Rosario, 10 de febrero de
2012
VISTO:
La problemática que atraviesa nuestra región y
nuestro país, vinculada al avance de un modelo productivo extractivo como el de
la minería a cielo abierto y la agroindustria y;
CONSIDERANDO:
Que, la
Facultad de Cs. Médicas de la UNR, ya tiene antecedentes de pronunciarse en
temas neurálgicos que vinculan la salud, el ambiente y modelos productivos,
como el ingreso de Basura Nuclear a nuestro País, la Instalación y
proliferación de fábricas de pasta de celulosa en la región, el avance de la
destrucción de los montes nativos, entre otros;
Que, en abril del año pasado, se desarrolló en
nuestra Facultad el 1er. Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental,
organizado por la Materia Salud Socioambiental de esta Casa, en el que
participaron más de 350 personas, de ámbitos académicos, movimientos sociales,
áreas gubernamentales de mas de 11 provincias argentinas y 9 países de América
Latina), cuya declaración final concluye:
“En todo nuestro continente se viven
situaciones que responden a la transferencia de modelos productivos que
enferman y matan hacia nuestras tierras.
El proyecto de
traslado de industrias sucias a nuestros países, impulsado por el Banco Mundial
(tal cual lo establece el memorándum de Lawrence Summers de noviembre del año
1991), se está llevando a cabo con la complicidad de las autoridades locales,
bajo la espúrea dicotomía “trabajo vs. salud”.
La
enajenación de la tierra, el despojo a los campesinos, la depredación de la
fauna
ictícola en ríos y mares, el avance de la explotación minera, la contaminación
y desaparición de cursos de agua, la utilización de millones de litros de
agrotóxicos
en las fumigaciones de los campos con soja, maíz, hortalizas, frutales, etc. y
el avance de la frontera agropecuaria en desmedro
del monte nativo, son determinantes
dañinos de la salud de los ecosistemas de los que los seres humanos somos
parte.
Concentraciones
Urbanas, Agrotóxicos, Transgénicos, Minería, Pasteras, Represas, Centrales
Nucleares, Contaminantes Químicos, Biodiversidad Diezmada, Destrucción de
Territorios y Poblaciones en franca diáspora despojadas de los bienes comunes,
forman parte de nuestras cotidianeidades, y deben ser identificadas como
problemas del campo de la salud por
los responsables de definir políticas públicas.
Existen ya pruebas científicas concluyentes
acerca de los daños que a la salud de los ecosistemas y por tanto de los
humanos, provocan los modelos productivos que se están imponiendo en nuestros
países, por lo que resulta
inaceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en la
supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio precautorio.”
Que el mencionado documento del Banco Mundial,
conocido como el “Informe Summers”, aconseja “que una cantidad dada de
contaminación perniciosa a la salud debe hacerse en los países de menor costo,
que son los de menores salarios” y en la “escasa incidencia del cáncer en las
comunidades donde ya se mueren tempranamente por otras causas”;
Que en este sentido puede entenderse el avance en
nuestros territorios de modos de producción altamente contaminantes, como ser
la agroindustria transgénica dependiente de tóxicos, la minería a cielo
abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la producción de aceites
vegetales, la extracción de petróleo, entre otros;
Que para llevar adelante esa estrategia se vulneran
los derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente
saludable;
Que en el caso de la minería las
fuentes de contaminación
pueden ser: tajos y galerías, pilas de
lixiviación, escombros, colas;
Que éstas áreas no
siempre son controladas y en ellas se encuentran contaminantes tóxicos que se
filtran al ambiente;
Que
la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización
de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el
ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades;
Que uno de los componentes fundamentales en
el
proceso de extracción de minerales a cielo abierto es el cianuro, (compuesto
químico a base de carbono y nitrógeno, conocido desde hace varios cientos de
años por sus propiedades biológicas tóxicas y su capacidad de unirse
fuertemente a metales);
Que
en promedio para extraer un gramo de oro (1 gr) es preciso pulverizar 4.000 kg
(4 tn) de piedras y disolverlas con casi 4 kg (4.000 grs) de cianuro.
