Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article5785
Reconocieron oficialmente el desmonte de más de un millón de hectáreas de bosque nativo
La Secretaría de Ambiente de la Nación reveló en un informe la pérdida de más de un millón de hectáreas en los casi cuatro años de su estudio, comprendidos desde la sanción de la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos a finales de 2007, los respectivos Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de cada provincia y el año 2011.Por Red Eco Alternativo, integrante de la RNMA
(Luis Gauna- Red Eco ) Argentina - Pese la legislación pertinente al cuidado y preservación de los Bosques Nativos en territorio argentino y a las múltiples denuncias realizadas por organizaciones campesinas, pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales como así también ambientalistas, el informe “Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina” con fecha de Junio de 2012 , elaborado en la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) de la Dirección de Bosques de la Nación, advierte el crecimiento paulatino de los desmontes ilegales en el territorio nacional, con preponderancia en el Parque Chaqueño y la Selva Tucumano Boliviana.
De acuerdo a lo expuesto en el documento, las provincias donde más se avanzó con la deforestación son líderadas por Santiago del Estero con 453.551 hectáreas desmontadas, Salta con 236.246, Formosa con 129 mil y Chaco con 110 mil. En menor medida, pero importante con respecto al porcentaje desmontado, en San Luis se desmontaron 37 mil hectáreas, en Misiones 21 mil y en Tucumán 18 mil.
Los desmontes en zonas de categoría I “Roja”, las cuales requieren máxima protección, ya que corresponden a lugares con mayor cantidad de formaciones vegetales nativas y con función ecosistémica en su entorno, son liderados por las provincia de Salta y Santiago del Estero. En el período de casi 4 años que contempla el informe, en Salta se desmontaron 8080 hectáreas y 6719 hectáreas en territorio santiagueño. Los siguen Formosa con 898 hectáreas, San Luis con 298 y Jujuy con 201.
Las zonas de categoría II “amarilla”, aquellas susceptibles de un aprovechamiento sostenible y sustentable, son las que más han sufrido: con un total casi de 260 mil hectáreas desmontadas, Santiago del Estero figura con 195.001 hectáreas arrasadas, Salta con 31.749 y Chaco con 21.749, entre los tres primeros y que concentran casi la totalidad de las hectáreas pérdidas.
Este último dato avala un flaco cuidado hacia la flora nativa si tenemos en cuenta que en contraposición las tierras aptas para desmonte de la categoría III “Verde” (siempre y cuando se presenten los permisos y acuerdos correspondientes), éstas presentan cerca de 75 mil hectáreas menos desmontadas.
Los desmontes en zonas de categoría I “Roja”, las cuales requieren máxima protección, ya que corresponden a lugares con mayor cantidad de formaciones vegetales nativas y con función ecosistémica en su entorno, son liderados por las provincia de Salta y Santiago del Estero. En el período de casi 4 años que contempla el informe, en Salta se desmontaron 8080 hectáreas y 6719 hectáreas en territorio santiagueño. Los siguen Formosa con 898 hectáreas, San Luis con 298 y Jujuy con 201.
Las zonas de categoría II “amarilla”, aquellas susceptibles de un aprovechamiento sostenible y sustentable, son las que más han sufrido: con un total casi de 260 mil hectáreas desmontadas, Santiago del Estero figura con 195.001 hectáreas arrasadas, Salta con 31.749 y Chaco con 21.749, entre los tres primeros y que concentran casi la totalidad de las hectáreas pérdidas.
Este último dato avala un flaco cuidado hacia la flora nativa si tenemos en cuenta que en contraposición las tierras aptas para desmonte de la categoría III “Verde” (siempre y cuando se presenten los permisos y acuerdos correspondientes), éstas presentan cerca de 75 mil hectáreas menos desmontadas.
De las provincias más afectadas por los desmontes en el período analizado, Salta y Santiago del Estero exponen las fallas y violaciones a las prohibiciones que estipulaban el cese de los desmontes luego de la sanción de la Ley de Bosques, hasta que cada provincia conformara su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN):
En Santiago del Estero se desmontaron 169 mil hectáreas del Parque Chaqueño entre 2007 y la conformación del OTBN en 2009.
En Salta se desmontaron 109 mil hectáreas de Parque Chaqueño y 5 mil de la Selva Tucumano Boliviana hasta la conformación del OTBN a finales de 2008.
