martes, 17 de diciembre de 2019

Lamentable. Seguimos apurando la degradación ambiental

Nuevo Gobierno, más extractivismo

Minería, agronegocios, fracking, glifosato: símbolos de un modelo que ha generado resistencias a lo largo de las últimas décadas en Argentina. Alberto Fernández nombró a funcionarios alineados con las corporaciones mineras, transgénicas y petroleras. No hay grieta entre gobiernos para fomentar el modelo extractivo.


Alberto Fernández continuará una política de Mauricio Macri: la explotación de recursos naturales, con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Lo había adelantado en la campaña electoral. Y lo ratificó en el armado de su Gabinete. Desde el Ministerio de Ciencia hasta Agricultura, de la Secretaría de Minería a YPF. Los funcionarios cambian, el extractivismo continúa. Los antecedentes de los ministros de las áreas claves para el modelo extactivo

Roberto Salvarezza, Ciencia
Fue presidente del Conicet entre 2012 y 2015. Estuvo alineado en la política científica marcada por su amigo Lino Barañao. El entonces Ministro influyó para que lo elijan al frente del Conicet. Eran tiempos de un presupuesto en ascenso para el sector científico, donde no solía haber manifestaciones en el edificio de Godoy Cruz al 2300 (Palermo), sede del Ministerio. “Hubo un incremento del financiamiento, que nos ha parecido beneficioso pero también paralizó cualquier postura crítica. Se dio aval a una política científica a cambio de más recursos. Entonces no sorprende que Barañao justifique el uso de agroquímicos, los compara con los antibióticos y ningún científico le salga al cruce (…) Es de una enorme irresponsabilidad no ver las consecuencias de fomentar este modelo de ciencia”, describió la investigadora del Conicet y la UBA Mirta Varela en diciembre de 2015.

Barañao y Salvarezza tuvieron coincidencias en impulsar un modelo de ciencia que quedó plasmado en el documento oficial llamado Plan Argentina Innovadora 2020, presentado en 2013 en Casa de Gobierno, basado principalmente, en la «biotecnología» -no mencionan la palabra «agronegocio»-, la megaminería -oro, plata, litio- y el fracking de YPF.

También tuvieron una coincidencia menos publicitada: ambos atacaron y desprestigiaron al científico Andrés Carrasco, que en 2009 había confirmado el efecto letal del herbicida glifosato.

Carrasco era uno de los más reconocidos científicos en su especialidad -había sido presidente del Conicet y era director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA- cuando cometió el pecado de no quedarse encerrado en su laboratorio ni de contentarse con un paper científico, que sólo lee un círculo mínimo de académicos. Denunció el efecto del agrotóxico en un diario de tirada nacional y comenzó a visitar distintas ciudades del país, acompañado por asambleas socioambientales y pueblos fumigados.

Barañao lo descalificó en programas de televisión y congresos públicos de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). Salvarezza fue más sutil. Lo boicoteó dentro del sistema científico, bloqueando posibles subsidios, desprestigiándolo ante pares y, la última estocada, como observador cómplice de una comisión que le negó la promoción en el escalafón científico del Conicet, cuando Carrasco -en 2013- había solicitado su promoción de Investigador Principal a Superior. Lo evaluaron tres personas. Una especialista en filosofía budista -Carmen Dragonetti-, un científico ligado a las empresas de agronegocios -Néstor Carrillo- y un académico denunciado por su rol durante la dictadura -Demetrio Boltoskoy-.

Carrasco se reunió con Salvarezza. Cuestionó lo insólito e irregular de la comisión evaluadora. Y exigió una reconsideración. Incluso propuso nombres de científicos ajenos a cualquier conflicto de intereses. «Al presidente del Conicet (Roberto Salvarezza) le cabe toda la responsabilidad de haber firmado la resolución que niega mi promoción. Ni siquiera echó una mirada sobre cómo fue el procedimiento. Él sabe que al firmar convalidó la injusticia», denunció Carrasco a fines de 2013. Y apuntó al modelo científico: «El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por corporaciones, modelos de hacer ciencia que implica un profundo y progresiva asociación con la industria. Ellos (Barañao y Salvarezza) promueven un modelo de investigadores al servicio de empresas, de patentes, de formación científica con transferencia al sector privado».

Carrasco falleció el 10 de mayo de 2014. Salvarezza, ni ningún otro funcionario del Conicet, le contestó su pedido de reconsideración del dictamen de promoción.

Salvarezza se distanció de Barañao con la llegada del macrismo. En 2017 hizo campaña junto al kirchnerismo para ser diputado nacional, cargo que obtuvo. Siempre reivindicó la ciencia cómo aliada de la minería, de la explotación de litio, del agronegocio y de la explotación petrolera. Aunque en las últimas entrevistas (ya como Ministro de Ciencia de Alberto Fernández) se aggiornó: ahora también menciona el cuidado del ambiente y el «diálogo» con las organizaciones territoriales. Propuesta similar a la que tuvo en su inicio de gestión Sergio Bergman, secretario de Ambiente de Macri.

Luis Basterra, Agricultura
Gildo Isfrán es gobernador de Formosa desde hace 24 años. Cumplió otros ocho años como vicegobernador. Acaba de asumir su séptimo mandato. El primero fue en 1995. Controla el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los medios de comunicación y todo lo que pueda ejercer un mínimo control sobre las políticas de gobierno. Policías y punteros políticos ejercen un aparato de vigilancia y represión contra los opositores. Solo los que no pisaron Formosa pueden ignorar esto.

Insfrán es oficialista de todos los gobiernos nacionales. Su mayor exposición estuvo dada en noviembre de 2010, cuando la policía provincial reprimió a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh -La Primavera- y produjo dos asesinatos: el abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. El conflicto se nacionalizó cuando la comunidad acampó durante meses en la porteña Avenida de Mayo y 9 de Julio.