Que entre las características tóxicas
del cianuro está la de bloquear la enzima citocromo
oxidasa de las mitocondrias, con lo que interfiere en el proceso de respiración
celular, llevando a la muerte de los organismos que intoxica;
Que
otro de los elementos utilizados en los procesos megamineros extrativistas que
se intentan imponer en nuestra región, es el mercurio, (metal pesado, con
propiedades
neurotóxicas);
Que en el caso específico de la
minera Bajo La Alumbrera, está autorizada a consumir 100 millones de litros de
agua por día de la
reserva acuífera del Campo del Arenal; alto consumo (casi el doble del consumo
de toda la Provincia de Catamarca);
Que
el informe “Impacto de la megaminería sobre las poblaciones
locales en Argentina” elaborado por Juiette Renaud, Asesora del Premio
Nobel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel, asegura que “el impacto
mas grave de os grandes proyectos mineros es la contaminación del agua, en
estanques, arroyos, ríos y lagos de la región”, aunque también “contamina lso
suelos, lo cual tiene un impacto fuertemente negativo sobre la vegetación y la
productividad de los mismos”, a partir del depósito de partículas sedimentadas
por el vertido de productos químicos, por filtración a partir de los
lixiviados;
Que
las poblaciones son expuestas entonces a consumir alimentos, agua, respirar
aires, contaminados por productos químicos presentes en el ambiente a partir de
estos modos productivos;
Que
ya existen causas judiciales abiertas por contaminación y daño a la salud y al
ambiente de este tipo de modelos extractivos, uno de los cuales es el iniciado
por el Fiscal de Cámara de Tucumán, quien denuncia a la Minera La Alumbrera, y
prueba la presencia en agua de Arsénico en valores 20000 veces superiores a los
permitidos por la legislación, así como de Cadmio (5000 veces mas), Cobre (20
veces mas), Mercurio (10000 veces mas), Plomo (60 veces mas), Selenio (1000
veces
mas);
Que
éstos emprendimientos, en nuestro País, ya han sido responsables de al menos 4
derrames (17/9/2004, 10/6/2006, 12/6/2006 en Villa Yil y Diciembre de 2008 en
Ampujaco); Que,
como documenta la Universidad Nacional de Córdoba en su Resolución HCS Nº
1308/2009: “En marzo de 2007 la Secretaría de Minería de la Nación
elaboró un informe en el que se refiere a los elevados contenidos de metales en
el canal DP2 indicando que el efluente de la planta de tratamiento de Minera
Alumbrera presenta concentraciones de sólidos totales disueltos (SDT) sulfatos
y molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los límites
normados” lo que evidencia la debilidad de las autoridades de control para
evitar riesgos;
Que,
por ejemplo, un estudio de la Universidad de Jujuy, reveló que “el 81% de los
niños de Abrapampa, Jujuy, tienen plomo en sangre en cantidades dañinas para su
salud” (en esa localidad funcionó la Mina “Pan de Azúcar”, y aún funciona la
mina “Pirquitas”);
Que en nuestro país, el “Informe
preliminar sobre
vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera” presentado
ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por la Red de Asistencia Jurídica
contra la Megaminería a fines de 2011, contabilizó 121 proyectos en
“exploración avanzado” (en los que ya se conocen las ubicación y calidad de las
reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la
explotación), encabezando la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17),
Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (8), le siguen Neuquén (7); Mendoza, La
Rioja y Río Negro (6 cada una) y Catamarca (4).
Que
según dicho informe “Los proyectos son propiedad de 51 empresas, sólo dos de
capital nacional y 49 de capital transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia,
Estados Unidos y Suiza (entre otros)”, advirtiendo que “la instalación de
transnacionales mineras
implica diferentes conflictos sociales, jurídicos y ambientales, entre los que
destacamos la utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo
masivo de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición
estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas locales”.
Que
según el informe “Renaud” ya mencionado“, las grandes empresas trasnacionales
consiguieron ampliar su área de influencia gracias a una supuesta “acción
social y comunitaria” en los pueblos en los cuales se instalan, otorgando
subvenciones a instituciones comunitarias (hospitales, escuelas, etc), hecho
que debilita el argumento de las “licencias sociales” garantizadas;
Que
se han hecho públicas las pruebas que vinculan a representantes de las empresas
mineras con actividades de “espionaje e inteligencia” contra los vecinos
movilizados en defensa de la vida y el ambiente saludable;
Que
en los últimos días hemos sido testigos de cómo las fuerzas de seguridad del
Estado (primero) y grupos para-policiales y promineros (luego), han ejercido
acciones de vulneración de los derechos constitucionales de muchos ciudadanos y
ciudadanas de las regiones en conflicto, llegando incluso a lesionar
físicamente a manifestantes;
Que
la Constitución Nacional en su arto 41, primera parte, establece que
"Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente· sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la
ley.";
Que,
como dictaminó la Universidad Nacional de Córdoba, al rechazar los fondos
provenientes de la Minera Bajo la Alumbrera “, el
Estado Nacional al haber asumido el compromiso como integrante de la comunidad
internacional, de trabajar en pro de la protección del medio ambiente sano en
cuanto indispensable para el desarrollo integral del ser humano y al haber
reconocido en numerosos instrumentos internacionales y regionales (i) Sistema
Internacional: D.U.D.H. de 1948; P.I.D.E.S.C. de 1966; P.I.D.C.P. de 1966;
Protocolo
Facultativo del P.LD.C.P.; Declaración de Estocolmo de 1972. en particular
principios 1 y 2; Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, en particular
principios generales; Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y
Desarrollo 1992, en particular principios 1, 2, 3 y 4; Declaración y programa
de Acción de Viena de 1993, en particular art. 11; Convención de Estocolmo
sobre Contaminación Orgánica persistente de 2001; Sistema regional: D.A.D.H. de
1948, en particular arto XI; C.A.D.H. de 1969;
Protocolo de San Salvador de 1998, en particular arto 11; Carta Democrática
Interamericana de 2001, en particular art.1; Resolución de la O.E.A. n° 1871/02
sobre Promoción de la Responsabilidad Social de las empresas del hemisferio)
debe por tanto realizar todas las acciones positivas necesarias tendientes a
garantizar estas premisas, a través de un marco regulatorio y normativo que
efectivice la protección al medio ambiente, y de la implementación de
mecanismos de control permanente de la explotación de recursos naturales”;
Que, como decimos anteriormente,
también se identifican
movimientos sociales de resistencia y preocupación por la salud de quienes son
expuestos a los procesos de fumigación necesarios para la explotación
agroindustrial;
Que en este sentido, nuestra Casa,
viene desarrollando una
tarea de investigación-acción-participativa, con comunidades de nuestra región,
a traves de los Campamentos sanitarios de la Práctica Final, desde los cuales
se ha logrado evidenciar las modificaciones de los perfiles de morbimortalidad
de las comunidades expuestas a esos modelos productivos;
Que el Plan Agroalimentario Nacional
que prevee alcanzar
la cantidad de 160 millones de toneladas de granos
para el 2020, es un aviso de profundización de un modelo extractivo de agua,
fósforo y demás nutrientes de nuestros suelos, asi como de incrementos
siderales en los volúmenes de agrotóxicos a utilizar y con los que se rociarán
a nuestras comunidades;
Que los hambrientos del mundo
no dependen de la capacidad comercial de 400.000 agronegociadores del planeta,
sino de la revitalización y devolución a la ruralidad de 1500 millones de
agricultores locales, con semillas propias y mercados de intercambios y
comercios en escalas de cercanías;
Que la política económica nacional,
parece estar siendo
ordenada en función de la lógica de enfrentar a la defensa de la salud con la
posibilidad de generación de trabajo, y eso es, cuanto menos, errado;
Que entendemos, como Julio V. González,
que “la conquista de la Universidad, es solo un
medio para lograr el supremo fin de transformar con sus propias manos al país,
revitalizándolo mediante la implantación de una democracia social, donde la
riqueza no sea el privilegio de unos pocos, el bienestar un lujo y el trabajo
una maldición”;
Que quienes entendemos la Salud como
el ejercicio del derecho a
luchar por una vida digna para todas y todos, fortaleciendo las diversidades y
deconstruyendo las hegemonías, debemos asumir, como expresa Giovanni
Berlinguer, “el deber social de informar a la población y a las
instituciones sobre la amenaza que el sistema de globalización neoliberal
significa para la salud y la seguridad de la comunidad”;
Que
la Universidad Nacional de Rosario, en el artículo 1 de su Estatuto, incisos
“f” y ”g”, define claramente entre sus principios constitutivos el desarrollar
sus funciones en un marco de irrestricto respeto por el medio ambiente y
garantizar y sostener el respeto irrestricto por los derechos humanos,
Que
nuestra Casa de Estudios, tiene como visión ser una Institución que fomente el
compromiso personal, grupal, institucional y colectivo de todos sus claustros
con las organizaciones y comunidades de
nuestra sociedad,
Que
asimismo, es misión de esta Facultad, construir aprendizajes, producir saberes,
promover la circulación democrática de conocimientos para mas y mejores praxis,
en convergencia con sólidos preceptos morales y compromiso ético con el
irrenunciable Derecho a la Salud, formando
profesionales al servicio solidario con el bien común de las comunidades en el
orden local, provincial, nacional, latinoamericano e internacional;
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CS. MEDICAS DE LA UNR
RESUELVE:
Art. 1.- Solidarizarse con las
comunidades afectadas por los modelos de producción extractivistas que
comprometen la salud de los ecosistemas y, por tanto, de los seres humanos.
Art. 2.- Apoyar los reclamos de
los ciudadanos en lucha por la defensa de la vida digna en un ambiente
saludable, repudiando los actos de violencia en todas sus expresiones.
Art. 3.- Solicitar al Gobierno
Nacional, asuma la responsabilidad de garantizar a todos los ciudadanos de que
habitan nuestro suelo, la plena vigencia de sus derechos humanos, frenando las
acciones represivas sobre los movimientos sociales.
Art. 4.- Convocar a todos sus
equipos docentes y de investigadores, a ponerse a disposición de las
comunidades afectadas por los modelos de producción contaminantes, a los
efectos de cumplir con la Visión y Misión de nuestra Casa.
Art. 5.- Invitar al Consejo
Superior de la UNR a hacerse eco de la presente resolución.
Art. 6.- De forma
Prof. Dr.
E. POLLASTRI Prof. Dr. R. NIDD
Prof. Lic. L. RÖHNER
Docente Docente Docente
Prof. Dr. D. VERZEÑASSI Prof.
Dr. F. SERRA Prof. Dr. A. TORRIGGINO
Dra.
Ma. C. BOGUE
Sr. D.
PUEDE
Graduada
Estudiante
CONSEJEROS DIRECTIVOS DEL
FRENTE INDEPENDIENTE – Facultad de Cs. Médicas - UNR
No hay comentarios:
Publicar un comentario