DENUNCIAMOS la campaña nacional sobre las “Buenas Prácticas Agrícolas” impulsada por gobiernos provinciales y Nación, que hasta la fecha han realizado 19 presentaciones en diversas localidades sin convocar a médicos y afectados por agroquímicos (los últimos caso fueron: Ministerios de Agricultura de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) de Río Cuarto, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y el INTA) que buscan desmentir bajo falacias productivistas que las aplicaciones de glifosato “bajo estándares normales y prácticas agrícolas correctas” no implican riesgos para la salud humana, desconociendo la regulación lograda por las poblaciones a través de ordenanzas municipales que restringen a las pulverizaciones aéreas y terrestres. Denunciamos las responsabilidades que les cabe a los médicos toxicólogos que llevan adelante la misma, negando el problema de afectación a la salud por intoxicación con biocidas: Nilda Gait, jefa del servicio de Toxicología del Hospital de Niños y especialista en toxicología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; y Martín Alonso, director del Hospital Oncológico de la misma provincia.
Prof. Cecilia Carrizo
Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP)
Universidad Nacional de Córdoba
Rondeau 467 2º Piso (5000) Bº Nueva CórdobaCórdoba, Argentina. tel. 54 351 4332068 Fbk: Red Justicia Ambiental
Documento de posicionamiento y propuestas para el gobierno nacional, provincial y municipal
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina
30 años del Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina
II Seminario Internacional sobre Plaguicidas y su efecto en la salud.
4 y 5 de diciembre de 2015. Ciudad de Buenos Aires
Los participantes del Seminario Internacional, teniendo en cuenta la CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SÍ SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN del Santo Padre Francisco en la cual se alerta sobre el impacto de los actuales modelos productivos vigentes basados en la depredación de los bienes comunes naturales y alto uso de agrotóxicos, RECHAZAMOS el proyecto presentado por el diputado Nacional por la provincia de Formosa, Luis Basterra, como también el proyecto de ley de agroquímicos que se encuentra en etapa de discusión en la legislatura de la provincia de Buenas Aires, dado que ambos son casos de regresión normativa en relación a los derechos constitucionales sobre la defensa de la vida, la salud y el ambiente sano, y ante los probados efectos nocivos sobre la salud de los productores/as, trabajadores/as, las poblaciones expuestas y sobre la el resto de las especies vivas, que el modelo agrobiotecnológico - transgénico produce.
Entre los principales puntos de la “Ley Basterra” sobre agrotóxicos, rechazamos los conceptos “fitosanitario” y el de las “Buenas prácticas agrícolas”, dado que son conceptos provenientes e instaurados por las empresas e instituciones de los agronegocios que no contemplan un enfoque de derechos, ni reconocen la necesidad de respetar los flujos, relaciones y ciclos naturales. Consideramos que la noción de “fitosanitario” no es inocente y técnicamente está inadecuadamente utilizada, dado que ningún agrotóxico o biocida es inocuo, presentando diferentes niveles de toxicidad y riesgo de padecer intoxicaciones, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Los conceptos no son neutros, las formas o modos a partir de las cuales denominamos a objetos, hechos y procesos puede darse a partir de la familiaridad, cierto acercamiento, a los hábitos y prácticas, pero también subsiste el intento de ocultar la posible incidencia de esos hechos o elementos por ejemplo en la salud socio ambiental. De la misma manera, las “buenas prácticas agrícolas” se relacionan con la apariencia externa o calidad formal de los alimentos, sin atenerse a la posible contaminación con plaguicidas.
En este sentido, planteamos la necesidad de recategorizar los biocidas, teniendo en cuenta las últimas evidencias sobre la carcinogénesis del glifosato de acuerdo al informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de 2015, además de los casos judiciales de violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y las leyes provinciales de agroquímicos (Fallo Ituzaingó), y las investigaciones científicas sobre efectos en la salud y el ambiente por exposición crónica y aguda. Una recategorización que deberá tener en cuenta no solo la toxicidad aguda y crónica sino las características físico químicas de los productos y su comportamiento ambiental.
Denunciamos la falta de tratamiento del proyecto en las Comisiones de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación; la falta de debate serio y profundo en la Comisión de Salud; y la manera subrepticia en que logró su media sanción el pasado 27 de noviembre de 2015. Asimismo, denunciamos la omisión de mecanismos de consulta y participación en la elaboración de la ley de organizaciones de la sociedad civil, científicos y profesionales especialistas que bregan por la defensa de la salud y el ambiente sano. Consecuente con ello, el proyecto no presenta artículos que protejan y resguarden a las poblaciones expuestas, los establecimientos educativos aledaños a las zonas de aplicación y la biodiversidad toda.
