DESASTRE AMBIENTAL EN
SAN JUAN
Fiscal Gómez:
“Cualquier empresa que cometa un delito ambiental debe cerrar”
21/09/2015 Por Marina Dragonetti
(@misantapeluca) plaza de mayo.com
El fiscal Federal de Tucumán Gustavo
Gómez afirma que lo ocurrido en la mina operada por la Barrick Gold en Veladero
es un delito federal
La rotura del caño que produjo el derrame de 224 mil litros de
solución cianurada en las aguas de Jáchal es el último capítulo de una serie de
problemáticas sociales y ambientales que tiene a la minería a cielo abierto
como común denominador. “Detrás de un delito ambiental siempre hay un
funcionario corrupto”, señala el fiscal Federal de Tucumán, Gustavo Gómez,
quien advierte sobre una posible maniobra del poder judicial provincial para
limitar el alcance de las responsabilidades de funcionarios y altos directivos
de la Barrick Gold. Para Gómez, cuando el secretismo y la falta de controles
son la regla, el Estado debe hacerse responsable.
-¿Qué es un delito ambiental?
-El delito ambiental está previsto por muchas normas pero,
fundamentalmente, por la ley 24.051(de Residuos Peligrosos) que es la que
establece que aquel que contamine el aire, el agua o la tierra de un modo
peligroso, con las sustancias previstas en la ley y en el decreto
reglamentario, tienen una pena que, incluso en caso de muerte, puede llegar
hasta 25 años. Si se contamina por encima del índice establecido por la ley,
estoy en presencia de un delito.
Es un delito de peligro, y los delitos ambientales están asimilados al narcotráfico porque yo no necesito que alguien muera de una dosis de cocaína para ir a secuestrar un kilo de cocaína que tiene un narcotraficante en la heladera, el solo hecho de que alguien tenga un kilo de cocaína, ya es suficiente para denunciarlo y meterlo preso por tráfico de estupefacientes. Con los delitos ambientales pasa lo mismo; es suficiente que alguien ponga en riesgo la salud del ambiente para que esa persona incurra en un delito ambiental.
Es un delito de peligro, y los delitos ambientales están asimilados al narcotráfico porque yo no necesito que alguien muera de una dosis de cocaína para ir a secuestrar un kilo de cocaína que tiene un narcotraficante en la heladera, el solo hecho de que alguien tenga un kilo de cocaína, ya es suficiente para denunciarlo y meterlo preso por tráfico de estupefacientes. Con los delitos ambientales pasa lo mismo; es suficiente que alguien ponga en riesgo la salud del ambiente para que esa persona incurra en un delito ambiental.
-Lo que ocurrió en Veladero ¿es un delito
federal?
-Es un delito federal y hay algunas cuestiones que me llaman a ser
prudente con lo que ocurrió en Jáchal; en primer lugar, la denuncia penal la
hace el fiscal de Estado de San Juan (Guillermo De Sanctis), es el mismo que
hizo un recurso de amparo para que no se aplique la Ley de Glaciares en San
Juan.
En segundo lugar, este fiscal lo que hace es sostener que no se aplica la ley de Residuos Peligrosos, sino un artículo del Código Penal que habla sobre el envenenamiento de aguas potables, ese tipo de envenenamiento es doloso ó intencional. A muy pocos pueden hacer creer que la rotura de esta válvula fue hecha a propósito por la empresa, sino hay dolo o intención, no hay delito, en cambio, si se investiga por la ley 24.051, hay dos clases de delitos, el artículo 55 que habla de delito doloso y el 56, que habla de delito culposo.
Si se sobresee en San Juan esta causa porque dicen que no hay delito, por este mismo hecho, después nadie puede ser juzgado. Mi pregunta es ¿se está buscando la impunidad de este caso?
Y la otra situación que me llama la atención es que el juez suspendió la actividad de la mina por 5 días. Esta suspensión también puede tener consecuencias importantes para el medio ambiente porque se suspende todo el proceso de purificación de líquidos y la planta de tratamiento de residuos que tiene la mina de Veladero.
Así que tengo muchas dudas. Al invocar el Código Penal, como ha hecho el gobierno sanjuanino, es decir que aquí no estamos en presencia de un delito federal. Lo que quiere evadirse aquí es que intervenga la Justicia Federal.
En segundo lugar, este fiscal lo que hace es sostener que no se aplica la ley de Residuos Peligrosos, sino un artículo del Código Penal que habla sobre el envenenamiento de aguas potables, ese tipo de envenenamiento es doloso ó intencional. A muy pocos pueden hacer creer que la rotura de esta válvula fue hecha a propósito por la empresa, sino hay dolo o intención, no hay delito, en cambio, si se investiga por la ley 24.051, hay dos clases de delitos, el artículo 55 que habla de delito doloso y el 56, que habla de delito culposo.
Si se sobresee en San Juan esta causa porque dicen que no hay delito, por este mismo hecho, después nadie puede ser juzgado. Mi pregunta es ¿se está buscando la impunidad de este caso?
Y la otra situación que me llama la atención es que el juez suspendió la actividad de la mina por 5 días. Esta suspensión también puede tener consecuencias importantes para el medio ambiente porque se suspende todo el proceso de purificación de líquidos y la planta de tratamiento de residuos que tiene la mina de Veladero.
