Fuente: http://renace.net/?p=5554
Siguen sosteniendo la falacia.
Hemos tomado conocimiento de las conclusiones de las “Jornadas a campo de buenas prácticas en la aplicación de Productos Fitosanitarios” que se desarrollaron el 5 de julio ppdo., en Mar del Plata. En ellas, se buscaba generar un documento técnico de validación de las “Pautas de aplicación de plaguicidas[1]”, y proponer zonas buffer libres de aplicación de agrotóxicos de 100m para terrestres y 200m aéreas.
Quiénes las organizaron: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Aapresid Regional Mar del Plata, el Colegio de Ingenieros de la Pcia de Bs As DII, la Asociación Fruti-hortícola de Productores y Afines del Partido de Gral. Pueyrredón, el Centro de Ingenieros Mar del Plata Comisión Agrónomos, la Sociedad Rural Mar del Plata y la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE).
Una vez más, se debatió sobre tóxicos y personas afectadas, sin la presencia de ningún representante de áreas de salud. Y sin ningún afectado. Por el contrario, con la fuerte presencia de las entidades comerciales que lucran con esas sustancias [2] (Monsanto, Bayer, DuPont, Syngenta, etc).
Aspectos técnicos
La definición de “derivas” utilizada no es completa, puesto que solo considera las “gotas detectables por las tarjetas hidrosensibles”. La deriva de plaguicida contempla el total de las moléculas de las sustancias que puedan escapar de las parcelas asperjadas inmediatamente al momento de la aplicación, o en instancias posteriores a la misma, incluso días o meses después.
La consideración total de las derivas contempla además del movimiento de las “gotas” asperjadas, la fracción de agroquímicos que pasó a fase gaseosa al momento de la aplicación o después de la misma, y escapa de la parcela por aire, suelo, o agua; esta fracción, que puede ser de mayor consideración que la propiamente líquida (gota) y no se manifestará en una “tarjeta hidrosensible” puesto que ésta técnica (no reconocida para evaluar derivas totales), sólo detecta cualitativamente gotas acuosas de tamaños considerables a la visión humana; las moléculas de agroquímicos evaporadas al momento de la aplicación, o con posterioridad a la misma, no son detectables por la visión humana, por lo tanto tampoco se manifestarán en una “tarjeta hidrosensible”.
Para determinar derivas de plaguicidas, la metodología reconocida es aquella que detecta y cuantifica los compuestos en aire ambiente. Esta técnica conlleva el uso de bombas para colectar aire ambiente pasándolo por un cartucho compuesto de un material que retiene los plaguicidas, que luego se desorben en el laboratorio donde se cuali-cuantifican con técnicas de comatografía.
En el documento se señala que las determinaciones se hicieron con vientos por encima de lo recomendado, lo que demostraría que las derivas no superarían los 100m aún en condiciones extremas de viento. Justamente, velocidades de vientos elevadas tienen efectos de erosión sobre la gota que aumentan la evaporación de la misma, potenciando la deriva de plaguicidas en fase gaseosa. Seguramente, de haberse medido plaguicida en aire ambiente con la técnica correcta, en esas condiciones de viento extremo, la distancia de dispersión detectada de estas sustancias sería mayor [3].
Aspectos políticos
Desde el 2014, representantes de las empresas que producen y comercializan los agrotóxicos que tan probadamente dañan la salud de las personas, el ambiente y el futuro, están haciendo un fuerte “lobby” en medios, poblaciones y poderes legislativos y ejecutivos de Nación, provincias y municipios para fijar distancias libres de 100 metros para las pulverizaciones terrestres y 200 metros para las aéreas, tendiendo a cero con “buenas prácticas agrícolas”, tomando como principal referencia el documento “Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas” ya citado.
El documento está escrito en hojas con membrete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y contempla solamente los intereses monetarios de quienes se benefician con la ganancia del sistema productivo que utiliza agroquímicos biocidas, ocultando o falseando los perjuicios que genera [4].
El documento no discrimina entre productos más tóxicos y menos tóxicos; propone restricciones para la aplicación de 100 metros en tierra y 200 para aéreas, contradiciendo inclusive la Ley Provincial 10699 de Buenos Aires[5] que establece 2000 metros para estas últimas. No discriminar entre muy tóxicos o poco tóxicos es una propuesta anticientífica y antisocial en sí misma, que omite los daños a la salud.
