayudan a hacer cosas como el laboratorio".
Permingeat, como parte de Conabia, debe autorizar o rechazar pedidos de Monsanto.

¿Ecologista?

Diego Ferraro es ingeniero agrónomo e integra la Conabia como representante de la Asociación Argentina de Ecología (AAE). Curioso es que nadie dentro del mundo socioambiental, asambleas, ONG y académicos conozca a la AAE.
La dirección postal de la Asociación de Ecología es San Martín 4453. Es la misma dirección de la Facultad de Agronomía de la UBA y, también, la dirección del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas (Ifeva), un espacio de estudio con explícita vinculación a las empresas del agro y ferviente defensor del modelo de agronegocios.
El director del Ifeva es Claudio Ghersa, un reconocido impulsor de los transgénicos y con publicaciones científicas junto a Monsanto.
Diego Ferraro trabaja en el Ifeva junto a Ghersa, y tienen media decena de publicaciones científicas en coautoría.
Ante el avance de las malezas resistentes a agroquímicos (uno de los grandes problemas irresueltos del agronegocios), en febrero de 2014 se relanzó la Asociación Argentina de la Ciencia de las Malezas (Asacim). Entre otros, la integran Ghersa y Ferraro. Y también participan las empresas. Entre otras: Aacrea y Aapresid.

ILSI, Monsanto, Bayer...

María Fernanda Foresto figura como integrante de la Conabia como referente por la Chacra Experimental Agrícola Santa Rosa (del Ingenio Ledesma). Pero hay otro conflicto de intereses. Foresto integra el Comité de Biotecnología de ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida), uno de los grandes centros internacionales de lobby científico en favor de los transgénicos. El ILSI está auspiciado y financiado por Monsanto, Dow Agrosciences, Bayer y Syngenta.

INTA

Dalia Marcela Lewi es parte del Instituto de Genética del INTA y forma parte de la Conabia. En el libro “Biotecnología y mejoramiento vegetal II”, Capítulo X, escribe un texto académico titulado “Aplicaciones de la biotecnología en el control de insectos”. Remarca los beneficios de los transgénicos en el control biológico, reducción de plaguicidas, aumento del rendimiento y, como si fuera poco, también remarca el menor uso de agua.
Lewi firma el artículo en coautoría con Clara Rubinstein, de Monsanto Argentina.
También investigó, junto a la empresa Bioceres (otras de las referentes del agronegocios), la resistencia del maíz transgénico al frío y a la salinidad.
Lewi también forma parte del Comité de Biotecnología de ILSI, junto a investigadores de Monsanto, Syngenta, Bayer y Dow Agrosciences.
Escribió un breve artículo en el periódico de la Sociedad Argentina de Apicultores (una de las producciones más afectadas por las fumigaciones). Lewi intentó llevar tranquilidad a los apicultores perjudicados: “Los cultivos genéticamente modificados producen alimentos seguros para el consumo humano y animal. Se han estudiado cuidadosamente y cumplen con las normas de seguridad ambiental y alimentaria. Toda la evaluación está basada estrictamente en criterios científicos. Vale la pena destacar que no existen peligros de toxicidad o alergenicidad”.
Dalia Ewi firmó el artículo como “miembro de Conabia”. Omitió sus vinculaciones con las empresas transgénicas.

Popurrí

Teresita Martín figura como parte de Conabia en representación del Foro Argentino de Bioteconología. No específica que es referente de la empresa DuPont Pioneer. En Conabia también participan (y deciden) Luis Negruchi (Aapresid) y Alejandro Petek (Aapresid).
Guillermo Mentruyt firma como integrante de ASA (Semilleros), no aclara que es gerente de Asuntos Regulatorios de Dow AgroSciences
En julio de 2012, Dow AgroSciences anunció “la inminente comercialización” de los primeros híbridos de maíz con hasta cinco características “modificadas a través de la biotecnología”. Mentruyt Explicó que los maíces ya había pasado “todas las evaluaciones pertinentes relacionadas con la bioseguridad para el agroecosistema (a cargo de la Conabia)”.
Omitió que la misma Syngenta integra la Comisión.
Lucas Lieber es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario. Su CV detalla su trabajo en Indear y Bioceres. También está presente en Conabia.
La bióloga Magdalena Sosa Beláustegui aparece como parte de Casafe. También es, desde 2004, parte de la multinacional Bayer. En su CV resalta que en 2013 recibió el “Premio Bayer a la Innovación en Asuntos Regulatorios”.
Fernando Bravo Almonacid (Conicet) es investigador “independiente del Conicet en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (Ingebi-UBA) y trabaja en la mejora genética de la papa. Luego de seis años de trabajo, en 2013 logró una nueva variedad, que sería más resistente a los virus del campo. Todo lo referido a la aprobación en Conabia quedó a cargo dela empresa Tecnoplant (del Grupo Sidus). Almonacid también forma parte de Conabia.
Cómo “observadores” de la Conabia figuran dos integrantes de la Cámara Argentina de Biotecnología). Gerónimo Watson (desde hace nueve años con el cargo de “líder en desarrollo” de la empresa Indear) y Mirta Antongiovanni (gerente de Asuntos Regulatorios de la semillera Don Mario).