Del informe, se deduce que la superficie forestal que más se ha visto atacada ha sido la santiagueña llegando al 2,3% de terreno desmontado, seguido por Salta con 1,3% de terreno deforestado ,Córdoba con el 1,15%, Fórmosa con el 1,04% y el caso particular de San Luis, que muestra un porcentaje de 1,5% de tierras desmontadas, pero con una superficie de bosques mucho menor que el resto.
En Santiago del Estero se desmontaron 169 mil hectáreas del Parque Chaqueño entre 2007 y la conformación del OTBN en 2009. En Salta se desmontaron 109 mil hectáreas de Parque Chaqueño y 5 mil de la Selva Tucumano Boliviana hasta la conformación del OTBN a finales de 2008.Del informe, se deduce que la superficie forestal que más se ha visto atacada ha sido la santiagueña llegando al 2,3% de terreno desmontado, seguido por Salta con 1,3% de terreno deforestado ,Córdoba con el 1,15%, Fórmosa con el 1,04% y el caso particular de San Luis, que muestra un porcentaje de 1,5% de tierras desmontadas, pero con una superficie de bosques mucho menor que el resto.
Avanzando con el modelo de sojización , agroindustrial y agrotóxico
El informe oficial es claro: “En las provincias analizadas los procesos de pérdida de superficie de bosque nativo fueron causados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Las imágenes satelitales ponen de manifiesto la existencia de nuevos cultivos, que en varias oportunidades corresponden a soja”.
La frontera agropecuaria avanza sobre los bosques, amparándose en el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) que es llevado adelante por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales con sus respectivos Programas y aplicaciones , contrastando “soberanía alimentaria” por sobre un modelo desigual a base de agrotóxico, desperdicio de recursos hídricos y de suelo, inversión predominantemente extranjera y beneficioso sólo a las grandes empresas y latifundistas, tal como lo denunciara en abril del año pasado el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
De los 32 millones de hectáreas cultivadas, el horizonte del PEA se vislumbra hacia los 41 millones y en la fase de desmonte de los bosques nativos, los pueblos originarios y el campesinado son actores improvistos para las avanzadas del empresariado del agro.
Un ejemplo notorio de ello es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE-Vía Campesina), quien hace frente a los empresarios del agro, que en sintonía con la justicia y las fuerzas parapoliciales intentan despojarlos de sus tierras, a costa de la vida de los comuneros del Movimiento, como fue el caso de Cristian Ferreyra en 2011 o Miguel Galván en 2012. Justamente, el informe oficial demuestra el liderazgo santiagueño en materia de desmonte.
Si bien los datos toman relevancia por ser el Gobierno Nacional quien acepta las fallas en cuanto al cumplimiento de la legislación, hay que tener en cuenta que en ningún lado del informe hace un enfoque autocrítico de la información que aporta, más aún, se sustenta en el tiempo próximo como una solución a los problemas actuales:
“Aunque se observa que el proceso de pérdida de bosques nativos continúa debe considerarse que la Ley Nº 26.331 no prohíbe los desmontes, sino que los regula, principalmente a través de la generación de los OTBN de cada provincia. Por otra parte, es importante tener en cuenta que los OTBN y sus normas asociadas son de reciente implementación, y dada la complejidad y la falta de antecedentes en el país de la implementación de este tipo de leyes de presupuestos mínimos que exigen una fuerte interacción entre organismos provinciales y nacionales, es esperable que los resultados de su aplicación no se vean de manera inmediata (…). Cuando las autoridades provinciales y nacional de aplicación de la ley cuenten con todas sus capacidades para poder encarar las distintas tareas que implican conducir un manejo forestal sustentable así como una fuerte acción de control de las actividades forestales en amplios territorios, los tiempos administrativos se adecuen a los requerimientos que este tipo de actividades amerita y que toda la comunidad haya tenido acceso a lo que la ley demanda y posibilidad de integrarse a ella, se comenzarán a ver los logros de la norma.”
El informe oficial es claro: “En las provincias analizadas los procesos de pérdida de superficie de bosque nativo fueron causados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Las imágenes satelitales ponen de manifiesto la existencia de nuevos cultivos, que en varias oportunidades corresponden a soja”.
La frontera agropecuaria avanza sobre los bosques, amparándose en el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) que es llevado adelante por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales con sus respectivos Programas y aplicaciones , contrastando “soberanía alimentaria” por sobre un modelo desigual a base de agrotóxico, desperdicio de recursos hídricos y de suelo, inversión predominantemente extranjera y beneficioso sólo a las grandes empresas y latifundistas, tal como lo denunciara en abril del año pasado el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
De los 32 millones de hectáreas cultivadas, el horizonte del PEA se vislumbra hacia los 41 millones y en la fase de desmonte de los bosques nativos, los pueblos originarios y el campesinado son actores improvistos para las avanzadas del empresariado del agro.