Ante la constitución de un observatorio de seguimiento de las problemáticas asociadas al uso de plaguicidas conformado por “especialistas", recordamos que la sociedad civil ha demostrado, a partir de la realización de sus propias investigaciones, de sus luchas, las denuncias y puesta en práctica de alternativas agroecológicas, su capacidad de detección de los problemas en la salud relacionados con la utilización de plaguicidas, aún antes que los sectores gubernamental y científico. También fue pionera en analizar y discutir alternativas de solución.Dicho observatorio deberá reconocer y tener en cuenta todos las evaluaciones realizadas, las investigaciones abiertas publicadas y evaluadas por jurados de pares, los monitoreos comunitarios, etc todo bajo la aplicación del principio precautorio y con la plena participación de todos los actores involucrados en la dinámica de uso de los plaguicidas , aún las comunidades expuestas. La diversidad de visiones, la intersubjetividad y complementariedad entre participantes permite contar con un enfoque más amplio, menos endogámico, en los procedimientos que hacen a las autorizaciones, categorizaciones y sobremanera de una distribución, comercialización y aplicación de productos de manera apropiada tal que se preserve la salud ambiental.
Respecto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con media sanción en el Senado de la Nación, sobre tratamiento y disposición final de los envases vacíos de agrotóxicos, destacamos que los procesos allí incluidos están regulados por la Ley de Residuos Peligrosos y el Convenio de Basilea al que nuestro país adhiere desde 1991. Además señalamos la omisión del principio precautorio presente en la Ley 25.675 General de Ambiente, de acuerdo a los Convenios Internacionales de Estocolmo y de Diversidad Biológica.
Las investigaciones de campo nos demuestran que en ausencia de un marco normativo, en la actualidad, los envases de plaguicidas, se desechan de manera inadecuada: se queman, se entierran o se arrojan en sitios no específicos, por ejemplo en aeródromos y en basurales comunitarios. Sugerimos crear un sistema de seguimiento a través de un código de barras para los envases vacíos y la creación de centros regionales para la recepción, el almacenamiento y tratamiento de los mismos, de tal manera que se pueda hacer un seguimiento y que los usuarios de agrotóxicos deberán hacer llegar sus envases vacíos para tal fin, es decir, para el almacenamiento y tratamiento de los mismos. Además, se deberán hacer responsables a las empresas del costo que implica la operatividad y legalidad de la puesta en marcha del reciclado seguro y confiable de sus envases contaminados bajo las determinaciones estrictas de la ley nacional de residuos peligrosos, ya anteriormente mencionada.
Exigimos la discusión amplia de varias leyes relacionadas con la problemática ambiental, y una ley de desarrollo agrario integral, que incluya presupuestos mínimos ambientales y estudios de impacto ambiental para todo emprendimiento productivo, cualquiera sea su tipo y área de implementación. Necesitamos una ley de presupuestos mínimos sobre plaguicidas, con indicadores ecológicos y de salud que considere TODO el “ciclo de vida de los agro tóxicos”: producción, transporte, registro, almacenamiento, venta, uso y disposición final de los envases y líquidos remanentes. Solicitamos que de manera urgente se establezcan franjas de restricción /prohibición en el uso de plaguicidas de manera de proteger la salud de la población expuesta y a los productores agroecológicos. Las leyes parciales de plaguicidas con media sanción en el Congreso, cada una con sus propios principios y criterios, no avanzan en ese sentido.
Reclamamos la creación, al igual que otros países de Latinoamérica, de una agencia autárquica, la cual debe tener la facultad de autorizar importaciones y el registro de los principios activos, determinar las pautas y realizar las categorizaciones toxicológicas y establecer las normas de distribución y aplicación de los plaguicidas. No es posible que la misma institución, el SENASA, sea quien fije, ejecute y se autoevalué.
Dicha agencia deberá contar con miembros del Ministerio de salud, de la Secretaría de Ambiente, del Ministerio de Agricultura y sus organismos descentralizados y la participación de la sociedad civil. La autarquía y transparencia en las resoluciones seguramente redundarán en una limitación al uso de los plaguicidas en general y de los extremadamente peligrosos en particular.
RECLAMAMOS la imperiosa necesidad de institucionalizar como política de Estado, el apoyo a los modos respetuosos de vinculación con los bienes comunes naturales sobre los cuales se basa la agroecología, entendiendo a la agroecología como “una disciplina o un modo de interpretar y proponer alternativas integrales y sustentables en la realidad agrícola, respetando las interacciones que se dan entre los diversos factores participantes de los agroecosistemas, incluyendo a los elementos relativos a las condiciones sociales de producción y distribución de alimentos.
Además, DENUNCIAMOS la campaña nacional sobre las “Buenas Prácticas Agrícolas” impulsada por gobiernos provinciales y Nación, que hasta la fecha han realizado 19 presentaciones en diversas localidades sin convocar a médicos y afectados por agroquímicos (los últimos caso fueron: Ministerios de Agricultura de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) de Río Cuarto, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y el INTA) que buscan desmentir bajo falacias productivistas que las aplicaciones de glifosato “bajo estándares normales y prácticas agrícolas correctas” no implican riesgos para la salud humana, desconociendo la regulación lograda por las poblaciones a través de ordenanzas municipales que restringen a las pulverizaciones aéreas y terrestres. Denunciamos las responsabilidades que les cabe a los médicos toxicólogos que llevan adelante la misma, negando el problema de afectación a la salud por intoxicación con biocidas: Nilda Gait, jefa del servicio de Toxicología del Hospital de Niños y especialista en toxicología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; y Martín Alonso, director del Hospital Oncológico de la misma provincia.
Denunciamos que las BPA son insustentables dado que existen fallas en los mecanismos de control en todos los niveles de gobierno siendo falaz admitir la posibilidad de un estándar normal y correcto de aplicación cuando las ventas ilegales y la falta de poder de policía son la práctica real de aplicación de plaguicidas, con escasa seguridad en su uso, además de las condiciones climáticas que producen derivas y la falta de información sobre su peligrosidad.
Denunciamos la situación de abandono sanitario de los afectados por las fumigaciones de Barrio Ituzaingó Anexo, aún con la sentencia 421 del 17/09/2015 del Tribunal Superior de Córdoba que confirmó el delito de peligro para la salud de las poblaciones urbanas, especialmente en barrio Ituzaingó Anexo por las fumigaciones aéreas y terrestres acontecidas y en infracción de la Ley 24.051 y las diferente restricciones legales vigentes (Ordenanza 10590/02 sobre prohibición de aplicación aérea de plaguicidas en ejido urbano y 10589/02 sobre prohibición de aplicación terrestre o aérea a menos de 2500 metros del barrio Ituzaingó Anexo, Ley 9164/04 de Agroquímicos) y la situación de Emergencia Sanitaria Vigente desde 2002 (ordenanza 10505) y con urgentes necesidades de atención tanto por el municipio, como la provincia de Córdoba y la Nación.
En otro plano, rechazamos, por su relación directa con el modelo de Artificialización de la naturaleza vinculado con los agronegocios, la designación en el Ministerio de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires de Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto y la designación frente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de María Beatríz “Pilu” Giraudo, presidenta de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID)
Denunciamos los posibles compromisos con la industria farmacéutica del actual Ministro de Salud de la Nación.
Finalmente, ADVERTIMOS que la política de “acercamiento al océano Pacífico” invocada por el presidente refiere al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que implica modificaciones en las normativas vigentes que llevan a la privatización de nuestras semillas, patentamiento de medicamentos y derechos digitales y regulación de empresas estatales, con una inminente pérdida de nuestra soberanía.
Por último, CONVOCAMOS a la movilización y participación permanente desde “Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto” en defensa de la vida y contra el ocultamente del efecto de los plaguicidas y las restricciones a la conservación de las semillas por parte de los productores.
Firman y adhieren:
Red de Acción en plaguicidas y sus Alternativas de América Latina
Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios (ULTeRA)
Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI)
ASOCIACION CIVIL GRUPO DE MADRES DE BARRIO ITUZAINGO ANEXO
AREA DE ESTADO, CIUDADANIA Y JUSTICIA AMBIENTAL y SEMINARIO EN JUSTICIA AMBIENTAL - INSTITUTO DE INVESTIGACION Y FORMACION EN ADMINISTRACION PÚBLICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
RED DE ACCIÓN PLAGUICIDAS Y SUS ALTERNATIVAS PARAGUAY
RED DE ACCIÓN EN PLAGUICIDAS Y SUS ALTERNATIVAS CHILE
RED DE ACCIÓN EN PLAGUICIDAS Y SUS ALTERNATIVAS URUGUAY
FORO AMBIENTAL DE LOS TOLDOS (BS. AS.)
Movimiento Popular de Salud “Laicrimpo Misiones”
IDEP_ SALUD
Centro de Estudios sobre Tecnologías apropiadas de la Argentina
Marcela Bobatto
Gerardo Segovia
Noemí Fernández
Claudia Nelida Noseda
Eduardo Rossi
Rodrigo Burrieza
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