En junio de 2011, cuando estaba en plena campaña para ser diputado nacional, Luis Basterra describió la realidad formoseña: «Insfrán encaró una profunda transformación en la provincia, dejando de ser olvidada, con altísimas potencialidades que son hoy una realidad concreta». Ya como diputado, Basterra fue la mejor espada de Gildo Insfrán en el Congreso Nacional. Hizo numerosas defensas de su jefe político. En 2013, con el conflicto aún latente del Pueblo Qom, Basterra fue uno de los impulsores de una solicitada en defensa de Insfrán: «Un nuevo ataque al Gobierno Nacional encarnado esta vez hacia el pueblo y gobierno de Formosa”. Firmada por los legisladores de Formosa que responden al Gobernador, rechazaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos con argumentos insólitos: «Un feroz ataque mediático en el marco de una campaña sistemática hacia todos aquellos gobernantes y líderes populares que desde siempre apoyaron y sostienen a este modelo nacional”. Acusaba a los medios de comunicación de «esconder la política inclusiva más abarcativa del país hacia las comunidades aborígenes”.

El escrito calificaba a Gildo Insfrán como un defensor de los derechos indígenas y retrucaba a los críticos: «Desprecian la voluntad popular, representada por ocho de cada diez formoseños que apoyan este modelo, porque en definitiva (lo denunciantes) no son democráticos”. Luego de las elecciones de octubre pasado, cuando Insfrán obtuvo su séptimo mandato consecutivo, Basterra celebró: “El pueblo nuevamente reconoció el modelo formoseño que encara el Gobernador y acompañó el modelo de país que queremos. Ganó la democracia, ganó la voluntad popular”. Basterra juró como diputado en el Congreso Nacional el 4 de diciembre de 2019. En su cuenta de Twitter exhibió el video del momento y en su escrito fue elocuente: «Sí, juro. Por la patria, por nuestra provincia de Formosa y por nuestro gran gobernador y conductor Gildo Insfrán».

También jugó un papel central en el avance del algodón transgénico cuando era ministro de Producción de Formosa y luego, como vicepresidente del INTA. En 2008 el gobierno nacional aprobó la primera semilla de algodón. Fue luego de que las cámaras empresarias del sector, con impulso de los gobiernos de Formosa y Chaco -principal zona algodonera- firmaran un acuerdo para «el desarrollo sustentable» de las nuevas semillas.

«Lo que el productor siembre finalmente va a poder cosechar. Y si partimos de semillas que son de calidad y certificadas, que es lo que nosotros como provincia venimos haciendo desde hace bastante tiempo, se garantiza que el esfuerzo del productor tenga una producción acorde», celebró Basterra el 21 de agosto de 2009, en el marco de una reunión para difundir el uso de las semillas de algodón transgénico. Y afirmó: «Argentina pueda acceder a la máxima genética que existe en el mercado mundial, vinculado a algodones que tienen cualidades sobresalientes, como en el caso de aquellos que son resistentes a plagas y a herbicidas».

El algodón transgénico reemplazó casi por completo al cultivo tradicional. Y aumentó la dependencia de los productores a la compra de insumos, en dólares. La empresa beneficiada es la dueña de la semilla y proveedora de los agrotóxicos: Monsanto.

Desde la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados Basterra siempre se mostró dispuesto a tratar una nueva ley de semillas, solicitada por las grandes multinacionales del agro y rechazada por los sectores campesinos. Y reclamó una ley de «fitosanitarios» (no los llama agroquímicos ni muchos menos agrotóxicos), para dar «seguridad jurídica a la producción agropecuaria».

Albeto Hensel, Minería
En plena campaña electoral Alberto Fernández afirmó que su modelo para minería sería San Juan, donde la minera Barrick Gold opera el proyecto Veladero e impulsa Pascua Lama, emprendimiento binacional frenado por una medida judicial en Chile. Su enorme poder quedó en evidencia cuando Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de glaciares (2008). Alberto Fernández era Jefe de Gabinete.

Enrique Martínez, entonces presidente del INTI y parte del oficialismo, lo bautizó como «el veto Barrick». Finalmente, dos años después la ley volvió a aprobarse en el Congreso Nacional.

Las asambleas socioambientales de San Juan y de toda la cordillera desmienten desde hace años las falsas promesas de «progreso» de mano de la minería. Jáchal en San Juan y Andalgalá en Catamarca son la prueba viva del desastre minero.

Barrick Gold también ocasionó el mayor desastre minero de la historia de Argentina. El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.

En 2018, La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.

La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5). Los análisis de la Universidad de Cuyo muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.

A pesar de la situación en San Juan, Alberto Fernández nombró como secretario de Minería de Nación a Alberto Hensel (que ocupaba el mismo puesto, pero en la provincia). Una veintena de asambleas socioambientales (encabezada por las de Jáchal No Se Toca y El Algarrobo –de Catamarca–) escribieron una cara pública al Presidente: «Nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestra preocupación ante la designación de Alberto Hensel. Resulta al menos inoportuno tener en cuenta a un reconocido lobbista megaminero para que cumpla función pública, lugar reservado para quienes deben representar los intereses de la gente, no de las corporaciones transnacionales».

«Hensel sostiene la impunidad de Barrick Gold por sus innumerables derrames contaminantes en Veladero, es el mismo que discrimina a grupos ambientalistas diciendo que ni siquiera se debe debatir con ellos, el que impidió que el pueblo de Jáchal se exprese en una consulta popular, el que coopta instituciones desde su cargo plenipotenciario otorgado por el gobernador Sergio Uñac, el mismo que ya reconoció que busca la destrucción de la Ley de Glaciares», denuncian en el escrito público.

Además de las asambleas de San Juan y Catamarca suscriben organizaciones de Córdoba, Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Jujuy, Mendoza y Salta, entre otras. Afirman que Jáchal es más pobre que antes de la minería, su economía regional ha sido destruida, y que la minería solo generó contaminación y abuso de poder. Exigen recuperar el perfil agroindustrial y turístico de la provincia. «La corporación megaminera es vergonzosa en San Juan, el papel desempeñado por los funcionarios es patéticamente repulsivo. No podemos evitar sentirnos insultados cuando se premia a esta clase de políticos y se pone como ejemplo el manejo feudal de esta provincia», denuncian las organizaciones en su carta a Alberto Fernández.

Guillermo Nielsen, YPF
Es un economista/consultor muy conocido dentro del ámbito de las finanzas, pero muy poco en la sociedad. Comenzó en la noeliberal Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), fue gerente del Grupo Socma (familia Macri), director del Anses durante el gobierno de la Alianza y en 2005, referente en la negociación de la deuda externa argentina. Estuvo luego en el espacio político de Sergio Massa: fue precandidato a Jefe de Gobierno porteño. Es hombre de consulta de Alberto Fernández desde 2005.

En octubre pasado Nielsen presentó su plan de «blindaje» para Vaca Muerta. Difundido por la prensa con eufemismos – «medidas para atraer inversiones» y «seguridad jurídica»-, se trata de ventajas para las grandes empresas petroleras: libre disponibilidad de los dólares, exportar libremente (sin sujetarse a la obligación de priorizar el mercado interno), estabilidad tributaria (que no se modifique ningún impuesto a futuro), eliminación de impuestos para importar y contratos especiales que faciliten las demandas al país en tribunales internacionales.

En Vaca Muerta viven y trabajan desde hace generaciones más de veinte comunidades mapuches, que exigen se cumpla la normativa vigente que obliga al Estado a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades de cualquier actividad que pudiera afectarlas.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén resumió los poderes detrás del petróleo: «No hay ninguna duda de que Vaca Muerta es la alianza entre multinacionales, gobierno nacional, sindicato petrolero y gobierno provincial. Es la forma de perpetuar políticas extractivistas, asistencialistas y discriminatorias hacia los pueblos originarios».

Adelantó que la próxima semana presentarán un espacio multisectorial que plantea como punto de partida que «Vaca Muerta no es el futuro -como plantean los gobiernos y empresas- sino que se trata de políticas de saqueo, contaminación y muerte». Como segundo aspecto plantearan iniciativas de transición energética por fuera de los combustibles fósiles. Tecero: el reconocimiento de los derechos indígenas -vigentes en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos-, que respete las jurisdicciones indígenas para definir políticas de desarrollo territorial.

Antes de finalizar la entrevista aclaró, por las dudas, lo obvio: «Si las petroleras intentan avanzar, vamos a resistir en nuestros territorios, como lo hicimos con los anteriores gobiernos».

Juan Cabandié, Ambiente
El Presidente creó el Ministerio de Ambiente y nombró al frente a Juan Cabandié, sin ningún antecedente en la materia. Aún no se hizo público quiénes serán sus colaboradores.

Las asambleas socioambientales recordaron un twitt de Cabandié del 19 de septiembre de 2010: «En tema minería hay que ser medidos. Chile vive de la extracción de cobre y nadie se queja. Sí a la minería cuidando el planeta».

Pasaron nueve años: quizá el flamante Ministro cambió de parecer. Pero hay eufemismos que las asambleas socioambientales, pueblos indígenas y campesinos ya no toleran: «Minería sustentable y con cuidado ambiental», «fracking seguro», «buenas prácticas agrícolas» (para fumigar con agrotóxicos hasta la vereda de las casas). Todas frases hechas para fomentar las explotaciones de recursos naturales.

Para las poblaciones en lucha contra el extractivismo sucede, como en derechos humanos frente a la dictadura militar, que no hay términos medios: se está con las mineras o con las poblaciones locales, con las petroleras o con los mapuches, con los agrotóxicos de Bayer/Monsanto o con las víctimas de las fumigaciones. En poco tiempo se sabrá de qué lado se ubica el nuevo ministro.
De Monsanto a Puente Pueyrredón
Felipe Solá era secretario de Agricultura de Carlos Menem cuando en marzo de 1996 firmó la aprobación de la soja transgénica con uso de glifosato, de Monsanto. Fue el primer país de América del Sur en autorizar los transgénicos. Y lo hizo en tiempo récord: sólo 81 días y en base a estudios de la propia empresa. No hubo investigaciones públicas ni independientes que probaran la inocuidad de la soja ni del herbicida asociado al cultivo.

Fue un punto de inflexión. Ese hecho cambió para siempre el modelo agrario argentino. De ser una especie marginal, la soja se transformó en monocultivo de exportación. Más de 20 millones de hectáreas. Entre las consecuencias: desmontes, desalojos, represión y criminalización sobre campesinos e indígenas, contaminación de aguas, empobrecimientos de suelos y enfermedades relacionadas con el uso de agrotóxicos, entre otras consecuencias.

Solá carga también con otro antecedente muy grave contra los sectores populares: el 26 de junio de 2002, cuando era gobernador de Buenos Aires, la policía bonaerense inició una cacería humana en Avellaneda, que quedó en la historia como la Masacre de Puente Pueyrredón. Los efectivos bajo su mando asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki e hirieron con balas de plomo a 33 personas.