Un ejemplo notorio de ello es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE-Vía Campesina), quien hace frente a los empresarios del agro, que en sintonía con la justicia y las fuerzas parapoliciales intentan despojarlos de sus tierras, a costa de la vida de los comuneros del Movimiento, como fue el caso de Cristian Ferreyra en 2011 o Miguel Galván en 2012. Justamente, el informe oficial demuestra el liderazgo santiagueño en materia de desmonte.
Si bien los datos toman relevancia por ser el Gobierno Nacional quien acepta las fallas en cuanto al cumplimiento de la legislación, hay que tener en cuenta que en ningún lado del informe hace un enfoque autocrítico de la información que aporta, más aún, se sustenta en el tiempo próximo como una solución a los problemas actuales:
“Aunque se observa que el proceso de pérdida de bosques nativos continúa debe considerarse que la Ley Nº 26.331 no prohíbe los desmontes, sino que los regula, principalmente a través de la generación de los OTBN de cada provincia. Por otra parte, es importante tener en cuenta que los OTBN y sus normas asociadas son de reciente implementación, y dada la complejidad y la falta de antecedentes en el país de la implementación de este tipo de leyes de presupuestos mínimos que exigen una fuerte interacción entre organismos provinciales y nacionales, es esperable que los resultados de su aplicación no se vean de manera inmediata (…). Cuando las autoridades provinciales y nacional de aplicación de la ley cuenten con todas sus capacidades para poder encarar las distintas tareas que implican conducir un manejo forestal sustentable así como una fuerte acción de control de las actividades forestales en amplios territorios, los tiempos administrativos se adecuen a los requerimientos que este tipo de actividades amerita y que toda la comunidad haya tenido acceso a lo que la ley demanda y posibilidad de integrarse a ella, se comenzarán a ver los logros de la norma.”
Mientras el Gobierno se excusa, hay que manifestar que en diferentes puntos del país, en el 2012, se han profundizado los problemas que el informe susodicho expone.
De acuerdo a los estudios de la ONG Guyra Paraguay, al norte y oeste del territorio cordobés, entre marzo y noviembre se deforestaron 7.806 hectáreas de categoría I “roja”, las cuales deberían ser las mejor conservadas por los organismos provinciales competentes. La tasa anual de desmontes alcanzó las 23,3 hectáreas diarias del bosque nativo chaqueño, sin tener en cuenta los desmontes ilegales al sur de la provincia.
De acuerdo a los estudios de la ONG Guyra Paraguay, al norte y oeste del territorio cordobés, entre marzo y noviembre se deforestaron 7.806 hectáreas de categoría I “roja”, las cuales deberían ser las mejor conservadas por los organismos provinciales competentes. La tasa anual de desmontes alcanzó las 23,3 hectáreas diarias del bosque nativo chaqueño, sin tener en cuenta los desmontes ilegales al sur de la provincia.
Tanto desde la Fundación Conservación y Desarrollo (Conydes) como desde el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UNRC denunciaron los desmontes ilegales que se llevan a cabo en diferentes zonas del sur provincial.
La docente de la UNRC y presidenta de CONYDES, Evangelina Natale, advirtió que “toda la provincia” está afectada por esta problemática”.
“Las zonas serranas están siendo desmontadas para proyectos de urbanización y el norte de Córdoba para agricultura”. Así bien, los bosques de Río Cuarto y el sur cordobés también se ven afectadas por el avance de la frontera agrícola-ganadera.
De las 12 millones de hectáreas que a principios del siglo XX poseía Córdoba, sólo restan 600 mil, con el agravante de una tercera parte del territorio provincial desertificado o en vías de por la sobreexplotación agroganadera.
Del informe de Guyra Paraguay, se advierte que en 2012 153 mil hectáreas fueron arrasadas del Parque Chaqueño, a comparación de las 44 mil hectáreas desmontadas en 2011.
El territorio comprendido incluye las provincias de Chaco, Santiago del Estero (posicionándose como el sector con más desmontes, al igual que lo expuesto en el informe oficial), Córdoba, Formosa, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santa Fe y San Luis. El Parque Chaqueño o Gran Chaco, distribuye el 40% de su superficie en suelo argentino, mientras que el resto se emplaza sobre Paraguay, Brasil y Bolivia.
