Además, las denuncias y persecuciones a médicos y especialistas
Por qué Clarín y La Nación apoyan el uso de glifosato en la Argentina
Publicado el 6 de Marzo de 2011
Por
Manuel Alfieri
El diario de Noble y Magnetto oculta los casos de cáncer y malformaciones y llegó a manipular informes científicos contra el uso del químico. La campaña del diario de Bartolomé Mitre para promoverlo y el verdadero rol de Expoagro.
Los informes de médicos y científicos independientes que sostienen que el glifosato está causando un verdadero desastre a nivel sanitario y ambiental se suman año tras año: el más conocido es el del doctor Andrés Carrasco, quien demostró que ese herbicida, utilizado en dosis mucho menores a las del campo, produce diversas malformaciones. Pero también existen otros, como los del médico Alejandro Oliva, que advierten sobre el crecimiento de casos de cáncer, posiblemente relacionados al uso intensivo de agroquímicos; y los del doctor Jorge Kaczewer, que también hablan de enfermedades neurológicas y problemas reproductivos. Pese a eso, el uso de glifosato en nuestro país crece forma vertiginosa: mientras que en 1991 se utilizaron sólo 1 millón de litros, durante 2009 fueron casi 200 millones, lo que representa el 8,5% de lo usado a nivel mundial. Y va en aumento.
Consultados por Tiempo Argentino, una amplia gama de ONG, especialistas, personas perjudicadas por las fumigaciones y una porción del arco político nacional denunciaron que la razón más evidente para explicar este fenómeno es el sensacional conglomerado de intereses que se encuadran tras el llamado “modelo sojero”, donde el glifosato es una sustancia clave y en el que aparecen en escena grandes multinacionales, medios de comunicación afines a estas empresas, políticos de diferentes extractos y altos funcionarios públicos, muchos de ellos relacionados entre sí (ver “Quiénes lo defienden”). Tal vez por esa misma razón, y a pesar de estos contundentes datos, en el país no existe una legislación uniforme que regule el uso de agroquímicos. Tampoco hay mínimos controles por parte del Estado, ni estudios epidemiológicos serios.
Se trata de un modelo que mueve miles de millones de dólares por año, pero que también está dejando cientos de pueblos contaminados. Un pequeño pero delicado ejemplo es el de La Leonesa, en la provincia del Chaco, donde uno de los pocos estudios oficiales que se realizaron en el país certificó que, durante la última década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400%. Pese a que el informe fue realizado por profesionales de organismos estatales, el gobierno de Chaco rechazó estos resultados, producto de los fuertes intereses que existen en la provincia vinculados al negocio de la soja y el glifosato.
La soja transgénica ingresó a la Argentina en el año 1996, de la mano del por entonces secretario de Agricultura de Carlos Saúl Menem, Felipe Solá. Nuestro país fue el segundo, después de los Estados Unidos, en autorizar su llegada, plagada de irregularidades. Según relata Horacio Verbitsky en un artículo de Página/12, se violaron procedimientos administrativos, se dejaron sin respuesta los cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis especificados por distintos organismos. En el proceso de autorización también se vio la mano de Monsanto: el expediente administrativo estaba escrito en inglés y nunca fue traducido al castellano. Además, de los 136 folios que tenía, 108 pertenecían a informes presentados por la multinacional estadounidense. A Solá no pareció importarle mucho: firmó el documento, a las apuradas, el 25 de marzo de 1996. “Si existe un país en el que la multinacional haya podido hacer todo lo que le viniera en gana sin el menor obstáculo, ese es Argentina”, relata la francesa Marie-Monique Robin, en el capítulo dedicado a nuestro país, de su famoso libro El mundo según Monsanto.
Monsanto es la firma por excelencia en el mercado de los organismos genéticamente modificados. No sólo produce las semillas de soja transgénica, sino que además vende el glifosato (bajo el nombre comercial de Round-Up Ready), imprescindible para fumigar este cultivo. Durante el año 2006, reportó más de 7000 millones de dólares de ganancia.
Su entrada al país no sólo estuvo auspiciada por políticos, sino también por medios de comunicación: junto a Solá, otro de los impulsores de la soja transgénica y el glifosato fue el ingeniero Héctor Huergo, pariente lejano de Ernestina Herrera de Noble y actual director del suplemento y el canal Rural de Clarín. Huergo dirigió el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre febrero y noviembre de 1994, designado por el propio secretario de Agricultura. Por esos tiempos, su esposa, Silvia Mercado, era agente de prensa de Solá.
“Huergo arruinó el INTA. Sin ningún tipo de escrúpulos, transfirió el capital genético estratégico para el país a distintas multinacionales del agronegocio, como Monsanto y Nidera. También les permitió el acceso a los archivos secretos del organismo. Quienes estaban en desacuerdo, eran despedidos inmediatamente. Hoy, Huergo es el máximo defensor de la soja transgénica y el glifosato”, aseguró a Tiempo Argentino el ingeniero agrónomo e historiador, Alberto Lapolla, quien conoce bien al director de Clarín Rural: ambos fueron compañeros en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Los nexos entre el grupo comunicacional más poderoso del país y las corporaciones vinculadas al comercio de agroquímicos y transgénicos son explícitos y fáciles de identificar. Cada edición del suplemento Rural está plagada de publicidades de Monsanto, Syngenta, Nidera, Basf, Bayer, Don Mario, entre otras, que ponen buena parte de sus ingresos en las páginas del diario de la viuda de Noble (ver reproducciones).
Una nota de junio de 2008 es un pequeño ejemplo (de los cientos que pueden encontrarse) que muestra la fraternal relación existente entre Clarín Rural y la multinacional Monsanto. Titulado “Ambiente, semillas y calidad de vida”, el artículo anuncia el lanzamiento de un “compromiso” de la multinacional estadounidense “orientado a contribuir a aumentar la producción mundial de alimentos en vistas de su creciente demanda (…) poniendo constantemente foco en el cuidado del medioambiente”.
Tal vez por eso, así como los elogios a las grandes corporaciones del agro se repiten en todas las ediciones del suplemento dirigido por Huergo, las denuncias vinculadas a los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana (realizadas por médicos, científicos y organizaciones ambientalistas del interior del país) no tienen lugar en Clarín. Esto es fácilmente constatable haciendo una búsqueda en el archivo web del diario. Ni siquiera aparecen los casos más conocidos, como el mencionado aumento de enfermedades en el Chaco; o las denuncias de vecinos de distintas localidades de Santa Fe, producto de intoxicaciones y enfermedades vinculadas al uso intensivo de agroquímicos. Tampoco las del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que define esta situación como un “desastre sanitario”; ni del ambientalista Jorge Rulli, que atribuye al “modelo sojero” un “genocidio encubierto”. Apenas se menciona en una nota el brote de cáncer en el Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, pero no se lo relaciona con el uso intensivo de glifosato, sino con otras sustancias químicas. Los artículos relacionados al herbicida reflejan la posición del multimedios frente a este grave problema. Por ejemplo, el sábado 12 de septiembre de 2009, una nota titulada “Un espaldarazo para el glifosato”, afirma que un informe realizado por expertos del CONICET concluyó en que “usado responsablemente, el producto no implica riesgos para la salud humana”. Si bien esto es cierto, es sólo una de las conclusiones: Clarín omite mencionar deliberadamente que los científicos del CONICET también advirtieron que “en la Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes”, según puede leerse textual en el documento.
El doctor Andrés Carrasco, uno de los investigadores más importantes del país , que trabaja desde hace casi 30 años en desarrollo embrionario y presidió el CONICET, fue víctima de la difamación de estos medios de comunicación por denunciar los terribles efectos de los agroquímicos sobre la salud humana, según contó a Tiempo.
En el año 2009, Carrasco realizó una investigación en la que comprobó que el glifosato produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en los campos argentinos. “El glifosato es un veneno, aunque algunos quieran sacarle ese mote y decir que es un químico. Es un veneno porque mata hierbas”, explicó el científico, quien además narró que, poco después de presentar su trabajo, dos abogados de la CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, que agrupa a proveedores de agroquímicos) irrumpieron en su laboratorio y amenazaron a sus colaboradores. También fue víctima de presiones políticas e, incluso, se puso en duda la existencia de su investigación.
El diario La Nación, ligado históricamente a la Sociedad Rural Argentina y los sectores más conservadores del país, fue uno de los medios que encabezó la campaña de desprestigio mediático contra la investigación de Carrasco. Por ejemplo, en una nota del 24 de abril de 2009, titulada “No aparece un estudio crítico sobre el glifosato”, se refiere al trabajo del investigador como “un estudio de supuesta validez científica”. Un día después, el artículo “Ante el riesgo de volver al pasado”, advierte sobre la “preocupación en el agro por la posibilidad de que se prohíba o suspenda el uso de glifosato, uno de los pilares sobre los que se apoya la producción nacional”, algo que traería “consecuencias muy graves”. El temor del diario fundado por Bartolomé Mitre estaba justificado: por esos días, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas había presentado un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sustentado en la investigación de Carrasco, para suspender las fumigaciones de glifosato hasta que se tengan precisiones sobre la verdadera toxicidad del herbicida.
En ese mismo artículo, La Nación consulta diversas fuentes sobre la posible prohibición. Y todas arriban a una conclusión: que las denuncias “no tienen sustento”. Claro, los organismos consultados son los que mayores réditos económicos tienen gracias a la soja y el glifosato: la mencionada CASAFE, Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que reagrupa a 1500 grandes productores) y Acsoja (Asociación de la Cadena de la Soja en Argentina, que reúne a 29 organizaciones empresariales y otras instituciones con incidencia en la cadena de la soja). El presidente de esta última institución, Rodolfo Rossi, afirma en la nota que suspender el uso de glifosato sería “como si se prohibiera la aspirina”.
Finalmente, y a pesar de la descalificación mediática que sufrió, la investigación de Carrasco fue revisada y publicada en agosto de 2010 por la prestigiosa revista internacional Chemical Research in Toxicology, lo que finalmente le otorgó –según sostienen en el ámbito académico– aval científico.
La acérrima defensa de la soja y el glifosato que Clarín y La Nación hacen tiene una simple pero millonaria explicación: ambas empresas están asociadas en la organización de la feria anual Expoagro, donde se realizan cada año jugosos negocios vinculados a los productos transgénicos y a diferentes agroquímicos. En 2007, por ejemplo, la exposición arrojó ventas por un total de 140 millones de dólares. Por estos días se está desarrollando su edición 2011, a la que asistieron Eduardo Duhalde, Gerónimo Venegas, Francisco de Narváez y José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, denunciado por este diario a raíz de un polémico emprendimiento arrocero en la provincia de Corrientes.
Pero las responsabilidades y complicidades no recaen sólo sobre los medios de comunicación y las multinacionales, sino también sobre el Estado. Pese a que en nuestro país el uso de este agroquímico aumentó 200 veces en los últimos 18 años, su utilización todavía no cuenta con una legislación nacional uniforme que regule su aplicación, rigurosos controles estatales, ni estudios epidemiológicos serios.
Los especialistas aseguran que esta situación tendría su raíz en que el Estado recauda una importante cantidad de dinero a través de las retenciones que fija a los productores sojeros. Y coinciden en que los controles son precarios porque la ley también lo es. Consultada por este diario, Graciela Gómez, abogada y ambientalista santafesina, explicó: “La legislación, además de desarticulada, no es seria. Cada provincia legisla a su modo y lo mismo sucede en cada municipio. Así se da una fragmentación de responsabilidades y una inexistente coordinación entre todos los organismos, que no ayuda a ejercer un control adecuado. Esto hace más débil y confusa la eficacia de las normas.” Y agregó: “Es necesario sancionar con urgencia una norma sobre control y uso de agroquímicos a nivel nacional.”
Pero los pocos proyectos que se presentaron en el Congreso nunca se llegaron a tratar en recinto. La iniciativa de la diputada nacional Julia Perié, del Frente para la Victoria, que solicita “la prohibición total de la comercialización, uso, y aplicación del glifosato por su aguda toxicidad”, duerme en el Parlamento desde agosto de 2009: fue aprobado en comisión, pero jamás tratado en el recinto.
También Cecilia Merchán, diputada del interbloque Proyecto Sur, presentó un proyecto de ley en agosto de 2010 para prohibir la fumigación aérea con plaguicidas en todo el país, pero corrió la misma suerte que su colega.
“Esto no se soluciona porque hay muy fuertes intereses por parte de las multinacionales. Debería haber una posición más firme del Estado. Sobre todo cuando quienes más se enriquecen con este modelo son los grandes pooles de siembra –agazapados en la Sociedad Rural– y las multinacionales como Monsanto”, consideró Merchán. <
