RENACE
RED
NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA DE LA ARGENTINA
13
marzo 2014
“PAUTAS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
PARA LAS
PULVERIZACIONES PERIURBANAS”:
AUSENCIA DE CIENCIA,
OCULTAMIENTOS DE DAÑOS
Y FALTA DE
LEGITIMIDAD
Redacción
colectiva, entre otros, Ing. Claudio Lowy, Lic. Silvana Buján, Dr.
Fernando Cabaleiro, Dr. Damian Verzeñassi
La presión sobre los gobiernos
Diferentes representantes
de las empresas que producen y comercializan los pesticidas que tanto daño le
hacen a la salud de las personas, al ambiente y al futuro de la Argentina,
están haciendo un fuerte trabajo de “lobby” en los medios y en los poderes
legislativos y ejecutivos de la Nación y las provincias, buscando que se fijen
distancias libres de aplicación de pesticidas de 100 metros para las
aplicaciones terrestres y 200 metros para las aéreas. Omitiendo por completo
que esas distancias han sido refutadas ampliamente por la academia, y que esas
sustancias se basan en clasificaciones que ignoran la mayoría de los daños y
riesgos crónicos y subletales.
Por ejemplo, Juan Cruz
Jaime, Director Ejecutivo de CASAFE[1], reconoce públicamente que participaron
con otras empresas de la mesa que elaboró el documento “Pautas del Ministerio de Agricultura para las pulverizaciones
periurbanas” que promueve un
máximo de 100 metros libres de pulverización terrestre y un máximo de 200
metros aéreos, tendiendo a 0 metros con las llamadas “buenas prácticas
agrícolas” y tecnología adecuada.
También
afirma que pretenden una ley nacional de agroquímicos basada en esas “pautas”,
trabajando con 26 entidades para llegar a un consenso; que hay anomia en las
normativas locales que fijan distancias libres de pulverización sin sustento
científico, para lo cual esa ley daría un pretendido “marco científico” para la
elaboración de normas provinciales y locales.
Agrega que
entregaron el documento junto con la Mesa de Enlace provincial al Gobernador
Scioli (Pcia. de Bs. As), quien se comprometió a reconsiderar los 2000 metros
libres de pulverización que indica el proyecto que está hoy en su mesa.
Señala que
en Entre Ríos lo fueron a ver al Sr. Arleta, presidente de la Comisión de
Producción, y que les respondió en los mismos términos.
Que en
Córdoba están “trabajando fuerte” y en Santa Fé hay legisladores que consideran
el documento de las “Pautas…” pero tienen cuestionamientos dentro de sus mismos
partidos políticos.
Y que
fueron a ver al Ministro de Agricultura de la Nación, Casamiquela, que los
derivó al Secretario de Agricultura Gabriel Delgado, que se comprometió a
trabajar en ese sentido.
Además de
todo ésto, también abordaron al Senado de la Nación, como refieren otras notas
periodísticas.
Cómo
se puede ver, un muy importante trabajo de presión sobre los poderes
republicanos, realizado por las empresas que se benefician con la producción,
comercialización y uso de los pesticidas, para conseguir que se les permita
pulverizar sustancias tóxicas cerca de los lugares donde todos desarrollamos
nuestra vida, con restricciones tendiendo a 0 metros.
Ese
trabajo de lobby toma como principal referencia el documento “Pautas sobre
aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas” del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Minagri 2013) que aquí
revisamos:
Ausencia
de ciencia
1.- El documento no
discrimina entre productos más tóxicos y menos tóxicos; propone
simplemente que las restricciones para la aplicación de los pesticidas sean
como máximo 100 metros en forma terrestre y 200 metros aérea. No importa si los
productos son muy tóxicos o poco tóxicos, lo que es una propuesta
anticientífica y antisocial en sí misma, sin consideración sobre los daños a la
salud de las personas.
2.- El trabajo ya comienza
con faltas a la verdad en el punto 4, donde dice [2]: “La
utilización de fitosanitarios en la producción de alimentos es fundamental y
necesaria para producir de manera más estable y eficiente, siguiendo normas de
calidad con el consiguiente beneficio para la sociedad y los consumidores” (SIC).
Claro que los redactores no tienen vergüenza de citar para ello un trabajo de 1965.
3.- Es ampliamente conocido
que los pesticidas producen daño a la salud de las personas y a los
ecosistemas, insostenibilidad ambiental social y económica, que en el mediano
plazo generan un rendimiento productivo decreciente y tecnologías cada vez más
tóxicas, especialmente cuando confluyen en el paquete tecnológico con los
cultivos transgénicos (Altieri, Pengue 2006) (Antoniou et al. 2010). Y que los
cultivos agroecológicos, por otro lado, son tanto o más productivos, que
se obtienen alimentos sanos, seguridad y soberanía alimentaria, sostenibilidad
económica, social y ambiental (De Schutter 2010) (Sevilla Guzmán 2009)
4.- La mayoría de las citas
bibliográficas del documento no pueden ser corroboradas, por lo que su
referencia es contraria a la ciencia. Por ejemplo, la cita 2 dice: Association
of Food and Drugs. 1965. Incluso la cita listada como “14” no aparece
indicada en el texto, es decir, no se puede saber de dónde es.