Así también, desde ésta avanzada, las topadoras también se han interpuesto ante los Derechos de los Pueblos Originarios, donde la resistencia de la etnia Qom y Wichi en Fórmosa y Chaco, son las más resonantes y violentas. En reclamo de sus tierras, históricamente vendidas a precio vil o directamente arrebatadas, las comunidades afrontan una lucha contra los gobiernos provinciales y los terratenientes, conllevando a cuestas el racismo imperante hacia los originarios por parte de los mismos, como así también la falta de acción, decisiones e involucración con las problemáticas por parte de los organismos estatales que deberían hacer cumplir los convenios internacionales y leyes nacionales. De igual forma, se podría tomar el caso de las comunidades de la Nación Diaguita, como la de Indio Colalao, quienes ante la avanzada sojera y la complicidad político-empresarial, resisten los violentos desalojos de sus tierras ancestrales, como el último, allá por julio del último año.
Sólo por mencionar algunos de los tantos conflictos, que el modelo agroexportador sojero y agroindustrial lleva a cuestas.
Actualmente, 23,6 millones de hectáreas argentinas se encuentran cultivadas con transgénicos: de la soja, el 50% de los cultivos se encuentra bajo dominio del 3% de productores. Encajando en la lógica “progresista”, la concentración empresarial beneficia a 12 de las 25 empresas con más rentabilidad a la hora de exportar, todas ellas vinculadas a la exportación de granos.
Argentina, es el tercer exportador a nivel mundial de Soja, después de Estados Unidos y Brasil. El mismo lugar en el podio ocupa como productor de transgénicos.
La docente de la UNRC y presidenta de CONYDES, Evangelina Natale, advirtió que “toda la provincia” está afectada por esta problemática”.
“Las zonas serranas están siendo desmontadas para proyectos de urbanización y el norte de Córdoba para agricultura”. Así bien, los bosques de Río Cuarto y el sur cordobés también se ven afectadas por el avance de la frontera agrícola-ganadera.
De las 12 millones de hectáreas que a principios del siglo XX poseía Córdoba, sólo restan 600 mil, con el agravante de una tercera parte del territorio provincial desertificado o en vías de por la sobreexplotación agroganadera.
Del informe de Guyra Paraguay, se advierte que en 2012 153 mil hectáreas fueron arrasadas del Parque Chaqueño, a comparación de las 44 mil hectáreas desmontadas en 2011.
El territorio comprendido incluye las provincias de Chaco, Santiago del Estero (posicionándose como el sector con más desmontes, al igual que lo expuesto en el informe oficial), Córdoba, Formosa, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santa Fe y San Luis. El Parque Chaqueño o Gran Chaco, distribuye el 40% de su superficie en suelo argentino, mientras que el resto se emplaza sobre Paraguay, Brasil y Bolivia.
Así también, desde ésta avanzada, las topadoras también se han interpuesto ante los Derechos de los Pueblos Originarios, donde la resistencia de la etnia Qom y Wichi en Fórmosa y Chaco, son las más resonantes y violentas. En reclamo de sus tierras, históricamente vendidas a precio vil o directamente arrebatadas, las comunidades afrontan una lucha contra los gobiernos provinciales y los terratenientes, conllevando a cuestas el racismo imperante hacia los originarios por parte de los mismos, como así también la falta de acción, decisiones e involucración con las problemáticas por parte de los organismos estatales que deberían hacer cumplir los convenios internacionales y leyes nacionales. De igual forma, se podría tomar el caso de las comunidades de la Nación Diaguita, como la de Indio Colalao, quienes ante la avanzada sojera y la complicidad político-empresarial, resisten los violentos desalojos de sus tierras ancestrales, como el último, allá por julio del último año.
Sólo por mencionar algunos de los tantos conflictos, que el modelo agroexportador sojero y agroindustrial lleva a cuestas.
Actualmente, 23,6 millones de hectáreas argentinas se encuentran cultivadas con transgénicos: de la soja, el 50% de los cultivos se encuentra bajo dominio del 3% de productores. Encajando en la lógica “progresista”, la concentración empresarial beneficia a 12 de las 25 empresas con más rentabilidad a la hora de exportar, todas ellas vinculadas a la exportación de granos.
Argentina, es el tercer exportador a nivel mundial de Soja, después de Estados Unidos y Brasil. El mismo lugar en el podio ocupa como productor de transgénicos.
Fuentes:
Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo en el marco de la Ley Nº 26.331: (http://ambiente.gov.ar/?idarticulo=11709)
ONG Guyra Paraguay (http://www.guyra.org.py/)
ONG Guyra Paraguay (http://www.guyra.org.py/)
Puntal.com.ar (http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.php?id=134275)
Notas relacionadas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario