Prohiben fumigar a menos de 500 metros de casas o escuelas

Por Victor Krieger Fabbroni

PROHIBIDO FUMIGAR A MENOS DE 500 METROS DE VIVIENDAS URBANAS O RURALES.

Hace pocos días, un fallo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nº 6 de Cañada de Gómez determinó como "inconstitucional e inconvencional" toda Ordenanza Municipal que autorice fumigar a menos de 500 mts de cualquier unidad habitacional, sea rural o urbana.

A su vez, este fallo sienta jurisprudencia sobre que los Municipios deben formular nuevas Ordenanzas que “adecuen o midifiquen” la Ley Provincial de Agrotóxicos (en nuestro caso 6.312) para que quede “LEGALMENTE” establecido 500 mts como límite a partir del cual se pueden aplicar agrotóxicos.

Resulta importante recordar, también, el fallo judicial de San Jorge que establece igual distancia como punto de conteo a partir del cual se puede aplicar agrotóxicos.

Entonces, estos 500 metros no pueden ser reducidos, como pretenden algunas Ordenanza Municipales de Santiago del Estero, porque así lo establece el Derecho Ambiental sobre que toda modificación debe resultar en incremento de las distancias de protección y no en su reducción.

Por otra parte, la población fumigada debe saber que así como hay algunos Ing. Agrónomos que niegan el poder venenoso de los agrotóxicos, hay otros que pensando en contrario ayudan a los Municipios a defender a su población estableciendo distancias “adecuadas a la actual toxicidad de los venenos agrarios”.Para conocer la verdad, averigüen de qué viven los Agrónomos que niegan lo evidente, en contraste con los que acusan. En muchos casos hay una Toyota de distancia.

Ante la duda, no olvidar que el O.M.S. ratificó la toxicidad del glifosato como probable cancerígeno, conforme lo denunciara con anterioridad el científico del CONICET Dr. Andrés CARRASCO, concordante con lo demostrado por los Campamentos Sanitarios de la Universidad Nacional de Rosario que establecieron que el 80 por ciento de los enfermos de cáncer y tumores, pertenecen a viviendas que están a menos de 500 metros de donde se fumiga.

Resulta ya inaceptable que la Municipalidad de Bandera, Santiago del Estero, como otras de la provincia y provincias vecinas no privilegien la vida por sobre intereses económicos corporativos que prosperan “con” la ilegalidad.

 Deben éstos saber que está vigente el Recurso de Reconsideración para que revean decisiones anteriores y establezcan distancias no menores a 500 mts con protocolos debidamente publicitados  sobre “qué debe hacer” un ciudadano cuando es víctima de una fumigación ilegal. Todo lo antes dicho se apoya en probanza científica avalada por la Justicia.

 “Todo ambiente fumigado con insecticidas, herbicidas o fungicidas produce en los pobladores, inevitablemente, patologías cancerígenas, entre otras tantas irreversibles”.

Agrotoxicidad: peligroso retroceso

DENUNCIAMOS la campaña nacional sobre las “Buenas Prácticas Agrícolas” impulsada por gobiernos provinciales y Nación, que hasta la fecha han realizado 19 presentaciones en diversas localidades sin convocar a médicos y afectados por agroquímicos (los últimos caso fueron: Ministerios de Agricultura de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) de Río Cuarto, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y el INTA) que buscan desmentir bajo falacias productivistas que las aplicaciones de glifosato “bajo estándares normales y prácticas agrícolas correctas” no implican riesgos para la salud humana, desconociendo la regulación lograda por las poblaciones a través de ordenanzas municipales que restringen a las pulverizaciones aéreas y terrestres. Denunciamos las responsabilidades que les cabe a los médicos toxicólogos que llevan adelante la misma, negando el problema de afectación a la salud por intoxicación con biocidas: Nilda Gait, jefa del servicio de Toxicología del Hospital de Niños y especialista en toxicología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; y Martín Alonso, director del Hospital Oncológico de la misma provincia.

Prof. Cecilia Carrizo

Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP)

Universidad Nacional de Córdoba

Rondeau 467 2º Piso (5000) Bº Nueva CórdobaCórdoba, Argentina. tel. 54 351 4332068 
Fbk: Red Justicia Ambiental

http://seminarioenjusticiaambiental.blogspot.com.ar/

Documento de posicionamiento y propuestas para el gobierno nacional, provincial y municipal

Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina

30 años del Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina

II Seminario Internacional sobre Plaguicidas y su efecto en la salud.

4 y 5 de diciembre de 2015. Ciudad de Buenos Aires

Los participantes del Seminario Internacional, teniendo en cuenta la CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SÍ SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN del Santo Padre Francisco en la cual se alerta sobre el impacto de los actuales modelos productivos vigentes basados en la depredación de los bienes comunes naturales y alto uso de agrotóxicos, RECHAZAMOS el proyecto presentado por el diputado Nacional por la provincia de Formosa, Luis Basterra, como también el proyecto de ley de agroquímicos que se encuentra en etapa de discusión en la legislatura de la provincia de Buenas Aires, dado que ambos son casos de regresión normativa en relación a los derechos constitucionales sobre la defensa de la vida, la salud y el ambiente sano, y ante los probados efectos nocivos sobre la salud de los productores/as, trabajadores/as, las poblaciones expuestas y sobre la el resto de las especies vivas, que el modelo agrobiotecnológico - transgénico produce.

Entre los principales puntos de la “Ley Basterra” sobre agrotóxicos, rechazamos los conceptos “fitosanitario” y el de las “Buenas prácticas agrícolas”, dado que son conceptos provenientes e instaurados por las empresas e instituciones de los agronegocios que no contemplan un enfoque de derechos, ni reconocen la necesidad de respetar los flujos, relaciones y ciclos naturales. Consideramos que la noción de “fitosanitario” no es inocente y técnicamente está inadecuadamente utilizada, dado que ningún agrotóxico o biocida es inocuo, presentando diferentes niveles de toxicidad y riesgo de padecer intoxicaciones, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Los conceptos no son neutros, las formas o modos a partir de las cuales denominamos a objetos, hechos y procesos puede darse a partir de la familiaridad, cierto acercamiento, a los hábitos y prácticas, pero también subsiste el intento de ocultar la posible incidencia de esos hechos o elementos por ejemplo en la salud socio ambiental. De la misma manera, las “buenas prácticas agrícolas” se relacionan con la apariencia externa o calidad formal de los alimentos, sin atenerse a la posible contaminación con plaguicidas.

En este sentido, planteamos la necesidad de recategorizar los biocidas, teniendo en cuenta las últimas evidencias sobre la carcinogénesis del glifosato de acuerdo al informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de 2015, además de los casos judiciales de violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y las leyes provinciales de agroquímicos (Fallo Ituzaingó), y las investigaciones científicas sobre efectos en la salud y el ambiente por exposición crónica y aguda. Una recategorización que deberá tener en cuenta no solo la toxicidad aguda y crónica sino las características físico químicas de los productos y su comportamiento ambiental.

Denunciamos la falta de tratamiento del proyecto en las Comisiones de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación; la falta de debate serio y profundo en la Comisión de Salud; y la manera subrepticia en que logró su media sanción el pasado 27 de noviembre de 2015. Asimismo, denunciamos la omisión de mecanismos de consulta y participación en la elaboración de la ley de organizaciones de la sociedad civil, científicos y profesionales especialistas que bregan por la defensa de la salud y el ambiente sano. Consecuente con ello, el proyecto no presenta artículos que protejan y resguarden a las poblaciones expuestas, los establecimientos educativos aledaños a las zonas de aplicación y la biodiversidad toda.

Ante la constitución de un observatorio de seguimiento de las problemáticas asociadas al uso de plaguicidas conformado por “especialistas", recordamos que la sociedad civil ha demostrado, a partir de la realización de sus propias investigaciones, de sus luchas, las denuncias y puesta en práctica de alternativas agroecológicas, su capacidad de detección de los problemas en la salud relacionados con la utilización de plaguicidas, aún antes que los sectores gubernamental y científico. También fue pionera en analizar y discutir alternativas de solución.Dicho observatorio deberá reconocer y tener en cuenta todos las evaluaciones realizadas, las investigaciones abiertas publicadas y evaluadas por jurados de pares, los monitoreos comunitarios, etc todo bajo la aplicación del principio precautorio y con la plena participación de todos los actores involucrados en la dinámica de uso de los plaguicidas , aún las comunidades expuestas. La diversidad de visiones, la intersubjetividad y complementariedad entre participantes permite contar con un enfoque más amplio, menos endogámico, en los procedimientos que hacen a las autorizaciones, categorizaciones y sobremanera de una distribución, comercialización y aplicación de productos de manera apropiada tal que se preserve la salud ambiental.

Respecto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con media sanción en el Senado de la Nación, sobre tratamiento y disposición final de los envases vacíos de agrotóxicos, destacamos que los procesos allí incluidos están regulados por la Ley de Residuos Peligrosos y el Convenio de Basilea al que nuestro país adhiere desde 1991. Además señalamos la omisión del principio precautorio presente en la Ley 25.675 General de Ambiente, de acuerdo a los Convenios Internacionales de Estocolmo y de Diversidad Biológica.

Las investigaciones de campo nos demuestran que en ausencia de un marco normativo, en la actualidad, los envases de plaguicidas, se desechan de manera inadecuada: se queman, se entierran o se arrojan en sitios no específicos, por ejemplo en aeródromos y en basurales comunitarios. Sugerimos crear un sistema de seguimiento a través de un código de barras para los envases vacíos y la creación de centros regionales para la recepción, el almacenamiento y tratamiento de los mismos, de tal manera que se pueda hacer un seguimiento y que los usuarios de agrotóxicos deberán hacer llegar sus envases vacíos para tal fin, es decir, para el almacenamiento y tratamiento de los mismos. Además, se deberán hacer responsables a las empresas del costo que implica la operatividad y legalidad de la puesta en marcha del reciclado seguro y confiable de sus envases contaminados bajo las determinaciones estrictas de la ley nacional de residuos peligrosos, ya anteriormente mencionada.

Exigimos la discusión amplia de varias leyes relacionadas con la problemática ambiental, y una ley de desarrollo agrario integral, que incluya presupuestos mínimos ambientales y estudios de impacto ambiental para todo emprendimiento productivo, cualquiera sea su tipo y área de implementación. Necesitamos una ley de presupuestos mínimos sobre plaguicidas, con indicadores ecológicos y de salud que considere TODO el “ciclo de vida de los agro tóxicos”: producción, transporte, registro, almacenamiento, venta, uso y disposición final de los envases y líquidos remanentes. Solicitamos que de manera urgente se establezcan franjas de restricción /prohibición en el uso de plaguicidas de manera de proteger la salud de la población expuesta y a los productores agroecológicos. Las leyes parciales de plaguicidas con media sanción en el Congreso, cada una con sus propios principios y criterios, no avanzan en ese sentido.

Reclamamos la creación, al igual que otros países de Latinoamérica, de una agencia autárquica, la cual debe tener la facultad de autorizar importaciones y el registro de los principios activos, determinar las pautas y realizar las categorizaciones toxicológicas y establecer las normas de distribución y aplicación de los plaguicidas. No es posible que la misma institución, el SENASA, sea quien fije, ejecute y se autoevalué.

Dicha agencia deberá contar con miembros del Ministerio de salud, de la Secretaría de Ambiente, del Ministerio de Agricultura y sus organismos descentralizados y la participación de la sociedad civil. La autarquía y transparencia en las resoluciones seguramente redundarán en una limitación al uso de los plaguicidas en general y de los extremadamente peligrosos en particular.

RECLAMAMOS la imperiosa necesidad de institucionalizar como política de Estado, el apoyo a los modos respetuosos de vinculación con los bienes comunes naturales sobre los cuales se basa la agroecología, entendiendo a la agroecología como “una disciplina o un modo de interpretar y proponer alternativas integrales y sustentables en la realidad agrícola, respetando las interacciones que se dan entre los diversos factores participantes de los agroecosistemas, incluyendo a los elementos relativos a las condiciones sociales de producción y distribución de alimentos.

Además, DENUNCIAMOS la campaña nacional sobre las “Buenas Prácticas Agrícolas” impulsada por gobiernos provinciales y Nación, que hasta la fecha han realizado 19 presentaciones en diversas localidades sin convocar a médicos y afectados por agroquímicos (los últimos caso fueron: Ministerios de Agricultura de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) de Río Cuarto, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y el INTA) que buscan desmentir bajo falacias productivistas que las aplicaciones de glifosato “bajo estándares normales y prácticas agrícolas correctas” no implican riesgos para la salud humana, desconociendo la regulación lograda por las poblaciones a través de ordenanzas municipales que restringen a las pulverizaciones aéreas y terrestres. Denunciamos las responsabilidades que les cabe a los médicos toxicólogos que llevan adelante la misma, negando el problema de afectación a la salud por intoxicación con biocidas: Nilda Gait, jefa del servicio de Toxicología del Hospital de Niños y especialista en toxicología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; y Martín Alonso, director del Hospital Oncológico de la misma provincia.

Denunciamos que las BPA son insustentables dado que existen fallas en los mecanismos de control en todos los niveles de gobierno siendo falaz admitir la posibilidad de un estándar normal y correcto de aplicación cuando las ventas ilegales y la falta de poder de policía son la práctica real de aplicación de plaguicidas, con escasa seguridad en su uso, además de las condiciones climáticas que producen derivas y la falta de información sobre su peligrosidad.

Denunciamos la situación de abandono sanitario de los afectados por las fumigaciones de Barrio Ituzaingó Anexo, aún con la sentencia 421 del 17/09/2015 del Tribunal Superior de Córdoba que confirmó el delito de peligro para la salud de las poblaciones urbanas, especialmente en barrio Ituzaingó Anexo por las fumigaciones aéreas y terrestres acontecidas y en infracción de la Ley 24.051 y las diferente restricciones legales vigentes (Ordenanza 10590/02 sobre prohibición de aplicación aérea de plaguicidas en ejido urbano y 10589/02 sobre prohibición de aplicación terrestre o aérea a menos de 2500 metros del barrio Ituzaingó Anexo, Ley 9164/04 de Agroquímicos) y la situación de Emergencia Sanitaria Vigente desde 2002 (ordenanza 10505) y con urgentes necesidades de atención tanto por el municipio, como la provincia de Córdoba y la Nación.

En otro plano, rechazamos, por su relación directa con el modelo de Artificialización de la naturaleza vinculado con los agronegocios, la designación en el Ministerio de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires de Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto y la designación frente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de María Beatríz “Pilu” Giraudo, presidenta de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID)

Denunciamos los posibles compromisos con la industria farmacéutica del actual Ministro de Salud de la Nación.

Finalmente, ADVERTIMOS que la política de “acercamiento al océano Pacífico” invocada por el presidente refiere al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que implica modificaciones en las normativas vigentes que llevan a la privatización de nuestras semillas, patentamiento de medicamentos y derechos digitales y regulación de empresas estatales, con una inminente pérdida de nuestra soberanía.

Por último, CONVOCAMOS a la movilización y participación permanente desde “Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto” en defensa de la vida y contra el ocultamente del efecto de los plaguicidas y las restricciones a la conservación de las semillas por parte de los productores.

Firman y adhieren:

Red de Acción en plaguicidas y sus Alternativas de América Latina

Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios (ULTeRA)

Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI)

ASOCIACION CIVIL GRUPO DE MADRES DE BARRIO ITUZAINGO ANEXO 

AREA DE ESTADO, CIUDADANIA Y JUSTICIA AMBIENTAL y SEMINARIO EN JUSTICIA AMBIENTAL - INSTITUTO DE INVESTIGACION Y FORMACION EN ADMINISTRACION PÚBLICA   - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

RED DE ACCIÓN PLAGUICIDAS Y SUS ALTERNATIVAS PARAGUAY

RED DE ACCIÓN EN PLAGUICIDAS Y SUS ALTERNATIVAS CHILE

RED DE ACCIÓN EN PLAGUICIDAS Y SUS ALTERNATIVAS URUGUAY

FORO AMBIENTAL DE LOS TOLDOS (BS. AS.)

Movimiento Popular de Salud “Laicrimpo Misiones”

IDEP_ SALUD

Centro de Estudios sobre Tecnologías apropiadas de la Argentina

Marcela  Bobatto 

Gerardo Segovia

Noemí Fernández

Claudia Nelida Noseda

Eduardo Rossi

Rodrigo Burrieza

La Argentina aún tiene pendiente definir un verdadero Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos

Fuente:

Jose Luis Rotger Sanchez

FRENTE A LAS INUNDACIONES DEL LITORAL:

La Argentina aún tiene pendiente definir un verdadero Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos

30 diciembre, 2015
Por Jorge Cuello
Abogado y docente de Derecho Ambiental de la UBA

Frente a las inundaciones que tuvieron un fuerte impacto en 5 provincias del litoral de nuestro país y que provoco ya la evacuación de 20 mil personas, con grandes daños materiales y pérdidas de vidas humanas, debemos nuevamente retomar el debate intencionadamente olvidado por la dirigencia política, acerca de la necesidad de poner en marcha un plan nacional de recursos hídricos que se ocupe de prevenir este tipo de situaciones y al mismo tiempo de respuestas concretas frente a los desbordes climáticos y urgencias como las vividas en estos últimos días en nuestro país.

TERMINAR CON EL RELEVAMIENTO DE LOS GLACIARES, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY.

Entre otras cosas, debería terminarse el relevamiento de glaciares a cargo de las provincias, tal como lo establece la ley que los regula, ya que son en las altas cumbres donde se inician gran parte de los cursos de los ríos argentinos y una vez relevados protegerlos desde su nacimiento a su desembocaduras de los daños ambientales provocados, entre otras cosas, por la minería y otras actividades productivas como la industria, la pesca o la agricultura.

PUESTA EN MARCHA DE LA PROTECCION DE BOSQUES NATIVOS, PARA CUMPLIR CON LA LEY.

Además, debería ponerse en marcha definitivamente, la ley de protección de bosques nativos, a través del accionar conjunto entre las provincias y la nación, debiendo las primeras hacer el relevamiento de las zonas protegidas en cuyas áreas se prohíba todo tipo de actividad productiva y el relevamiento de las zonas que son aptas para la producción y el desmonte mientras que la Nación debe destinar los fondos necesarios para garantizar su protección a través de subsidios otorgados a los propietarios para evitar que desforesten zonas de alto valor ecológico.

Ello porque según lo han manifestado algunos expertos, las zonas inundadas actualmente coinciden causalmente con las zonas en donde la deforestación de bosques ha avanzado en forma significativa en los últimos años. Es decir, la desaparición de la floresta, trae aparejado este tipo de inundaciones porque el agua de las lluvias cuando cae a la tierra es absorbida por los árboles, quienes actúan como si fueran esponjas, pero cuando estos ya no están más aferrados a la tierra, el efecto es desbastador porque el agua por algún lado tiene que fluir y estos desbordes son típicas consecuencias de la deforestación y altas precipitaciones.

SANEAMIENTO DE LAS CUENCAS HIDRICAS CONTAMINADAS.

Otro asunto fundamental, tiene que ver con el saneamiento de las cuencas hídricas que han sido contaminadas por la radicación de industrias y el vertido de sus desechos a los cursos de agua, el impacto del uso de los agroquímicos en la agricultura y en la producción de frutas y hortalizas y el vertido sin tratamiento de los desechos residenciales cloacales. Entre las cuencas más afectadas, podemos mencionar la del Rio Sali Dulce, la del Matanza – Riachuelo y la del rio Reconquista, a lo que debemos sumar, numerosos lagos y arroyos de diferentes puntos del país afectados por este tipo de actividades humanas.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS.

Y resulta fundamental la realización de las obras de infraestructura que permitan, por un lado, la contención de los cursos de agua superficiales a través de sistemas de canalización y almacenamiento del agua en periodos de crecidas y su administración racional en épocas de sequía tal como afirmaba Ameghino cientos de años atrás. Y otras obras, vinculadas, con el acceso al agua potable para el consumo humano y el servicio de cloacas son también fundamentales para garantizar otros derechos como el derecho a la vida o la salud de las personas.

PRESERVACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS.

Las aguas subterráneas merecen un capítulo aparte y deben ser una prioridad de todas las administraciones gubernamentales nacionales, provinciales o municipales, debiendo ser el Sistema Acuífero Guaraní, unos de los mas grandes reservorios de agua dulce del planeta que está bajo el territorio argentino, brasilero, paraguayo y uruguayo, una de las joyas de la madre naturaleza que debemos cuidar y preservar para las generaciones presentes y el futuras y sobre el cual debemos velar por su soberanía regional compartida entre los cuatro socios del MERCOSUR.

SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTAS.

Por último, vamos a señalar lo que ya hemos dicho en otras oportunidades, a raíz de los desastres naturales provocados por las grandes crecidas de las aguas superficiales o las lluvias intensas que provocan desastres en los ámbitos urbanos o rurales, con consecuencias dramáticas como lo ocurrido un 2 de abril en la ciudad de La Plata, en relación a la puesta en marcha de planes para afrontar catástrofes naturales, los cuales entre otras cosas, deben estar orientados a desarrollar sistemas de monitoreo y generación de alertas satelitales para anticipar futuros hechos climáticos extremos y adoptar medidas preventivas, preparar como Centros de Evacuación ante eventuales emergencias climáticas a distintos espacios públicos (Escuelas, Clubes, Edificios Públicos, Cuarteles de las FFAA) y crear, apoyar, formar y financiar el desarrollo de cuerpos locales o barriales de voluntarios de Defensa Civil para actuar en las emergencias.

COMITES DE CUENCAS INTERJURIDICCIONALES.

Estos y otros tantos desafíos que tenemos por delante, deben ser una prioridad de todos los gobiernos y fuerzas políticas con representación parlamentaria en todos sus niveles – Nacionales, provinciales o municipales – debiéndose comprometer a gestionar las cuencas hídricas a través de organismos interjurisdiccionales con la participación activa además de usuarios, organizaciones ambientales, institutos de investigación científica y universidades nacionales tal como ocurre con la ACUMAR en la cuenca Matanza Riachuelo.

GESTION INTEGRAL DE LAS AGUAS DE TODO EL TERRITORIO, PARA LA UNIDAD NACIONAL.

En definitiva, un gran consenso nacional en torno a la gestión integral de las aguas debería ser una buena excusa para alcanzar la tan anhelada unidad nacional en clave de proyecto federal que contemple las realidades regionales de todas las provincias del país y que asegure la sostenibilidad de un recurso que es tan vital que resulta fundamental para la vida humana en el planeta.

La deforestación ya está causando desastres

Inundaciones en el Cono Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

No es una catástrofe natural, sino la consecuencia del modelo productivo

Nuestra América, 31 de diciembre de 2015

Las inundaciones que afectan a varios países de América del Sur son las peores de los últimos 50 años. Cientos de miles de familias tienen que ser evacuadas tras perderlo todo. El desborde de los cursos normales del agua no es la consecuencia lógica de las lluvias, sino producto de la alteración de los equilibrios naturales de los diferentes ecosistemas en toda la región, a partir del cambio de uso de la tierra: la deforestación, la sojización y así como la sustitución de nuestras praderas y bosques nativos por especies de árboles exóticos como los eucaliptus y pinos por decisión de “los mercados”.

Como sucede habitualmente, estas relaciones económico-ambientales (e incluso la gravedad de los efectos sobre la población) tienden a ser negadas por las autoridades políticas y ocultadas por los medios privados de comunicación. El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, por ejemplo, trató de minimizar la situación afirmando que “hay lugares donde sobra el agua y otros donde falta”. Por su parte, en Paraguay, el Presidente Horacio Cartes está tardando demasiado tiempo en declarar situación de emergencia nacional, algo que todavía no ha hecho a pesar de que al día de hoy son 4 los departamentos más afectados por la crecida, con más de 100 mil damnificados en zonas ribereñas. Para Cartes, de hecho, la deforestación "es un detalle" nada más, como lo manifestó en su momento ante las críticas que generó su fraudulento informe en la reciente Cumbre del Cambio Climático de París.

Sin embargo, la raíz del problema fundamental es que el desmonte y las  grandes represas eliminan la capacidad de la naturaleza para regular los efectos de las lluvias. Sólo en Argentina, han sido desforestadas  9 millones de hectáreas en los últimos 25 años, se ha desmontado el 75% de los bosques, en su mayoría en la zona afectada por las recientes crecidas. Un panorama similar sucede en los demás países de la región. De esta manera, los beneficiarios del agronegocio, que son las compañías multinacionales y los grandes poseedores de tierra, descargan como “externalidades” los impactos sobre el resto de la población, que sufre las consecuencias.

Las organizaciones populares llamamos a la solidaridad y convocamos a debatir sobre el modelo productivo y sus consecuencias socioambientales.

Primeras firmas: 

- Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas - CONAMURI (Paraguay)

- CNDAV – Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (Uruguay)

- Movimiento Popular Patria Grande (Argentina)

- Resumen Latinoamericano (Argentina - Cuba - Venezuela)

- Escuela José Carlos Mariátegui, desde Nuestra América (Argentina)

- Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía (Argentina)

- CIFMSL, Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos (Argentina)

- Jóvenes Ante la Emergencia Nacional (México)

- Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (México)

- Comisión Multisectorial (Uruguay)

- Espacio de Lucha Territorial Río Bravo (Argentina)

- Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social - Regionales Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires Oeste (Argentina)

- Las Floras Libertarias (Argentina)

- Movimiento Popular UNIOS (Venezuela)

- Red por una América Latina Libre de Transgénicos

- Fórum Mudanças Climáticas e Justica Social (Brasil)

- Colectivo Voz Insurgente (Venezuela) 

-Foro Ambiental santiagueño