5.- La absoluta mayoría de
los datos sobre distancias libres de pulverización que ponen como ejemplos,
también carece de referencia bibliográfica que permita corroborarlos, lo que
hace que todo el documento sea poco serio; tampoco se conoce si son las
normativas más actualizadas de cada uno de esos países. Y tampoco se refieren
al contexto productivo, social y ambiental de los países que citan.
6.- La única cita referida
a distancias que se pudo referenciar con claridad, es la del Real Decreto
1311/2012, de España, que fija una distancia mínima libre de aplicaciones
aéreas de 100 metros. Es una cita lamentable: España es el país más permisivo y
criticado por ello de Europa, tanto en lo que hace al uso de pesticidas como a
la liberación de transgénicos (de Prada 2013).
7.- Pretende definir lo que
es zona urbana y zona rural, sin citar referencias ni tener en cuenta las
diversas legislaciones vigentes. No considera siquiera que hay provincias donde
está determinada la zona periurbana, como en Santa Fe, y otras clasificaciones
territoriales como en la Provincia de Buenos Aires.
8.- Pretende homologar, sin
ningún sustento científico, los que denomina “productos fitosanitarios” a
cualquier otra sustancia (punto 8), ocultando que se trata de productos de
síntesis química, que no existen en la naturaleza, y que son biocidas, lo que
significa que fueron diseñados y elaborados para matar.
9.- También carece de
legitimidad científica porque ignora que para la regulación de substancias
tóxicas se utilizan estudios toxicológicos que no son científicos, ya que
fueron realizados y pertenecen a las empresas que producen y
comercializan las mismas sustancias tóxicas, por lo que carecen de la necesaria
independencia de criterio y poseen un claro conflicto de interés; por otro
lado, son confidenciales, es decir, no fueron publicados, por lo que no
pueden ser validados por investigadores independientes en estudios que
contrasten sus resultados (Lowy 2013).
10.- En la redacción del
documento no participaron profesionales médicos que pudieran evaluar el
impacto a la salud, ni se tuvieron en cuenta estudios epidemiológicos
absolutamente imprescindibles para este tipo de regulaciones. Claramente,
quienes participaron en la elaboración del documento carecen de la competencia
profesional en medicina, y tienen competencia absolutamente restringida en
temas ambientales y ecológicos, dadas las mismas especializaciones que
manifiestan tener.
Ocultamientos.
11.- El documento oculta
los numerosos casos e investigaciones que corroboran la asociación entre los
pesticidas y el incremento malformaciones congénitas, abortos espontáneos,
cáncer, afecciones cardíacas, afecciones neurológicas, alergias,
hipotiroidismo, Alzehimer, Párkinson y tantos otros daños a la salud que
señalan los estudios realizados por investigadores que no dependen de las
empresas productoras y/o comercializadoras de estos productos.
Los efectos sobre la salud
pueden generarse por inhibición de enzimas, generación de radicales libres,
compitiendo a nivel enzimático con metales, a nivel de membranas y
neurotransmisores, actuando como ligando de exógenos, lesionando el ADN, entre
otros (Burger, 2012: 49).
En general los agrotóxicos ejercen su acción sobre moléculas (enzimas,
receptores) que los hongos, plantas, insectos y vertebrados comparten, de lo
que resulta lógico que los seres humanos suframos, en nuestros organismos,
daños similares a los experimentados por esas especies, al entrar en contacto
con aquellos, fundamentalmente, si tenemos en cuenta que nuestra especie
comparte carga genética con otras, en diferentes proporciones (con especies
vegetales hasta un 40%, con insectos y ácaros hasta un 60% y con otros
mamíferos hasta un 85%).
Asimismo, los mecanismos de
intoxicación pueden ser agudos o crónicos, dependiendo (como ya lo expresamos)
de la fuente de contaminación, el medio de ingreso del tóxico al organismo, el
tiempo de exposición y la dosis absorbida, entre otros factores.
Existen trabajos que asocian la exposición crónica a agrotóxicos con enfermedad
de Parkinson (Seider: 1996: 1275-1284 / Corrigan et al: 2000; 229–234). La Dra.
Mabel Burger, en su participación en el 1er Congreso Latinoamericano de Salud
Socioambiental, compartió trabajos científicos que mostraron aparición de
Hipotiroidismo Subclínico (por aumento de la Hormona Tirotrofina) y supresión
de la Hormona T3 en personas que manipulan agrotóxicos.
Revisiones bibliográficas
permiten apreciar como las exposiciones a distintos tipos de agrotóxicos, se
relacionan con alteraciones endócrinas a partir de acciones en la
esteroideogénesis, inhibiciones de receptores androgénicos, interferencias con
acumulación y liberacion de hormonas varias, asi como estimulación de
receptores estrogénicos.