El Poder Judicial condenó a los policías, pero nunca avanzó sobre los responsables políticos de ese hecho. Las familias y amigos de Santillán y Kosteki exigen el juzgamiento de quiénes dieron la orden de reprimir. Lo mismo hacen organizaciones sociales, entre ellas el Frente Darío Santillán, actualmente dividido en varios sectores. «Entiendo que hay mucha gente que tiene esperanza en el nuevo Presidente, pero otros tenemos una mirada diferente», advierte Alberto Santillán, padre de Darío, al inicio de la charla. Cuestiona que Alberto Fernández haya recibido a Eduardo Duhalde y lo haya reivindicado como «el bombero» que sacó a la Argentina de la emergencia. «Esa persona apagó la vida de mi hijo y de Maximiliano», resume. Explica que conocía la amistad entre el Presidente y Solá, pero quería creer que haría algo distinto. «Evidentemente los de la clase política siempre se cobijan entre ellos y no les importa que hayan estafado al pueblo, si reprimieron, si mataron. Es la confirmación de que nada va a cambiar», lamenta.

Remarca que Solá también tiene responsabilidad por «la enorme cantidad de enfermos y muertos» que provoca el modelo sojero. Y pide poder nombrar al flamante Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni: «Se ufana de haber reprimido a muchos compañeros. Comparte la doctrina de Patricia Bullrich. Es lamentable que esté al frente de la policía bonaerense». Afirmó que es una muestra de que seguirá habiendo represión.

También se mostró «decepcionado» por rol de sectores sociales y militantes que antaño reclamaban por Darío y Maxi, luego hicieron campaña por Alberto Fernández y ahora toleran que Solá sea parte del Gobierno. «Duele que compañeros que conocieron a Darío, que me acompañaron en los 26 de junio, que gritaban pidiendo justicia, ahora están en el mismo espacio que los asesinos de Darío y Maxi. Duele. ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿Qué sienten en sus entrañas? Debieran bajar la bandera de Darío y, como organización, cambiarse de nombre», reclama.

Advierte que seguirán reclamando por el juzgamiento de los responsables políticos de la represión de Puente Pueyrredón: «Nuestra búsqueda de justicia y cambio social, trabajo y educación la vamos a seguir haciendo desde la calle. No traicionamos a nuestros caídos. Vamos a seguir luchando para que sus sueños, por los que dieron la vida, se hagan realidad».
 
* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 17 de diciembre de 2019 en la Cooperativa Lavaca.

Fuente:
https://mailchi.mp/d10198f5138f/nuevo-gobierno-ms-extractivismo?e=8c22665422

lunes, 26 de agosto de 2019

Varios estudios detectaron restos tóxicos de plaguicidas en alimentos de gran consumo

Sólo se inspeciona el 20 % de la comida en Ciudad de Buenos Aires. El resto del país, ni eso

"Millones de argentinos consumen diariamente cereales, frutas, verduras y hortalizas que, en su mayoría, no atraviesan control alguno. Estarían prohibidos en Europa y EE.UU., por superar los límites permitidos de agrotóxicos. 
PERFIL presenta recientes informes de universidades nacionales que alertan sobre la presencia de venenos invisibles, y que matan. (Fuente www.perfil.com). 

Artículo:
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/varios-estudios-detectaron-restos-toxicos-de-plaguicidas-en-alimentos-de-gran-consumo-20061027-0037.phtml

miércoles, 12 de junio de 2019

PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO PENAL AMBIENTAL

Por 
Victor Krieger Fabbroni

Las corporación sojera y demás empresas extractivistas, tomando las riendas del gobierno, como ya es costumbre, proponen (en el artículo 444), a partir de esta reforma, que el delito de contaminación ambiental dolosa SOLAMENTE SERÁ PENADO CUANDO SE PRUEBE QUE CAUSÓ DAÑOS GRAVES al aire, el suelo o las aguas, o la flora o fauna”. Como se ve, este art. elimina EL DELITO DE PELIGRO ABSTRACTO (del Derecho Precautorio) que no necesita de muertos o dañados para conformarse Y DONDE SOLO BASTARÍA CON QUE PUEDA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE QUE ELLO OCURRA.
Entonces, con el nuevo Código, para que exista delito punible el delito deberá probarse previo a la manifestación FÍSICA del daño. Esto solo genera más impunidad ya que, se sabe, LOS DAÑOS AMBIENTALES DEBEN PREVERSE porque sus consecuencias son, la mayoría de las veces, incontrolables y/o irreversibles, afectan a todos en general e, incluso, puede tener efectos transgeneracionales.
Según este artículo 444, ante el caso de pulverizaciones con agroquímicos, aéreas o terrestres, aun cuando contaminen con tóxicos una población, dicha conducta quedaría impune A MENOS QUE SE ACREDITE PREVIAMENTE que fue por esa fumigación y “no la este vecino o de aquel otro”, o una deriva “difusa” y lejana de autor desconocido quien causó DAÑO GRAVE A PERSONAS, aire, suelo, agua, flora y fauna.
Consideraciones del Fiscal Federal del NOA Dr. Antonio Gustavo Gomes: Los Delitos Medioambientales no son de resultado, son de peligro. Y agrega haciendo una analogía imposible: es como si se secuestrara, en poder de determinado individuo, 100 kg de cocaína. Para que la tenencia de esa droga constituya un delito y sea punible, primero hay que probar que la cocaína produce daño en las personas destruyendo su cuerpo y cerebro.
Con este nuevo Código Penal: ¿Cómo se obtendrá la certeza que requiere la condena penal para afirmar que esa fumigación, precisamente, causó esa enfermedad, ese estado de detrimento del suelo, esa ruptura en el ADN que heredarán las generaciones futuras, o ese deterioro en las células que produjo el cáncer que sobrevino dos o tres años más tarde o se materializó, posteriormente, en la progenie?
Mediante LA EXIGENCIA DEL RESULTADO EN DAÑO GENERAL GRAVE, para la configuración del delito, las empresas se liberarán de toda responsabilidad temporal sobre sus productos y/o acciones.
La prevención desaparecerá bajo la impunidad.

martes, 14 de mayo de 2019

Detectan anomalías nerviosas en pacientes de zonas rurales

Así lo explico el neurólogo Santiago Sanfilippo, director del CENER:
“Hemos comprobado que los pacientes que viven en zonas rurales presentan una disminución de la velocidad de conducción del 20%. Esto indica que existe un problema en el nervio periférico especialmente a nivel de la Mielina. Estos pacientes tienen lo que se denomina una Polineuropatía de carácter mielínico y con cierto componente axonal por lo que podríamos considerar que se trate de un problema nutricional, metabólico o tóxico”, detalló.
En ese sentido indicó, “esto lo relacionamos con la cantidad de agroquímicos que se están utilizando y esa puede ser una de la causas porque no encontramos otro factor que nos ayude a pensar en otro tipo de patología. Hemos tenido pacientes incluso que han sido fumigados, que están en las escuelas o gente que trabaja directamente con agroquímicos con severos casos de esta neuropatía. Esta condición de la disminución de conducción nerviosa es muy significativa entre un grupo y otro”, sostuvo.

Síntomas y tratamiento

En tanto el profesional enumeró que los síntomas que se manifiestan son “pérdida de fuerza, dolores de tipo quemante en las piernas y en los pies, hormigueos, sensación de frío o de calor en la planta de los pies”.
Mientras que para su tratamiento se suministran vitaminas reconstituyente de la mielina y neurorehabilitación.
Por otra parte Sanfilippo señalo que siguen avanzando con respecto a los demás estudios, “especialmente con la proporción de Parkinson, con la cantidad de malformaciones y con alteraciones en el Alzheimer para ver si la reserva cognitiva en los pacientes que viven en la zona rural es menor que la de los pacientes que viven en zona urbana y eso los hace más propensos a tener enfermedades degenerativas y demenciales”.

Informe completo: http://www.entremediosweb.com/detectan-anomalias-nerviosas-en-pacientes-de-zonas-rurales/?fbclid=IwAR3XjVuEy5RvUwRF4vDKYT4pb0wSRMMdatSMVDSqeHwUs92_MXY5UZtWNwg

lunes, 13 de mayo de 2019

Llamamiento internacional para detener la implantación del 5G


Nosotros, los científicos, médicos, representantes de organizaciones medio ambientales, y otros, abajo firmantes de ( ) países, pedimos con urgencia que se paralice el despliegue de la red inalámbrica 5G (quinta generación), incluida la red 5G de los satélites espaciales. La implantación del 5G incrementará masivamente la exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) de las telecomunicaciones acumulandose a la ya existente con las actuales redes 2G, 3G y 4G. La radiación de radiofrecuencias ha demostrado ser perjudicial para los seres humanos y el medio ambiente. El despliegue del 5G constituye un experimento sobre la humanidad y el medio ambiente que bajo el prisma del derecho internacional puede definirse como un crimen contra la humanidad. ..................................................................................................................

Negarse a aceptar y aplicar el conocimiento científico relevante y válido es éticamente inaceptable. La investigación existente muestra que la red 5G—y especialmente los 5G basados en el espacio—contravienen los principios consagrados en una serie de acuerdos internacionales. Hacemos un llamamiento a la ONU, a la OMS, a la UE, al Consejo de Europa y a los gobiernos de todas las naciones para,
(a) Tomar medidas inmediatas para detener el despliegue de la red 5G en la Tierra y en el espacio con el fin de proteger a toda la humanidad, especialmente a los no nacidos, bebés, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, así como al medio ambiente;
(b) Cumplir la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Resolución 1815 del Consejo de Europa, informando a los ciudadanos, incluidos docentes y médicos, sobre los riesgos para la salud (para adultos y niños) de la radiación de radiofrecuencias, y por qué y cómo deberían evitar la comunicación inalámbrica y las estaciones base, particularmente en centros de cuidado diurno, escuelas, hospitales, hogares y lugares de trabajo;
(c) Favorecer e implementar telecomunicaciones cableadas en lugar de inalámbricas;
(d) Prohibir a la industria de telecomunicaciones inalámbricas que persuadan a los funcionarios a través de sus lobbies para que tomen decisiones que permitan una mayor expansión de la radiación de radiofrecuencias, incluidos los 5G basados en la Tierra y en el espacio;
(e) Nombrar inmediatamente, sin influencia de la industria, grupos internacionales de científicos expertos en CEM y salud independientes y verdaderamente imparciales y sin conflictos de intereses, 119 con el fin de establecer nuevas normas internacionales de seguridad para la radiación de radiofrecuencias, que no se basen únicamente en los niveles de potencia, que consideren la exposición acumulativa y que protejan contra todos los efectos sobre la salud y el medio ambiente, no solo sobre los efectos térmicos y no solo sobre los efectos en los seres humanos;
(f) Nombrar inmediatamente, sin influencia de la industria, grupos internacionales de científicos con experiencia en CEM, salud, biología y física atmosférica, con el propósito de desarrollar un marco regulatorio integral que asegure que los usos del espacio exterior sean seguros para los humanos y el medio ambiente, teniendo en cuenta la radiación de radiofrecuencias, los gases de escape de los cohetes, el hollín negro y los desechos espaciales y sus Llamamiento internacional para detener la implantación de la red 5G en la Tierra y en el espacio 11 impactos sobre el ozono120, el calentamiento global121, la atmósfera y la conservación de la vida en la Tierra. La tecnología terrestre y la espacial debe ser sostenible122 para adultos y niños, animales y plantas.


Informe completo
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c7984a40d9297f72e9661a7/1551467691026/Llamamiento+internacional+para+detener+la+implantaci%C3%B3n.pdf

jueves, 24 de enero de 2019

Agrotoxicidad: la Asociación de Medicina General de la provincia de Buenos Aires se expide claramente

Agroquímicos – Posición AMGBA

Posición de la AMGBA respecto a la regulación de uso de agroquímicos propuesta en la Resolución Conjunta N° 1/2018 de los Ministerios de Agroindustria, de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
La Asociación de Medicina General de la provincia de Buenos Aires es una organización académica y científica que nuclea a médicas/os especialistas en Medicina General y equipos de salud que se desempeñan en el primer nivel de atención. Su función social está relacionada con el desarrollo, la capacitación y la participación de dichos equipos en espacios comunitarios de producción de salud, contribuyendo así a la Salud Colectiva.
A modo de introducción reconocemos que la exposición a agroquímicos es perjudicial para la salud, y que la convivencia de las poblaciones con las prácticas productivas actuales conlleva al aumento del riesgo para la salud y a la aparición de situaciones de tensión e intensos conflictos sociales.
En la actualidad la agroindustria se aplica a la producción de cereales, carnes, leche, frutas, verduras y hortalizas. En todos estos procesos intensivos se utilizan sistemáticamente -entre otras sustancias-agroquímicos, que luego son encontrados como “residuos” en los alimentos, generando con su ingesta, una formidable exposición, lenta pero prácticamente constante. Esta situación se ve agravada por la añadidura de otras fuentes de exposición (reiteradamente objetivadas), como el agua subterránea que se utiliza para beber, contaminada por el transporte vertical de químicos del campo fumigado a las napas de agua, o el aire que es respirado, contaminado por las recurrentes derivas de moléculas biocidas que “no dieron en el blanco” y son traídas por el viento, desde el campo a la ciudad (1).
Son muchas las investigaciones rigurosas que demuestran que los fitosanitarios o agroquímicos son también sustancias tóxicas. Se reconocen daños inmediatos como intoxicaciones agudas, con manifestaciones cutáneas, respiratorias, gastrointestinales, oftalmológicas, neurológicas, etc. Pero también daños a largo plazo, producto de la bioacumulación de pequeñas pero continuas exposiciones que desafían nuestra biología. En este grupo encontramos problemas de salud asociados a disrupciones hormonales: enfermedades endócrinas(hipotiroidismo); trastornos en la fertilidad (malformaciones congénitas, abortos espontáneos); trastornos del desarrollo (trastornos del espectro autista, etc.); y diversos tipos de cánceres, entre otros (2,3, 4, 5).
Por otra parte, los actuales conocimientos de las ciencias de la salud entienden a la vida (y la salud) como una red de relaciones complejas, como un sistema abierto en el que los procesos de la vida (biológicos, sociales, psicológicos y culturales) van configurando relaciones determinantes de la salud de los individuos y de las poblaciones. Con este paradigma sistémico podemos afirmar que nuestro organismo tiene múltiples relaciones de interdependencia con procesos de niveles macroscópicos y microscópicos del ecosistema, relaciones que van influyendo en la vida y en la salud (6, 7). Lo que le sucede al ambiente y a todas las formas de vida también nos sucede a nosotros.
Desde esta perspectiva de la ciencia moderna, nos preocupa y cuestionamos que se acepte un modelo de producción que libera sustancias tóxicas en un nivel superior al de la capacidad de degradación ambiental. Diversos estudios demuestran la impregnación de prácticamente todo el ecosistema, con comunidades vivas que sufren las consecuencias de la bioacumulación y la acción tóxica de estas moléculas, que interactúan en su biología.
Los seres humanos no somos la excepción. Luego de que se revelara el genoma humano tuvimos que reconocer que compartimos gran parte de los genes con los vertebrados, los insectos, los hongos y las plantas (a modo de ejemplo la abeja comparte el 47,5% de sus genes con el ser humano). Compartir genes implica compartir receptores, procesos metabólicos y sistemas enzimáticos con las otras especies del ecosistema. Dicho de otro modo, nuestras células comparten muchas de las estructuras “blanco” de estas sustancias fungicidas, herbicidas o insecticidas que hoy se utilizan, siendo vulnerables a sus efectos biocidas (8, 9, 10, 11).
La Resolución Interministerial.
Entendemos que la reciente Resolución Conjunta N° 1/2018 ha antepuesto los intereses del sector productivo por encima del dela salud de las comunidades, el ambiente y todas las formas de vida. Como sociedad científica nos preocupa que se omita la amplia información científica válida que demuestra los efectos negativos para la salud dela exposición a agroquímicos.
Vemos con alarma cómo la Resolución Interministerial plantea la idea de avanzar con la producción agroindustrial hacia las áreas periurbanas, hoy protegidas por áreas de exclusión o de amortiguamiento, y además que considera que la única forma de hacerlo es con la utilización sistemática de “fitosanitarios”.
La misma reconoce que los ‘fitosanitarios’ son tóxicos para el ecosistema y la salud humana, sin embargo, acepta el riesgo, que debe ser disminuido con ‘buenas prácticas agrícolas’. No se menciona a la producción agroecológica como opción de desarrollo social, económico y sustentable, que ante la emergente conflictiva de intereses sociales antagónicos, resulta una opción mediadora de gran valor. En lugar de esto, y al poner el único foco de interés en la maximización de la producción, se olvida de la defensa de la ‘salud integral’ de las comunidades (que enuncia), descarta las pruebas que se tienen de toxicidad y -pese a las conflictivas sociales-, viabiliza la producción con agrotóxicos en las áreas de periurbanas. (12)
Agrava la investidura institucional afirmar cada vez el concepto de ‘fitosanitario’, un eufemismo que destaca -de toda la naturaleza química de estas sustancias-, sólo las propiedades en relación con el producto que se quiere maximizar. Un reduccionismo que discursivamente oculta la naturaleza tóxica de las sustancias, y desde el punto de vista perlocutorio transforma una sustancia tóxica en inocua, es decir que, estos discursos institucionales “hacen cosas” sobre las personas, produciendo efectos de vulnerabilidad social para el autocuidado y la lucha por su salud.