El documento ignora que para la regulación de substancias tóxicas se utilizan estudios toxicológicos que no son científicos, ya que fueron realizados y pertenecen a las empresas que producen y comercializan las mismas sustancias tóxicas, por lo que carecen de independencia de criterio, son confidenciales, no fueron publicados ni validados por investigadores independientes, siendo un fuerte conflicto de interés insalvable. El viejo concepto de que “la dosis hace el veneno” (Paracelso), no funciona para los agrotóxicos, puesto que son acumulativas y porque las dosis bajas pero reiteradas producen efectos irreversibles. Además, son disruptores endócrinos, y, por definición, hacen mayor daño en determinados momentos del desarrollo del individuo [6]. Fue redactado sin la participación de profesionales médicos, ni se tuvieron en cuenta estudios epidemiológicos. Oculta los numerosos casos e investigaciones que corroboran la asociación entre pesticidas y las malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, afecciones cardíacas, neurológicas, alergias, hipotiroidismo, Alzehimer, Párkinson y tantos otros daños comprobados por científicos que no tienen conflicto de interés. En su redacción, se ignoraron los principales sectores afectados por los pesticidas y que no se benefician con su uso.
Volviendo a las “Jornadas a campo de buenas prácticas en la aplicación de Productos Fitosanitarios”
Luego de señalar que las tarjetas hidrosensibles ubicadas hasta docientos metros del lugar de la pulverización terrestre y aérea mostraron que las gotas en cada una de las aplicaciones llegaron a distancias mucho menores que la recomendada por del documento del Minagri, el documento concluye que:
“Realizadas 9 demostraciones a campo de aplicaciones terrestres y aéreas en distintas zonas con diversas condiciones climáticas concluimos que siguiendo las Buenas Prácticas agrícolas, protegemos los cultivos sin afectar la salud ni al medio ambiente” (negrita y subrayado en el original).
Además de las críticas antedichas al documento original de las “Pautas..,” estas conclusiones del Colegio de Ingenieros de Mar del Plata & Co. tienen por lo menos cinco aspectos muy cuestionables, que le quitan sustento para ser utilizado como argumento de una futura regulación:
Primero: reconocen que las nueve (ocho en realidad) demostraciones evaluaron sólo la dispersión de gotas de agua, cuando es muy sabido que los caldos de aplicación se comportan de manera completamente diferente que el agua.
Segundo: Ignoran que tanto el agua como los formulados de los agroquímicos biocidas se evaporan, pasan a estado gaseoso. Que también derivan y a distancias mayores que las gotas.
Tercero: Ignoraron la posibilidad de la inversión térmica y las derivas secundarias y terciarias, es decir, las que se producen hasta 24 horas después de la aplicación y luego de ese lapso de tiempo.
Cuarto: insisten en proponer las distancias de 100 y 200 metros libres de pulverización terrestre y aérea respectivamente, ignorando totalmente las diferentes toxicidades letales, subletales, agudas, crónicas y de bajas dosis. Así, la propuesta uniformiza las distancias libres de aplicación para los agroquímicos biocidas que matan o enferman, que se degradan o no rápidamente, que son liposolubles o hidrosolubles, que tienen más o menos persistencia en el tiempo, que tienden o no a evaporarse más rápido, y tantas otras diferencias; todos ellos pueden aplicarse igual, según las buenas prácticas agrícolas. Y eso es un despropósito científico y ético.
Quinto: El documento del Colegio de Ingenieros Agrónomos & Co. ignora que es imposible el control y seguimiento de las denominadas buenas prácticas agrícolas, por lo que es una propuesta inviable en su aplicación misma. A pesar de que se aplican más de 300 millones de Kg/lt de formulados de pesticidas en todo el país, no se conoce ni un solo caso donde un inspector se haya apersonado ante un avión o mosquito pulverizador, haya verificado la presencia de un ingeniero agrónomo y que las condiciones climáticas estuvieran dentro de la ventana de aplicación, haya solicitado la receta sanitaria, haya tomado una muestra del tanque, la haya protocolizado, y la haya hecho analizar para verificar que el contenido se corresponde con lo indicado en la receta.
Por ende, la propuesta de las “buenas prácticas agrícolas” es además, impracticable, porque no se puede controlar.-
Ing. Marcos Tomasoni mtomasoni@yahoo.com.ar
Ing. Claudio Lowy – BIOS – RENACE – IPEN (011) 1564675187 ecolowy@gmail.com
Lic. Silvana Buján – BIOS – RENACE – IPEN – GAIA (0223) 155019937 ecosil@copetel.com.ar
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