Niveles de organoclorados
en semen fueron relacionados con disminuciones del número y motilidad de los
espermatozoides fueron constatadas en hombres infértiles.
La revista Environmental
Research, en su número 80 (299-310), del año 1999, publicó un estudio de
Gerhard y colaboradores, en el que se correlacionan niveles de organoclorados
con infertilidad femenina.
Otro tipo de problemas de salud, vinculados a este tipo de modelos de
producción, como el bajo peso al nacer y/o menor tiempo de gestación,
efectos cognitivos, retardo en el desarrollo psicomotor, vienen siendo
constatados por los equipos de salud de las regiones fumigadas.
Trabajos como el estudio colaborativo multicéntrico, llevado a cabo por
un equipo interdisciplinario conformado por ecólogos, epidemiólogos, agrónomos,
endocrinólogos y sociólogos, dirigido por el Dr. Alejandro Oliva, realizado
entre los años 2004 y 2007 en una región netamente agroindustrial (Alcorta, Bigand, Carreras,
Máximo Paz, Pérez Millán y Santa Teresa) y que contó
con el auspicio del Hospital Italiano Rosario, el Centro de Investigaciones en
Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la
Federación Agraria local, y el INTA (2011), evidenciaron registros de
incidencia de cáncer de testículo, gástrico, de páncreas, hepático y de pulmón
que superaban en 2 a 8,26 los valores de referencia en áreas no pulverizadas.
Cifras similares se encontraron en cánceres de ovario.
En
trabajos previos, Oliva (2001), concluía que los pesticidas aumentan los
riesgos de disminuciones seminales en 2 a 5 veces en hombres expuestos a estas
sustancias de manera crónica, encontrando además aumento de los valores de
estradiol, disminución en la Hormona Luteinizante y, en aquellos que
manifestaran un contacto habitual con los agrotóxicos, incremento en el riesgo
de esterilidad primaria.
Respecto
a la teratogenicidad de los diferentes agrotóxicos, Farag y colaboradores
(2003: 203-208), Tian y su equipo (2005: 267-271), Sherman, JD (1996: 51-58), confirman
la relación existente entre organofosforados y este tipo de patologías. En
nuestro País, la Dra. Gladys Trombotto (2009) presentó su Tesis de Maestría
titulada “Tendencia de las Malformaciones en el Hospital Universitario de
Maternidad y Neonatología de la Ciudad de Córdoba en los años 1972-2003. Un
problema emergente en Salud Pública”. Dicho trabajo deja al descubierto que
sobre 110000 nacidos vivos en ese período de tiempo, hasta el año 1991, el
índice de nacidos vivos con malformaciones congénitas era de 16,2 por mil,
mientras que en el año 2003, esa cifra había crecido a 37,1 por mil, sufriendo
un incremento de mas del cien por ciento.
Datos similares surgen de
la presentación que hicieran en el Encuentro de Nacional de Médicos de Pueblos
Fumigados, la Dra Ma. del Carmen Seveso, (2010: 7) jefa de Terapia Intensiva
del Hospital 4 de junio de la localidad de Roque Saenz Peña (Chaco), quien
expresó la preocupación de los equipos de salud de la zona, quienes vincularon
el incremento de casos de malformaciones congénitas en hijos de madres que
viven en las áreas de producción agroindustrial, a partir del incremento del
uso de agroquímicos en la región. Este perfil de morbilidad, se acompaña de un
incremento en la presentación de dificultades para quedar embarazadas así como
de abortos espontáneos.
Siguiendo esa línea, la
Dra. Ana Otaño, delegada del Ministerio de Salud en Chaco, aportó los
resultados del Primer Informe de malformaciones congénitas en el Servicio de
Neonatología del Hospital J.C. Perrando de Resistencia, Chaco, a partir del
cual queda evidenciado como la incidencia de esas patologías pasó de 19,1 por
diez mil nacidos vivos en el año 1997, a una de 85,3 por diez mil en el año
2008, hecho que es coincidente con el incremento en el área de superficie
destinado a la producción de soja transgénica que pasó de 110000 hectareas en
el año 1997 a casi 750000 hectareas en el año dos mil ocho.
El equipo de investigación del Dr. Andrés Carrasco (2010), realizó un
trascedental aporte con su trabajo acerca del mecanismo por el cual el
Glifosato estaría asociado al incremento de malformaciones congénitas. Según el
estudio (publicado por la Chemical Research in Toxicology), la acción del
glifosato sobre el mecanismo de control de los niveles de acido retinoico en el
organismo, lo que traería aparejado una dificultad en la expresión de
determinados genes, responsables del desarrollo de estructuras craneofaciales y
de la línea media de los seres humanos.
Este trabajo permite
asociar los incrementos en los casos de malformaciones como labios leporinos,
mielomenigoceles, sirenomelias, microcefalias, microftalmias, alteraciones de
la morfogénesis cardíaca e intestinal que se están transformando en
“frecuentes” en nuestro medio.
En una revisión
bibliográfica realizada por equipos de la Universidad de McMaster en
Canadá, Sanborn (2007: 53, 1704-1711), establecen como recomendación la
reducción de la exposición a todos los pesticidas, en virtud de las
asociaciones entre éstos y linfomas no hodgkins, leucemias, así como
malformaciones congénitas. Los defectos específicos incluidos fueron reducción
de miembros, anomalías urogenitales, defectos del SNC, hendiduras oro faciales,
defectos cardiacos y oculares. La misma revisión, encontró que la genotoxicidad
(expresada en aberraciones cromosómicas) duplicaba su frecuencia en sujetos expuestos
a plaguicidas.
Los riesgos de presentar malformaciones congénitas luego de exposiciones
también fueron evaluados en la República del Paraguay. Las Dras. Stella Benitez
Leite y María Luisa Macchi, autoras del trabajo “Malformaciones congénitas
asociadas a agrotóxicos” (2009: 237-247) , y participantes del 1er Congreso
Latinoamericano de Salud Socioambiental, establecieron que la asociación entre
exposición a pesticidas y malformaciones congénitas, es real, y se incrementa
en la medida de la distancia que las viviendas de los sujetos guardan con las
áreas fumigadas, definiendo los 1000 metros como un registro significativo en
esa relación.
Evidentemente, no es escasa la bibliografía científica a nivel mundial, que
pone de manifiesto como los individuos expuestos directa o indirectamente a
plaguicidas, demuestran mayor posibilidad de desarrollar cáncer, abortos
espontáneos o neonatos con malformaciones, tal como afirma entre otros
Simoniello (2007: 73-85).
“Los adelantos científicos
en la investigación de las consecuencias de intoxicaciones crónicas comienzan a
brindar un nivel de información hasta hace poco inconcebible, sobre todo
respecto a nuestra capacidad de evidenciar la exposición. Los avances en el
equipamiento analítico de laboratorio y en los procedimientos de investigación
han facilitado la detección de concentraciones muy bajas de pesticidas y sus
metabolitos en casi todo tipo de tejido humano. De detectar
rutinariamente partes por millón (miligramos por kilogramo) y más recientemente
hasta tan poco como partes por trillón (pico gramos por kilogramo), ahora
algunos laboratorios pueden medir concentraciones de hasta partes por
quintillón (femtogramos por kilogramo). El desarrollo de métodos no invasivos
de obtención de muestras, tales como la detección de pesticidas y sus
metabolitos en orina, posibilitó el monitoreo de exposición pesticida en
infantes y niños. Hoy podemos afirmar con suma certeza que todo niño
en el planeta está expuesto a pesticidas desde la concepción, a lo largo de su
gestación y hasta la lactancia sin importar cuál fue su lugar de nacimiento”.
(Kaczewer, 2002)
12.- Asimismo, el texto oculta
información relevante que vaya en contra de los intereses de sus
promotores, todos pertenecientes al mismo conglomerado de intereses. Como que
en la Unión Europea la Directiva 128 del Parlamento y del
Consejo Europeo del 21 de octubre de 2009, dispone que los Estados
miembros garantizarán la prohibición de las pulverizaciones aéreas (Art.
9). Esta prohibición se sustentan en que, como lo especifica el considerando
14: “La pulverización aérea de plaguicidas puede causar efectos negativos
significativos en la salud humana y el medio ambiente, sobre todo por la deriva
de la pulverización. Por tanto, la pulverización aérea debe prohibirse en
general, con posibles excepciones en los casos en que presente claras ventajas
en términos de menor impacto en la salud humana y el medio ambiente en
comparación con otros métodos de pulverización o cuando no haya ninguna
alternativa viable, siempre que se empleen las mejores técnicas disponibles
para reducir la deriva.” También oculta que la misma directiva
promueve taxativamente la gestión integrada de plagas (Artículo
14), destacando que “La gestión integrada de plagas resalta el crecimiento
de un cultivo sano con la mínima alteración posible de los agroecosistemas y
promueve los mecanismos naturales de control de plagas.”
Ausencia
de legitimidad política
13.- Quienes fueron consultados y
participaron de la elaboración del documento son un grupo de personas jurídicas
cuyos integrantes tienen intereses directos de gestión, profesionales y/o
económico-empresarios en la aplicación de pesticidas, conformado por
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos
(MAGyA) de la provincia de Córdoba, la Comisión Federal Fitosanitaria (CFF), la
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola
(AACREA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID),
la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), la Cámara de la
Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), el Consejo
Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), la Federación Argentina de la
Ingeniería Agronómica (FADIA), la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas
(FeArCA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).
14.- Además de que resulta obvio que
no están representadas todas las escuelas de pensamiento del INTA ni las de la
Facultad de Agronomía de la UBA, están ausentes los principales sectores
afectados por los pesticidas y que no se benefician con su uso, a saber:
· los trabajadores rurales,
· los consumidores que compran, llevan a
sus casas e ingieren junto con sus hijos alimentos que tienen pesticidas y
sustancias transgénicas la mayoría de las veces sin saberlo, y si lo saben sin
tener otra alternativa a su alcance ,
· las poblaciones afectadas por la
deriva de los pesticidas
· Las organizaciones de médicos que
tratan a las poblaciones afectadas por las derivas y a la población en general
afectada por el consumo de alimentos con pesticidas.
· Las organizaciones ambientalistas.
· Los productores y sus organizaciones
que no utilizan estos pesticidas y ven afectas sus producciones por la
aplicación de ellos en campos y propiedades linderas.
Ausencia
de fundamentacion jurídica
De una lectura
del documento de marras el Derecho Ambiental es “invisible” y ello se extrae de
la carencia de mención sobre el plexo de normas jurídicas aplicables a este
tema.
El derecho a
un ambiente sano reconocido constitucionalmente (art. 41 CN) debería oficiar
como guía para este tipo de espacios de discusión poniendo el acento en los
riesgos en el ambiente y en la salud de la población de las zonas afectadas por
las aplicaciones de biocidas.
El
documento cuestionado omitió mencionar que los usuarios y productores de
agroquímicos, al igual que el resto de los habitantes de la República, por
mandato constitucional nacional tienen deber de preservar el ambiente (art. 41 C.N.). A su vez, las autoridades nacionales, provinciales y locales, por el
mismo mandato constitucional, poseen competencias concurrentes para garantizar
el estricto cumplimiento de protección en materia ambiental y relativa a la
salud.
Con ese propósito protectorio, en las leyes que reglamentan dichos
mandatos constitucionales (Ley N°25.675 a nivel nacional y leyes ambientales e
provinciales vigentes), se legisló – como de orden público - la
obligación legal de realizar en forma “previa” a toda obra o actividad que sea
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la
calidad de vida de la población en forma significativa, el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental (arts. 11 a 13 de Ley N° 25.675), sin
que se establezca un régimen de excepción respecto de la aplicación y uso de
agroquímicos.
De lo
expuesto surge claro que se trata de una obligación legal de todo aplicador o
usuario de agroquímicos cumplimentar, en forma previa al uso de agroquímicos,
con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y, de esa
forma, obtener la “aptitud ambiental”, que emana del acto administrativo
llamado Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En virtud de este procedimiento
el Estado -en ejercicio de sus deberes de contralor- debe controlar y
verificar la inocuidad de la actividad al ambiente, a la salud de la población
y a los intereses de las generaciones futuras, previamente a autorizar la
actividad, garantizando de esta manera el derecho a gozar de una ambiente sano
y apto para el desarrollo.
También es
necesario señalar que el documento emitido por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, al momento de referirse a los residuos de la actividad con
biocidas sólo menciona un tratamiento de triple lavado - ineficaz e inseguro -
y vuelve a silenciar u omitir la normativa legal vigente en la materia. En este
caso la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos que, en su Anexo II, “Categorias de
desechos que hay que controlar” señala expresamente los residuos del uso de
biocidas en los siguientes terminos:
“Y4 Desechos
resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y
productos fitofarmacéuticos” y, en el Anexo III, “Lista de
características peligrosas” menciona expresamente:
|
6.1
|
H6.1
|
Tóxicos (venenos) agudos: Sustancias o
desechos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud
humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel.
|
|
9
|
H11
|
Sustancias tóxicas (con efectos
retardados o crónicos): Sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos
o de penetrar en la piel pueden entrañar efectos retardados o crónicos,
incluso la carcinogenia.
|
|
9
|
H12
|
Ecotóxicos: Sustancias o
desechos que, si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos
inmediatos o retardados en el ambiente debido a la bioacumulación o los
efectos tóxicos en los sistemas bióticos.
|
En relación a este punto en
particular, resulta necesario exhortar a las
autoridades competentes en materia de tutela ambiental a regularizar la
situación de millones de bidones con residuos de biocidas que se encuentran
arrojados en lugares heterogénos (montes, canales, arroyos, cunetas,
descampados, etc.) y que resultan un peligro extremo a la salud pública como
ambiental.
En el
documento se efectúan una serie de recomendaciones que no expresan un respaldo
científico ni evaluaciones de impactos ambientales que permitan fundarlas de
modo adecuado. A ello se agrega la omisión de mencionar el conjunto de estudios
científicos que dan certeza sobre daños al ambiente y a la salud por la
expocisión a este tipo de productos. Curiosamente fueron invitados
a participar de la confección del documento denunciado entes que agrupan a los
sectores que poseen intereres relevantes para con la actividad y no fueron
convocadas ni las instituciones competentes en matetria de ambiente y salud
ni los sectores afectados por la actividad. ¿Qué sucede con estos otros
actores, por qué se invisibilizan?
Lo expuesto deja claro que no se ha convocado a todo el conjunto de
actores involucrados en el tema, autoridades públicas, expertos, organizaciones
sociales, afectados; lo que también se aleja del cumplimiento del derecho
ambiental vigente.
De hecho, por las implicancias socio-ambientales del uso de
agroquímicos, se debiera haber dado intervención al Ministerio de Salud de la
Nación y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación dentro del propio Estado. Ahora bien, en función de lo que el principio
de participación ciudadana significa, también los colectivos sociales
afectados, las ONGs que se han ocupado de este tema y el público en general,
deberían poder participar de la construcción de decisiones que han de afectar
su propia cotidianeidad a la vez que su destino, es decir, que han de generar
consecuencias tanto para las generaciones presentes como para las generaciones
futuras que poseen protección constitucional conforme el art. 41 de la
CN.
La
participación ciudadana es una herramienta de política y gestión ambiental, que
ha sido regulada en el derecho nacional. La Ley de Política Ambiental
Nacional Nº 25.675 estipula como objetivo de la política ambiental nacional “fomentar
la participación social en los procesos de toma de decisión” (Art 2 inc. c)
y se consolida como un derecho en los artículos 18 a 21 de mencionada ley, se
reitera de orden publico. En este marco, la legislación vigente prevé que “Las
autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias
públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas
actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el
ambiente” (art. 20)
Asimismo, la
participación ciudadana en cuestiones relacionadas con el ambiente se
constituye como un objetivo de la Estrategia Nacional sobre la Diversidad
Biológica adoptada por Resolución N° 91/2003 (reglamentación de la
Ley N°24.375) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Ministerio de Desarrollo Social y establece en el Capítulo XIII que “un
adecuado régimen de EIA es aquel que además promueve la participación en el
proceso, de aquellos grupos sociales involucrados y/o afectados por este tipo
de proyectos. Es conveniente impulsar mecanismos institucionales para promover
que la información que se obtenga y se genere a partir de dichas prácticas, sea
puesta a disposición del público, mediante, entre otros mecanismos, su
incorporación al Sistema de Información Ambiental Nacional”.
Por otra
parte, cabe destacar que el artículo 22 de la Ley N°25.675 así como la
Resolución N°177/07 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación definen como riesgosa la actividad que conlleva la aplicación de
sustancias tóxicas, obligando a quien la desarrolle la contratación de un
seguro ambiental.
La
actividad agrobiotecnológica importa la generación de riesgos colectivos que
pueden resultar irreparables para la salud y para la biodiversidad. Es por ello que requieren
de una discusión del mismo carácter, es decir, colectiva y participativa so
pena de vulnerarse el orden público ambiental.
Las
falacias del mito
del
argumento de las Buenas Prácticas Agrícolas
El argumento de las Buenas
Prácticas agrícolas es a la vez un mito y una falacia. Entendiendo por:
Falacia: engaño, fraude o mentira
con que se intenta dañar a otro.
Mito: Fábula, ficción
alegórica, especialmente en materia religiosa. Los mitos forman parte del
sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la
cual los considera historias verdaderas.
Como otros discursos que
defienden el uso de los pesticidas, tanto desde entidades públicas como
privadas, el documento “Pautas…” del Ministerio de Agricultura insiste con que
los daños que producen los pesticidas a la salud de la población y al ambiente
se debe a que se los utiliza mal; y que estos daños se evitarán con la
implementación las denominadas buenas prácticas agrícolas en el uso de los
pesticidas.
Si los usuarios de estos
productos estuvieran capacitados en esas buenas prácticas agrícolas,
probablemente sólo algún daño podría ser menor. Sin embargo, hay aspectos mucho
más importantes a señalar.
1º)
Derivas.
No puede haber buenas prácticas
agrícolas si de todas las derivas sólo se considera la deriva primaria, si los
que promueven el uso de los pesticidas solamente se refieren a la deriva que
señala como primaria, ocultando sistemáticamente las derivas secundarias y
la terciarias (Tomasoni 2013).
·
deriva
primaria,
aquélla que se produce al momento de la pulverización;
·
deriva
secundaria,
la que se genera en las horas siguientes a la aplicación;
·
deriva
terciaria,
la que puede producirse semanas, meses o años después de la aplicación.
El trabajo del ingeniero
químico referencia numerosa bibliografía que muestra la escasa proporción de
pesticidas que dan en el blanco. Cita, por ejemplo, la publicación de la Dra. Ing. Agr. Susana Hang (Fac. de Agronomía, UNC) en la
revista del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba de
octubre de 2010, donde dice: “…en el caso particular de los herbicidas está
demostrado que la eficiencia de uso es inferior al 20%, vale decir que buena
parte del producto no cumple la función específica aun cuando la aplicación se
realice adecuadamente”.
Deriva
secundaria:
finalizada la aplicación, explica Tomasoni, los efectos de factores climáticos
como altas temperaturas, alta radiación, baja humedad relativa, cambios
de velocidad y dirección del viento, y reversión térmica pueden provocar una
revolatilización o evaporación de los agroquímicos arrojados. Esta nube química
que aparece sobre el campo pulverizado, la que puede concentrarse aún más con
los plaguicidas que se evaporaron y las gotas que aún no descendieron durante
la deriva primaria, (sobre todo la fracción de gotas de menor tamaño), puede
moverse en toda dirección fuera del campo, generando lo que denominamos Deriva
Secundaria(DS). El fenómeno puede extenderse más allá de las 24 horas
posteriores a la aplicación.
Los
vecinos de las localidades fumigadas denuncian frecuentemente este fenómeno,
como afecciones a la salud manifestadas horas después de las aplicaciones en
campos colindantes con sus barrios, y hasta presencia de “olores” en la aire,
sobre todo a primeras horas de la mañana, y últimas de la noche, coincidiendo
con los fenómenos de reversión térmica (Grupo de Reflexión Rural, 2009;
Sentencia Gabrielli Jorge Alberto y otros, 2012). Este movimiento de los
plaguicidas hacia centros poblados suele ser consecuencia de Derivas
Secundarias, más que de las Primarias.
En casi la
totalidad de investigaciones sobre derivas de plaguicidas no se considera el
fenómeno de las derivas secundarias. Debido a que es solo función de la
interacción de factores climáticos con los plaguicidas, la Deriva Secundaria es
incontrolable, porque lo que no se puede controlar es el clima.
Deriva
terciaria: Es el desplazamiento de plaguicidas y residuos de
éstos, fuera del campo pulverizado en tiempos posteriores a la aplicación, del
orden de semanas, meses o años, debido a diversos fenómenos. Todo plaguicida
que no dé en el blanco para el que fue aplicado, puede comportarse de acuerdo a
alguno de los siguientes fenómenos:
•
Descomposición química en moléculas menores (considerados metabolitos o
residuos);
• Reacción química con moléculas
del ambiente, en particular del suelo;
•
Adsorción y absorción con sustratos del suelo;
•
Lixiviación en corrientes de aguas;
•
Acumulación en microorganismos, insectos, o especies mayores;
•
Cambio de fase a estado gaseoso;
Cada uno de
estos fenómenos, la combinación o la sinergia entre ellos, genera que los
plaguicidas o sus residuos, deriven en distancias tan lejanas de sus
puntos de aplicación, como el movimiento de las capas altas de la atmosfera lo
facilite. El trabajo de Tomasoni, luego de exaustivas referencias y
documentaciones, concluye:
La vasta cantidad de
estudios que relevan la contaminación ambiental de estos compuestos, dan cuenta
de que las moléculas de plaguicidas viajan muchos kilómetros por aire, se
infiltran en las napas de agua, viajan por ríos, se descargan con las lluvias, se
desplazan en el polvillo ambiente, entre tantas formas de llegar a nuestras
vidas. Las recomendaciones para minimizar las contaminaciones por derivas de
plaguicidas suelen ser estériles en la práctica de la actividad agrícola,
debido a que no pueden controlar las moléculas de agroquímicos luego de
arrojarlas al ambiente. Los productores en los campos tienen ventanas de
aplicación muy pequeñas, llegando incluso a anularse, cuando deben configurar
las variables climáticas que les exigen las normativas, con los tiempos de
aparición de las plagas, y los tiempos disponibles por las empresas aplicadoras
para brindar el servicio. Un agravante de las concentraciones de contaminantes
derivados de plaguicidas que se reportan, está en las mayores cantidades de
plaguicidas que se aplican en cada nueva campaña, debido a las resistencias que
desarrollan las plagas y los cócteles que se improvisan por parte de los
productores al momento de pulverizar, cuyos efectos sinérgicos no están
estudiados. Estas situaciones aumentan los riesgos de contaminaciones de esta
actividad, y movilizan a las poblaciones expuestas a resolver un cuadro
sanitario y ambiental deteriorado como nunca antes había sucedido.
En base a lo desarrollado
podemos afirmar que no hay aplicación de plaguicida controlable, porque
básicamente lo que no se puede controlar es la interacción entre el clima y los
fenómenos fisicoquímicos de los plaguicidas, sus residuos, y los coadyuvantes y
surfactantes.
2º)
Clasificación
No puede haber buenas
prácticas agrícolas en el uso de los pesticidas si se parte de una
clasificación toxicológica que oculta la mayor parte de los daños que generan a
la salud y al ambiente y que los hacen parecer como mucho menos tóxicos de
lo que en realidad son.
La propia clasificación de
la Organización Mundial de la Salud, y las que derivan de ella, como la que
impone el SENASA (Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria) a toda la
población argentina, lo reconoce. De acuerdo a esta clasificación, basada en la
metodología de la DL50% aguda, los pesticidas son categorizados e
indicados como:
Ia
- Sumamente peligroso, muy
tóxico. Banda roja
Ib -
Sumamente peligroso, tóxico. Banda
roja
II -
Moderadamente peligroso,
Nocivo. Banda amarilla
III -
Poco peligroso, cuidado. Banda azul
IV -
Normalmente no ofrece peligro,
cuidado. Banda verde
En la categoría IV, la
expresión “Normalmente no ofrece peligro” no quiere significar que estos
productos “habitualmente no ofrecen peligro”; sino que estos productos no
ofrecen peligro si se aplican siguiendo las normas vigentes. Esto implica que
la propia clasificación de la OMS, y también la del SENASA basada en ella,
reconocen que todos los productos incorporados en las otras cuatro categorías
son peligrosos para la salud y para el ambiente aunque se los aplique
siguiendo las normas. Ambas instituciones confiesan que no hay buenas
prácticas agrícolas que impidan esos daños.
3º)
Capacitación de usuarios e indemnizaciones de afectados
Este discurso no explica por
qué no se entrenó a los potenciales usuarios de los pesticidas antes de
autorizar su comercialización y uso masivo, para que sus malas prácticas, que
ese mismo discurso reconoce, no provoquen los daños a la salud y al ambiente
que están causando; tampoco se explica, dado que se trata de un claro caso
de negligencia, quien se hará cargo de compensar esos daños.
4º)
Delitos penales y civiles impunes
Este sistema productivo
genera un contexto de delitos penales y civiles impunes. Los vendedores
de los productos, los profesionales que los recomiendan y recetan, y los
productores que aplican estos productos sin las prevenciones correspondientes,
lo hacen porque consideran que así van a ganar más dinero, más allá de que
apliquen o no las denominadas buenas prácticas agrícolas. Aunque tengan
percepción del peligro para la población afectada por la deriva de los tóxicos
que aplican y por el incremento de los residuos en los alimentos que llegan a
la mesa de las familias, saben también que no hay forma de que, por el momento,
puedan ser sancionados civil y/o penalmente por el daño padecido por otras
personas dado que no ha sido posible demostrar que un determinado
pesticida detectado en el cuerpo de una víctima haya provenido de una determinada
pulverización efectuada sobre un determinado cultivo por una determinada
persona.
De hecho, a pesar de las
decenas de millones de litros pulverizados por año y las millones de personas
afectadas, no se conoce de ningún caso de sanción penal o civil por
intoxicación con pesticidas. Lo más que se logró fueron acciones de amparo
obligando al alejamiento de las pulverizaciones de los lugares donde vive la
gente, y el único caso de la sanción a un productor y un aplicador en el Barrio
Ituzaingó, en Córdoba, pero por trasgresión a la ley de residuos peligrosos.
Entonces, la alternativa con la que se enfrenta el productor es pulverizar
voluntariamente los productos tóxicos más lejos de donde las personas
desarrollan su vida, o continuar hasta que tal vez la justicia lo detecte.
5º) Plagas
resistentes
El propio sistema
productivo hace imposible la aplicación de las denominadas buenas prácticas
agrícolas, dado que los pesticidas utilizados sólo permiten la sobrevida de los
individuos de las plagas que tienen resistencia natural a esos productos,
eliminado todos los otros. Esto hace que se genere la denominada resistencia a
biocidas, por lo que cada vez es necesario pulverizar mayor cantidad por
hectárea y pesticidas cada vez más tóxicos para lograr el mismo efecto.
6º) El mito del manejo seguro
Después de la
consideración y en análisis de vasta bibliografía haciendo referencia a
informes de numerosos países y organismos internacionales, señalando
estadísticas de uso de plaguicidas, así como enfermedades y muertes asociadas,
y experiencias frustradas de capacitación, resume:
“En los últimos dos
decenios, en los países en desarrollo, se han realizado muchas actividades de
capacitación en manejo seguro de plaguicidas. Sin embargo, algunas acciones de
seguimiento de algunos de estos cursos revelaron que a pesar de que en la
mayoría de los casos se transfieren conocimientos, no se logra un cambio de
aptitud significativo. Parece que las actividades de capacitación se han
convertido en una labor mediante la cual se informa de los peligros existentes,
así como de las normas de seguridad que deben seguirse, sin posibilidades
reales de lograr un cambio en las prácticas cotidianas de la mayoría de los
trabajadores que usan estos productos. La palabra “seguro”, utilizada repetida
y ampliamente en actividades de capacitación sobre manejo de plaguicidas, es un
mito que ofrece una sensación de falsa seguridad a los educandos, porque no
existe una implementación práctica de manejo seguro, como tal.”
El resumen termina
enfatizando en la necesidad de realizar los mayores esfuerzos en la difusión de
prácticas agronómicas que tiendan a reducir o eliminar el uso de estos
productos.
Como sociedad no
necesitamos que se promueva el uso de los pesticidas en forma terrestre a 100
metros y en forma aérea a 200 metros, tendiendo a cero, como dice el presidente
de CASAFE, que tanto daño nos hace a la salud, al ambiente, a la sociedad, a la
economía.
Lo que necesitamos es
promover un sistema productivo que articule los saberes agroecológicos con los
saberes campesinos y un sistema inclusivo de distribución; que recupere la
soberanía alimentaria, la sostenibilidad social, ambiental y económica
respetando la salud de las personas y del ambiente.
Redacción
colectiva, entre otros:
Dr.
Damian Verzeñassi damianverze@yahoo.com.ar (0341) 15485841 FORO
ECOLOGISTA PARANA – Universidad Nacional de Rosario - RENACE
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