Luego se mencionan las ‘Buenas Prácticas Agrícolas’(BPA) como la forma de disminuir el riesgo de daño a la salud humana o ambiental, estrategia que viene siendo implementada por el Ministerio de Agroindustria desde hace más de diez años. De esta noción aseveramos: a) que las BPA constituyen un oxímoron ya que ¿cómo se van a poder hacer ‘buenas prácticas’ con agrotóxicos, que una vez que son liberados al ecosistema entran en un proceso de dispersión molecular incontrolable?; b) Si realizamos una evaluación de las BPA logradas en tantos años de su promoción vemos que la estrategia no ha funcionado, pruebas de ello son las pruebas positivas de contaminación realizadas en agua, suelos, aire, en personas, etc.; c) Que las BPA constituyen una estrategia de las empresas responsables de la producción de “fitosanitarios”. El concepto de BPA niega la naturaleza tóxica de las sustancias que diseñan y ofrecen; y deriva su responsabilidad a quienes realizan su aplicación.
Por otra parte, la Resolución Interministerial le asigna al sector privado un importante protagonismo en la responsabilidad del monitoreo y el control de las BPA (“responsabilidades complementarias al Estado”). El sector privado será estimulado económicamente para hacerlo (12). Entonces nos preguntamos: si no son las instituciones del Estado las que están ejecutando las políticas públicas, o controlando el cumplimiento de las leyes, ¿quién podrá hacerlo?, ¿puede el sector privado ser juez y parte?
Otro argumento histórico del sector agroindustrial interesado es la afirmación que no hay investigaciones serias de toxicidad. En consonancia, uno de los 12 principios que enuncia la Resolución para la elaboración de políticas públicas, es que deben estar basadas en conocimientos científicos o en publicaciones de las Instituciones del Estado. Aquella aseveración es inmediatamente contrastada por el hecho de contaren la actualidad con suficientes trabajos científicos de calidad, y con rigurosas fuentes nacionales (Universidades, CONICET) e internacionales; y que no son consideradas. A modo de ejemplo, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer(IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS)en su informe del 2015, demuestra que la exposición al glifosato aumenta la probabilidad de padecer cáncer considerándola en su clasificación como categoría IIA –probablemente cancerígeno – Sin embargo, la Resolución en cuestión toma como referencia un informe del año 2009. Este antiguo informe nacional dictamina que realizando BPA el glifosato es de bajo riesgo para la salud humana (13).
Entendemos la importancia de la exportación agroindustrial para la economía del país, pero ¿qué es la salud sino una condición fundamental para el desarrollo y la realización de un país?
Debemos reflexionar sobre las condiciones del desarrollo sostenible. Creemos que esto se logra entendiendo a la vida humana formando parte de una naturaleza que nos constituye como un todo, e intentando regenerar -y no sólo sostener-un mundo mejor para las generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, la AMGBA propone:
·        Revisar el espíritu de la Resolución, centrándola en modelos productivos y de desarrollo económico que no vulneren el superior Derecho de salud de las poblaciones;
·        Establecer medidas de protección que regulen la aplicación de agrotóxicos en la industria alimentaria;
·        Generar mecanismos de control de la utilización de agrotóxicos en los procesos productivos: en el campo (cereales, leche y carnes de feedlotsy criaderos), como también en aquellos lugares de producción frutihortícola;
·        Prohibir aquellos agrotóxicos que por su deriva excedan las capacidades de control;
·        Realizar el monitoreo epidemiológico de los grupos de mayor exposición a estas sustancias (trabajadores rurales, pequeñas comunidades rurales);
·        Generar políticas de estímulo para la reconversión tecnológica de las empresas hacia tecnologías regenerativas del ecosistema;
·        Fomentar la agroecología como modo de producción alimentos sanos en armonía con la salud de los ecosistemas y de los seres humanos;
·        Fomentar la exportación de productos orgánicos con alto valor agregado como motor
·        del desarrollo económico nacional y de las comunidades;
·        Incorporar a las currículas del sistema educativo el estudio de la Alimentación como determinante de la salud.
Fuentes consultadas
1. Tomasoni M. No hay fumigación controlable, Generación de derivas de plaguicidas. Noviembre de 2013.
2. Facultad de Ciencias Médicas -Universidad Nacional de Córdoba. 1º Encuentro nacional   de médicos de pueblos fumigados. Disponible en:www.reduas.com.ar/informe-encuentro-medicos-pueblos-fumigados   
3. Kaczewer J. Uso de Agroquímicos en las Fumigaciones Periurbanas y su efecto nocivo sobre la Salud Humana. Disponible en:http://www.msal.gov.ar/agroquimicos/pdf/USO-DE-AGROQUIMICOS-EN-LAS-FUMIGACIONE S-PERIURBANAS.pdf    
4. Ávila Vázquez M. Difilippo F. Agricultura tóxica y salud en pueblos fumigados de Argentina. Disponible en:http://criticayresistencias.comunis.com.ar/index.php/CríticaResistencias/article/view/33
5. Red Universitaria de Ambiente y Salud. Exposición ambiental a glifosato e impactos en la salud reproductiva en población agrícola de Argentina. Disponible en:http://reduas.com.ar/exposicion-ambiental-a-glifosato-e-impactos-en-la-salud-reproductiva-en-poblacion-agricola-de-argentina/
6. Capra F. La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Editorial Ana.Barcelona; 1996.
7. Monsalvo J. Payán S. Salud de los Ecosistemas. Disponible en:http://www.altaalegremia.com.ar/contenidos/Salud_de_los_Ecosistemas.html
9. Lundin O. et al. Neonicotinoid Insecticidesand Their Impacts on Bees: A Systematic Review of Research Approachesand identification of Knowledge Gaps. Disponible en:               http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0136928
11. Aiassa D. Evaluación del nivel de daño en el material genético de niños de la provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas. Editorial: Archivos Argentinos de Pediatría. 2015.
12. Resolución Conjunta N° 1/2018 de los Ministerios de Agroindustria, de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
13. CONICET Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el ambiente-COMISIÓNNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE AGROQUÍMICOS DECRETO 21/2009.

jueves, 13 de diciembre de 2018

RECLAMO AL I.N.T.A.