Así que tengo muchas dudas. Al invocar el Código Penal, como ha hecho el gobierno sanjuanino, es decir que aquí no estamos en presencia de un delito federal. Lo que quiere evadirse aquí es que intervenga la Justicia Federal.
-Pero estas empresas parecen tener mayor
soberanía que los gobiernos.
-Eso incluso lo ha denunciado el Papa Francisco en su última
Encíclica Laudato, en donde habla de la debilidad de los gobiernos y el poder
de las multinacionales que se imponen aun por encima de los problemas de salud
que provocan en los pueblos. Las empresas multinacionales detectan cuáles son
los países con legislaciones más laxas, con posibilidades de corromper a los
funcionarios o con necesidades urgentes de inversiones desde el exterior.
Corrompen al gobierno nacional en la prebenda de obtener permisos excepcionales
de explotación, con beneficios impositivos, el segundo paso es que el gobierno
le garantice impunidad a la empresa en los tribunales. La famosa “seguridad
jurídica”, no es otra cosa que garantías de impunidad para poder trabajar.
-En un principio, Barrick negó lo
sucedido y luego hubo reportes de que sus bomberos estaban lavando las rocas
para quitar los rastros de cianuro, ¿cabría pensar en responsabilidades penales
por esos hechos?
-Yo creo que sí porque es parte del encubrimiento, hay que hacer
un análisis de responsabilidades penales. Esta es otra gran diferencia con la
actividad que va a desarrollar el juez de Jáchal porque él solo puede ir contra
el responsable de esa válvula, por aquel que operó mal y provocó el derrame. A
mí me parece que es un grave error sostener que el responsable es quien operó
las válvulas, acá hay una responsabilidad del directorio de la empresa, que
desde un primer momento intentó ocultar el hecho y después trató de
minimizarlo.
-Si se aplicase la legislación ambiental
vigente, ¿las empresas mineras podrían operar?
-Cualquier empresa que cometa un delito ambiental tiene que
cerrar, no interesa qué protocolo se aplica sino si los niveles de
contaminación permanecen por debajo de lo que establece la ley. Por eso, las
mineras multinacionales dicen que a ellos no se les aplica la ley 24.051 sino
que se aplica el Código de Minería que paradójicamente, hace referencia a la
contaminación ambiental pero no establece índices de contaminación mínimos.
La diferencia es que la ley 24.051 prevé delitos ambientales y el Código de Minería, que es lo que ellos quieren que se aplique, no. La ley penal es lo que debe prevalecer, ninguna ley de contenido administrativo, ni de contenido civil, ninguna resolución o decreto puede habilitar a un ciudadano de este país a cometer un delito
La diferencia es que la ley 24.051 prevé delitos ambientales y el Código de Minería, que es lo que ellos quieren que se aplique, no. La ley penal es lo que debe prevalecer, ninguna ley de contenido administrativo, ni de contenido civil, ninguna resolución o decreto puede habilitar a un ciudadano de este país a cometer un delito
Barrick Gold: Piden
que Cristina y funcionarios de gobierno sean investigados
El Fiscal Federal Federico Delgado, a cargo de la Fiscalía Federal
N° 6, ordenó investigar a la minera Barrick Gold luego del derrame de 224 mil
litros de solución cianurada en la mina "El Veladero", vecina al
pueblo de Jáchal en San Juan, hoy en emergencia ambiental y social declarada. A
través de una denuncia piden que se investigue a funcionarios nacionales y
provinciales.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24)
-Este martes 22/09, el Fiscal Federal Federico Delgado ordenó
investigar a la minera Barrick Gold luego del derrame de 224 mil litros de
solución cianurada en la mina "El Veladero", vecina al pueblo de
Jáchal en San Juan, hoy en emergencia ambiental y social declarada.
El origen de su presentación es un email remitido por una mujer a
la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli, que la hizo suya y formuló una
denuncia penal ante la Cámara de Apelaciones del fuero federal. En su denuncia,
apuntó, aparentemente sin dar nombres, "a los integrantes del Poder
Ejecutivo tanto nacional como provincial y a las autoridades de la empresa
Barrick Gold", reza el texto de Delgado, por su responsabilidad en el
derrame ocurrido dos días antes, con el presunto envenenamiento de las napas de
agua de la zona.
La denunciante refirió que "los funcionarios públicos que
permitieron que Barrick Gold operara en esa mina bajo esas condiciones
incumplieron sus deberes" ya que no hicieron las inspecciones
correspondientes y renovaron los contratos con la minera.
Para el fiscal, se debe investigar la comisión de tres supuestos
delitos: envenenamiento de aguas, propagación de enfermedades peligrosas e
incumplimiento de deberes de funcionario público.
Por ende, el fiscal impulsó la acción penal y pidió que se libre
"orden de presentación" contra la sede de la Barrick en Buenos Aires,
para que comparezca su director ejecutivo, Guillermo Caló, y que explique qué
ocurrió el 13/09 de septiembre, qué es el material derramado y cuáles son sus
riegos. También, que se le pida a la Comisión de Recursos Naturales de la
Cámara de Diputados que envíe todos los antecedentes sobre el tema, en
particular a todo lo que refiera a la contaminación por cianuro que haya sido
causada eventualmente por la empresa en San Juan.
Delgado remarcó: "Esta medida es urgente, ya que han pasado
diez días y el pueblo de Jáchal aún no sabe si puede beber el agua que alimenta
a la comunidad"
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