UBA S.A.

Eduardo Pagano es agrónomo, doctor en ciencias biológicas y fue, hasta marzo pasado, vicedecano de la Facultad de Agronomía de la UBA. También integra la Conabia y es profesor a cargo de la Cátedra de Bioquímica de Agronomía de la UBA. Desde esa cátedra, trabaja junto a la semillera Don Mario (una de las grandes empresas argentinas del sector) en cultivos de trigo y soja. "Elegimos vincularnos con Don Mario porque es una empresa nacional que apuesta a la formación de recursos humanos y porque esta relación nos ofrece una posibilidad concreta de trasferir el conocimiento que generamos y de llegar con nuestras investigaciones al medio productivo", afirmó Eduardo Pagano .
El director de Investigación de Don Mario, Marcos Quiroga, también celebró el trabajo conjunto: "Generamos tecnologías que sirven para dar soluciones concretas a problemas muy importantes para el cultivo de soja en la Argentina, Estados Unidos y Brasil", ejemplificó.
Pagano fue más allá y celebró que estudiantes de la UBA hagan sus tesis en la empresa Don Mario: "En nuestra cátedra participan estudiantes que recién comienzan a cursar, así como otros que están haciendo su trabajo de intensificación para finalizar la carrera, o realizan maestrías, doctorados y posdoctorados. El hecho de que haya investigadores instalados en una empresa haciendo su posgrado es novedoso en el sistema científico argentino".
Pagano nunca expresó conflictos de intereses para aprobar transgénicos en Conabia.

Denuncias y relatos

Desde la aprobación de la soja RR con uso de glifosato en 1996, el accionar de la Conabia siempre fue blanco de denuncias por organizaciones sociales y científicos no vinculados al sector privado. Desde los Gobiernos siempre relativizaron la incidencia empresaria pero también siempre ocultaron la nomina de integrantes y nunca precisaron la forma de funcionamiento de la Comisión. Mucho menos hacen públicas las actas y la forma de aprobar los pedidos empresarios.
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció en 2013 ante la Justicia Federal la forma “irregular” en la que fue aprobada la semilla de soja “Intacta RR2” de la empresa Monsanto (en 2012). Cuestionó la inexistencia de consulta pública (como establece la ley argentina), la carencia del debido estudio de impacto ambiental y la omisión de frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos en salud y ambiente de los transgénicos.
El Celma accedió al expediente administrativo de aprobación de la soja de Monsanto, denunció que la semilla aprobada “no posee una debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia y explicó que la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Estado no realizó ningún estudio. Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol de la Conabia y del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ). “Se basan sólo y exclusivamente en los estudios realizados por la propia firma solicitante, Monsanto. No existe ninguna observación ni pregunta sobre los trabajos presentados por la empresa”, afirmó el abogado y mostró la foja 37, documento de decisión con el que la Conabia aprobó la nueva soja. Se visualizan once garabatos-firmas, sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. “Pudo ser cualquiera. Es insólito la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que abarcará millones de hectáreas”, cuestionó el abogado.
La Conabia aprobó más de 30 eventos transgénicos (maíz, soja y algodón), pero se niega a hacer públicos los expedientes de aprobación. El Periódico de CTA llamó al secretario ejecutivo de la Conabia y director de Biotecnología del Ministerio de Agricultura, Martín Lema. Pero éste no devolvió los llamados.
En 31 de octubre pasado, el Ministerio de Agricultura envío una gacetilla elocuente, titulada “el trabajo de la biotecnología Argentina fue reconocido por la FAO ( Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Celebraba que la Conabia había sido seleccionada como “centro de referencia” de la FAO para la “bioseguridad” de transgénicos. La Conabia pasará a “prestar asesoramiento técnico y científico” a la FAO.
El comunicado del Ministerio de Agricultura se autoelogiaba. “Reafirma a nuestro país como uno de los principales líderes a nivel mundial en biotecnología” y definió a la Conabia como “un espacio pionero a nivel mundial en materia de aprobación de OGM, que prioriza la seguridad para el agroecosistema y la inocuidad para el consumo humano y animal”.
Este artículo fue publicado en el Periódico de la CTA Nº 107, correspondiente a los meses de noviembre-diciembre 2014

lunes, 5 de enero de 2015

Energía atómica

Libro "De Gastre a Fukushima"
Presentación del autor (54 segundos)

https://www.youtube.com/watch?v=f0ljsrsR_WA