Me llamo Victor Krieger Fabbroni. Tengo 72 años, nací y vivo en la localidad de Bandera – Depto. Belgrano del Sudeste de la Prov. de Santiago del Estero.
Considero de suma importancia que las autoridades nacionales del INTA tomen conocimiento de lo que nos está sucediendo, en lo ambiental y en lo Institucionalsomos un pueblo condenado a envenenamiento gradual y masivo.
Más aún, cuando desde Canal 7 de Santiago del Estero, a través de un Portal de la UNSE, se ha transmitido para todas las localidades de la provincia un Informe estrictamente profesional del AGUA COMO ELEMENTO VITAL, donde participan Investigadores y Universidades Nacionales que el INTA no puede desconocer, porque “ella misma participa”.
En ese contexto, resulta inadmisible que un empleado del INTA QUIMILÍ se apropie de información que corresponde a INTA BANDERA, tal cual él mismo admite, y condene a un pueblo, inerme e ignorante, a los efectos del veneno agrario.
Señores: “No tenemos otra fuente de agua”. Es de napa la única posible, que está envenenada, que está presente en nuestros hogares desde una insustituible mamadera.
Cordialmente.

V.K.Fabbroni
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Laura Ines Mas <mas.laura@inta.gob.ar>
Lun 19/11/2018, 20:48
Estimado Sr. Víctor,
Lo que cita el Sr. Rossi es una presentación a un congreso de los resultados preliminares del monitoreo realizado en el marco de mi doctorado. Más allá de que trabajo en un organismo público, los datos del monitoreo corresponden a mi tesis doctoral, que incluye como requisito la publicación de los resultados en un artículo científico en una revista indexada, en el que estoy trabajando en estos momentos. Hasta tanto yo no lo haya publicado, si otra persona hace un uso indebido de los datos puede arruinarme todos estos años de trabajo y hacerme perder el doctorado. Es por ello que le pido mil disculpas, pero dado que no lo conozco y no sé qué uso puede llegar a hacer de los datos, no puedo arriesgar varios años de esfuerzos así que le voy a pedir que tenga paciencia y me espere hasta que yo haya publicado los datos para poder pasárselos tranquila.
Mientras tanto, el trabajo con la Municipalidad de Bandera continúa y la idea es seguir presentando los resultados en charlas y trabajar en las medidas que deberían tomarse en función de ellos, por lo que espero poder contar con su presencia en próximas visitas a su ciudad.
Saludos cordiales,
Ing. Agr. Laura Mas
Área Recursos Naturales – Suelos - EEA Quimilí
PD: le pido disculpas además por los malos tratos que haya recibido en la agencia de Bandera.
…………………………………………………………………………………………………………………
Para el:
Ing. Agr. Laura Mas
INTA - Área Recursos Naturales - Suelos
EEA Quimilí – Santiago del Estero
Como claramente afirma: su tesis, es “su” tesis. Por tal, ello resulta irrelevante en el contexto del ENVENENAMIENTO MASIVO DE UN PUEBLO MEDIANTE LA PROVISIÓN SISTEMÁTICA DE AGUA CONTAMINADA CON AGROTÓXICOS (según las muestras de agua analizadas cuyos resultados digitalizados están en poder, al menos, del INTA BANDERA y el INTA QUIMILI).
Como lo hice en mi anterior, continuaré dirigiéndome, no a usted y sus proyectos personales, sino al INTA Institución, reclamando la difusión de la documentación pública que mantiene en su poder.
Por igual razón y siguiendo con mucha dificultad la tortuosidad de sus respuestas, pongo todo el énfasis posible en aclarar que su tesis no pueden ir “más allá” de su limitación y obediencia al Organismo Público al que pertenece, ya que, está visto, poco le importa la salud de la gente.
Contrariamente a sus argumentos, especulativos, aquellos que moramos, enfermamos y/o morimos de cáncer (con tan solo 49 años, como el óbito de hoy, Martes/20), exigimos la publicación inmediata de esos datos que usted retiene y son concordantes con la epidemiología de incidencia de nuestra zona, datos que, como sabe, han sido ocultados por la corporación agroindustrial, el nulo compromiso ético del Hospital Público (Form C2) y el uso irracional y descontrolado de agrotóxicos en manos de agricultores impunes.
Respecto a los peligros del “posible uso indebido de información pública”, que subliminalmente me adjudica, no puedo dejar pasar inadvertida la impertinencia cuando proviene de usted, un empleado público que se ha apoderado, a priori, de “esa información” y la mantiene sigilosamente encriptada” (¿para su beneficio?)
Más arriba, hago pública su respuesta a mí anterior porque a la sociedad le preocupa, sobremanera, que usted y el municipio de BANDERA se hayan apoderado arteramente de esa información vital. Preocupa porque se trata de la continuidad del suministro por cañería y bidones de agua envenenada, sabiendo que está envenenada con Atrazina, Glifosato y su metabolito AMPA, entre otros, más la inmensurable sinergia de ellos y todos los demás, “juntos”.
En línea con esta grave irregularidad, usted no tiene entidad para dudar de mi honorabilidad, ni la de las personas que se “ocupan del bien común” invirtiendo tiempo y esfuerzo “no remunerado”. Resulta abyecto y socialmente peligroso ponerlo en el mismo plano que su interés particular, rentado, dilatorio y enmascarado tras un objetivo.
Atte.
V.K.F.